La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta frontera, en la que se darán a conocer cifras de incidencia delictiva en materia de seguridad, obliga a reflexionar sobre la descoordinación que ha privado en el estado y marcadamente en Ciudad Juárez, para devolverle la paz a la sociedad.
Ya se adivina que los funcionarios se enfocarán en delitos que han disminuido su incidencia y dejarán de lado aquellos que provocan zozobra y temor -como los homicidios, cuya incidencia no ha bajado en ninguno de los tres años que ya completa el gobernador Javier Corral al frente de la administración estatal-.
Perdida entre la simulación y la descoordinación, la estrategia de seguridad en el estado de Chihuahua, marcadamente en Ciudad Juárez, continúa desarticulada.
Solo así puede explicarse por qué después de tres años del Gobierno de Javier Corral, dos de los primeros de abierto distanciamiento con la autoridad local del alcalde Armando Cabada, y luego de un año de simulaciones y dobles discursos con la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, continúe subiendo la violencia de grupos criminales.
Puede ser por falta de voluntad, incapacidad, intereses políticos o -en el peor de los escenarios- complicidad, pero para quienes pagaron con su vida el desconcierto la causa es irrelevante.
Basta recordar cuando el gobernador Corral se opuso a que Jorge González Nicolás fuera el secretario de seguridad púbica en el primer periodo de Armando Cabada, porque había trabajado como fiscal en la administración estatal de César Duarte.
Pesó más la fobia política que el hecho de que con González la incidencia de homicidios bajó no solo en Juárez, sino en todo el estado.
Para el gobernador todos los que lo critican en este tema son sospechosos de tener vínculos con el narco. La salida fácil en lugar del razonamiento mesurado.
Tampoco le gustó que fuera puesto en la misma posición el hoy director de Tránsito o secretario de Seguridad Vial Sergio Almaraz, quien había sido subprocurador de la Zona Centro con Duarte. El alejamiento del Gobierno estatal con el de Juárez, aunado con el pleito que inició con el entonces presidente Enrique Peña Nieto por la persecución del exgobernador del PRI, fueron los elementos que rompieron cualquier posibilidad de que Corral pudiera articular una estrategia de seguridad.
Para complementar la ruptura entró en el escenario mediático la dirigente estatal del PAN, Rocío Reza, quien se ha convertido en la golpeadora política del gobernador, achacándole al Gobierno federal no hacer lo suficiente para lograr la paz en el estado.
En la misma tesitura se han mostrado los diputados panistas y sus aliados en el Congreso, así como el propio fiscal César Peniche, quien en una extensa conversación con Norte Digital terminó por señalar que la Fiscalía General de la República no estaba haciendo lo suficiente para investigar delitos federales en la entidad.
Un plan fallido
De acuerdo con testimonios, documentos y entrevistas recabadas para Norte Digital antes del cierre del año pasado, la situación se tornó aún más preocupante desde que se elaboró el mal logrado Plan Especial Juárez, cuyo contenido no fue divulgado públicamente.
Se dijo que se trataba de información sensible, de acceso restringido, para no alertar a los delincuentes. Incluso el propio gobernador señaló que quienes estaban cuestionando el mentado documento le ayudaban a los malos en sus reprobables actividades.
Pero al tener acceso al libro azul que contenía el detalle del referido plan, la verdad fue muy distinta.
Había en sus páginas un señalamiento directo sobre que los obstáculos que estaba enfrentando la estrategia para recuperar la paz eran las diferencias políticas entre los gobiernos, el colapso de las carpetas de investigación por falta de profesionalismo en su integración y el grave problema de la infiltración.
Al ocultamiento del plan ante la opinión pública se sumó un nuevo ingrediente, cuando antes de que finalizara 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dieron a conocer la lista de asistencia de los gobernadores a las reuniones que se realizan de lunes a viernes en todos los estados para coordinar la estrategia de seguridad.
López Obrador había puesto el ejemplo asistiendo todos los días, salvo contadas excepciones, a dichas juntas.
Javier Corral salió reprobado con menos de 40 asistencias a un promedio de 260 reuniones realizadas, y entonces algunas publicaciones locales le echaron en cara que en lugar de asistir a dichas juntas de coordinación para la construcción de la paz optara por irse a jugar tenis.
Hubo quienes defendieron al mandatario y quienes lo denostaron. Si la presencia del gobernante tenía o no impacto en la violenta realidad de su estado -especialmente esta frontera, tan golpeada por las balas y la impunidad- es algo difícil de medir.
Fuentes de alto nivel en materia de seguridad e inteligencia militar han reiterado en consultas hechas por Norte Digital que las mesas de coordinación no han funcionado como se esperaba porque prevalecen resistencias de las autoridades locales no solo a compartir información, sino a ir a fondo en la integración de carpetas de investigación con objetivos específicos.
No se puede olvidar que cuando el presidente López Obrador convocó a las primeras reuniones de coordinación para la construcción de la paz, la primera reacción del gobernador Javier Corral fue decir que él no se iba a sujetar a los designios del nuevo gobierno.
En lugar de coordinarse optó por aferrarse a su propia visión, en franca rebeldía al llamado presidencial.
El jefe del ejecutivo estatal se jacta de ser quien encabeza la mesa de coordinación estatal -al que él mismo bautizó como Grupo Chihuahua- pero a la hora de las acciones no participa de manera constante, ni en la mesa estatal ni en la regional de Ciudad Juárez.
Es en estos grupos de trabajo, donde todos los días se toman acuerdos y se envían informes a la Ciudad de México sobre lo que esta pasando en la entidad y en la frontera.
Al no asistir personalmente resulta evidente que no hay seguimiento de metas y de esa manera es difícil verificar avances.
A pesar de que hay voces que defienden la no asistencia del mandatario a las reuniones de seguridad, ya que en su lugar manda al fiscal estatal César Peniche, hay un factor perfectamente medible: los homicidios no bajan y los grupos criminales son cada vez más violentos.
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