El Plan Especial Juárez de Seguridad, lanzado por Gobierno del Estado con el aval de la Federación, llega a los mil 027 homicidios dolosos en los ocho meses desde su implementación, además con el segundo lugar de concentración delictiva en el país.
La nueva estrategia de seguridad será revisada el próximo viernes por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su estancia en Ciudad Juárez.
El día 3 de mayo de 2019, en un evento a puerta cerrada, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó su llamado Plan Especial Juárez ante el secretario federal de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Al recibir el documento, Durazo Montaño se deshizo en elogios que fueron desde “esfuerzo de planeación extraordinario”, “un modelo replicable en el país” y “un plan diseñado con amplia visión”, hasta llegar a la promesa de “regresar la tranquilidad a los juarenses”.
A ocho meses del anuncio, Ciudad Juárez registra mil 026 homicidios dolosos, lo que representa 128 personas asesinadas, en promedio, de forma intencional cada mes, a manos principalmente del crimen organizado, conforme a estadísticas de la Fiscalía General del Estado.
En mayo, el mismo día en que Corral Jurado anunciaba lo que llamó “un plan privado, no público, con 100 acciones, cuyo eje principal sería “una mejor coordinación para el combate a la delincuencia”, 151 personas fueron asesinadas.
El ritmo de homicidios, en junio, permaneció similar al mes anterior con el registro de 131 homicidios, mientras que en julio alcanzó las 141 personas asesinadas.
En los meses de agosto y septiembre la violencia criminal se mantuvo en la ciudad, con 141 y 129 personas asesinadas, con un total de mil 027 homicidios dolosos que junto con la incidencia de otros delitos, ocuparon el segundo lugar de concentración delictiva en el país.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), de diciembre de 2018 a agosto de 2019, Tijuana fue la ciudad con más homicidios, seguida por Ciudad Juárez y seguida por Monterrey.
Pese a que Corral Jurado mencionó la coordinación como principal eje rector del plan, manifestó públicamente su rechazo a la mesa de seguridad propuesta por el Gobierno federal, por considerar que era invasión a la soberanía del estado, lo que evidenció la desvinculación entre los poderes de gobierno.
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