La mañana de este miércoles, la jueza encargada de la causa penal 820/26 que se sigue en contra de María Manuela S. M., propietaria de la funeraria Luz Divina y acusada de fraude en contra de 20 víctimas cuyos familiares se encontraron en el crematorio Plenitud, decretó aplazar la audiencia de formulación de imputación.
La razón es que la imputada no pudo asistir a los juzgados debido a afecciones médicas, de acuerdo con el argumento presentado por sus defensores.
Al inicio de la audiencia, que se realizó en punto de las 9:30 de la mañana en la Primera Sala de Ciudad Judicial, los defensores aseguraron a la jueza que se había alcanzado un acuerdo económico con otras dos víctimas, llegando a 14 arreglos reparatorios.
A través de este trámite, la acusada se comprometió a indemnizar a las víctimas para concluir con el proceso penal de manera anticipada.
En esta ocasión, la jueza decretó el sobreseimiento adicional de tres víctimas, a quienes ya se les habían entregado los pagos de reparación correspondientes, por lo que concluían con toda acción penal.
De acuerdo con la representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave), en esta causa penal, de las 20 víctimas, 14 llegaron a un acuerdo reparatorio y 11 ya recibieron el pago correspondiente, por lo que retiraron los cargos.
En la audiencia trascendió que los pagos que se hicieron a las víctimas rondan entre 5 mil y 44 mil pesos, dependiendo de los acuerdos que se alcanzaron ante el Instituto de Justicia Alternativa.
Posteriormente, la jueza informó que hubo problemas para encontrar a otras tres víctimas:
- Una de ellas iba a comparecer por medio de videollamada, pero personal de informática del Tribunal no logró establecer la conexión.
- A las otras dos los notificadores no las han podido localizar.
Antes de que se presentara la imputación, la defensa solicitó diferir la audiencia debido a que su representada se encontraba enferma, un posible contagio de Covid, además padecía artritis reumatoide, que le impedía presentarse a la audiencia de este día.
Para justificar la solicitud, presentaron una receta médica, así como la recomendación de reposo total por tres días.
Para asesores particulares de las víctimas, el documento carece de validez legal.
Incluso, alegaron que se trataba de una estrategia legal para evitar que se presentara la imputada.
De igual manera, algunas de las víctimas presentes reclamaron a la juzgadora que “parecía que los imputados tienen más derechos que las víctimas”.
Pese a ello, la juez argumentó que la imputada tenía “derecho a la salud”, por lo que terminó por diferir la audiencia hasta el próximo 14 de agosto.
Para finalizar, la defensa solicitó dar vista al Ministerio Público sobre la probable comisión del delito de falsedad ante la autoridad judicial en contra de la asesoría de víctimas que encabeza la abogada, Olivia Aguirre Bonilla.
Aguirre Bonilla calificó la solicitud como un “acto de intimidación” por parte de la defensa, Ministerio Público y la jueza, y aseguró que emitirá quejas por esta situación ante las instancias correspondientes.
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