Crematorio del horror
Alas 18:44 horas del 26 de junio de 2025, una llamada ingresó al sistema de emergencias 911 con un reporte que parecía rutinario. Una persona denunció olores fétidos en un inmueble de la colonia Granjas Polo Gamboa, al sur de Ciudad Juárez. La información quedó registrada bajo el folio 0707425214. El aviso hablaba de un posible hombre sin vida.
Nada en ese momento permitía anticipar la dimensión de lo que estaba por descubrirse.
Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que acudieron al lugar iniciaron un recorrido para localizar el origen del olor. El rastreo los condujo hasta una propiedad rodeada por bardas y protegida por un portón gris que se encontraba abierto.
Al ingresar al predio observaron una carroza fúnebre estacionada a escasa distancia de la entrada. El vehículo lucía abandonado, las llantas tenían poco aire y la escena transmitía una sensación de descuido.
Dentro de la carroza alcanzaron a distinguir lo que parecía ser una persona acostada boca arriba entre diversos objetos.
Los agentes le hablaron, pero no respondió; ante la posibilidad de que aún estuviera con vida, decidieron acercarse.
Lo que parecía el hallazgo de un hombre muerto terminó revelando el mayor escándalo funerario del que se tenga registro en México
Fue entonces cuando descubrieron que aquella persona llevaba varios días muerta.
Hasta ese momento, la situación parecía corresponder al reporte recibido. Un cadáver, un inmueble relacionado con servicios funerarios y una investigación que tendría que iniciar.
Sin embargo, los policías todavía no habían encontrado el verdadero origen del olor.
Mientras recorrían el lugar advirtieron escurrimientos provenientes de una construcción interior. Intentaron establecer contacto con alguna persona responsable del establecimiento, pero nadie respondió.
Lo que encontraron después quedó consignado en el informe policial y marcó el inicio de una investigación sin precedentes.
Al entrar a una de las habitaciones descubrieron una gran cantidad de cuerpos humanos apilados.
La escena obligó a los agentes a detener cualquier otra actuación y solicitar de inmediato la intervención de la Policía de Investigación.
Los ministeriales llegaron al lugar y confirmaron el hallazgo.
Fue así como la denuncia por malos olores se convirtió en uno de los descubrimientos más perturbadores de la historia reciente de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Aquella noche, sin embargo, nadie conocía todavía la magnitud real del problema.
Las torrenciales lluvias que se registraban en la ciudad impidieron procesar inmediatamente la escena. El inmueble permaneció bajo resguardo durante horas mientras las autoridades preparaban el operativo que permitiría documentar formalmente lo encontrado.
Al día siguiente ingresaron personal de Servicios Periciales y autoridades sanitarias.
El conteo que no terminaba
Entonces comenzó el conteo y, conforme avanzaban las inspecciones, la cifra seguía creciendo.
Lo que inicialmente parecía una acumulación irregular de cadáveres terminó revelando una realidad mucho más compleja.
Las habitaciones del crematorio estaban ocupadas por cientos de cuerpos que debieron haber sido procesados y entregados a sus familias.
Algunos permanecían sobre el suelo y muchos más estaban colocados unos sobre otros.
Las autoridades documentaron posteriormente que los cadáveres se encontraban distribuidos en diferentes espacios del inmueble y que las condiciones de conservación eran incompatibles con el manejo digno de cadáveres.
Según las investigaciones, el establecimiento carecía de servicios básicos indispensables para una operación de esa naturaleza. No contaba con energía eléctrica funcional, tampoco con agua ni con sistemas adecuados de refrigeración. A ello se sumaba la ausencia de documentación que justificara la permanencia de los cuerpos durante periodos tan prolongados.
El Ministerio Público describió posteriormente que los cadáveres permanecían apilados sobre el piso de distintas habitaciones, entre excremento de ratones. Las autoridades concluyeron que los responsables no realizaron el procesamiento legal correspondiente y mantuvieron los cuerpos durante periodos que excedían por mucho los plazos permitidos para su manejo.
Conforme los peritos avanzaban en la revisión del lugar, crecía la duda. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello?
La acumulación de cuerpos era el resultado de un proceso prolongado. Durante meses —y años— personas fallecidas habían llegado al crematorio para ser incineradas y posteriormente entregadas a sus familiares.
La cremación nunca ocurrió. Los cuerpos permanecieron ahí, en las instalaciones del crematorio Plenitud.
Detrás de los 386 cuerpos
Cuando la Fiscalía General del Estado consolidó la información, la cifra oficial alcanzó los 386 cadáveres.
La noticia recorrió el país. Las imágenes de carrozas, peritos y vehículos oficiales comenzaron a ocupar espacios en noticieros nacionales e internacionales. Ciudad Juárez volvió a colocarse en el centro de la atención pública por una razón imposible de imaginar.
No se trataba de una masacre, no era una fosa clandestina ni una escena vinculada al crimen organizado. Aun así, no escapaba del horror.
Los cuerpos correspondían, en su mayoría, a personas cuyos familiares habían contratado servicios funerarios convencionales y creían haber concluido el proceso de despedida.
El hallazgo abrió un desafío que iba mucho más allá del procesamiento de una escena criminal. Las autoridades no solamente debían determinar responsabilidades penales. También tenían que devolver identidad a cientos de personas y ofrecer respuestas a familias que, de un día para otro, comenzaron a cuestionar el destino de sus seres queridos.
La labor recayó en peritos, médicos forenses y especialistas encargados de revisar expedientes, comparar registros, analizar características físicas y realizar pruebas genéticas para identificar a cada una de las personas encontradas en el inmueble.
Meses después del hallazgo, el entonces fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, seguía describiendo esa tarea como uno de los mayores retos derivados del caso Plenitud.
Según explicó, el trabajo de identificación avanzaba de manera permanente y requería una coordinación constante entre Servicios Periciales y los familiares de las víctimas.
Tras una reunión entre representantes de los dos colectivos de deudos y personal forense, el funcionario aseguró que muchas de las familias habían podido conocer con mayor detalle el trabajo realizado por los especialistas.
“Ellos tenían una idea distinta del trabajo que se venía realizando, que no tenían información, pero que ahora confían en que estamos en buenas manos”, declaró.
Detrás de cada cuerpo existía una historia, una funeraria y una familia distinta. Y una serie de preguntas que los especialistas debían responder antes de cualquier proceso de entrega.
Mientras los laboratorios trabajaban para devolver nombres a los cadáveres recuperados, afuera comenzaba a crecer otra exigencia: la de saber cómo había sido posible que el crematorio operara durante años en aquellas condiciones.
El 1 de julio de 2025, apenas cinco días después del hallazgo, la Fiscalía detuvo a José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio, y a Facundo Teófilo Martínez Robledo, único empleado del establecimiento.
Tres días más tarde, ambos fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con el manejo indebido de cadáveres.
El 8 de julio, la autoridad confirmó oficialmente la localización de los 386 cuerpos y comenzó la entrega de los primeros restos identificados a sus familias. Sin embargo, conforme avanzaban las investigaciones, el caso dejó de concentrarse exclusivamente en los cadáveres encontrados dentro del inmueble.
El 11 de julio aparecieron las primeras denuncias de familiares que sospechaban haber recibido cenizas que no correspondían a sus seres queridos.
Lo que inicialmente parecía una investigación sobre cuerpos abandonados comenzó a transformarse en algo mucho más amplio: una crisis de confianza que alcanzó a todo el sistema funerario.
A medida que transcurrían las semanas surgieron organizaciones de afectados. El 19 de julio nació el colectivo Justicia para Nuestros Deudos. Días después apareció Memoria, Dignidad y Justicia.
Las familias ya no exigían únicamente castigo para los responsables; querían encontrar a sus muertos y saber qué había ocurrido. Demandaban respuestas.
La pregunta que persigue al caso Plenitud
A un año del hallazgo, la historia está lejos de concluir.
Uno de los imputados falleció. El otro —el dueño del negocio— obtuvo temporalmente su libertad mediante un amparo, antes de que un tribunal revocara esa resolución y reactivara el proceso penal. Para entonces ya se encontraba fuera del país y era considerado prófugo de la justicia.
Las denuncias por fraude permanecen, así como la identificación pendiente de 135 de los 386 cuerpos.
Ninguna instancia gubernamental ha sido responsabilizada por las posibles omisiones que permitieron que los cuerpos permanecieran durante años en ese lugar.
Sin embargo, quizá la pregunta más inquietante es cómo fue posible que una situación así llegara tan lejos.
Para el psicólogo forense Carlos Ochoa, la respuesta no se encuentra únicamente en la negligencia administrativa o en la falta de supervisión institucional. También existe un proceso de deshumanización.
Un momento en el que los cuerpos dejan de ser percibidos como personas y comienzan a ser vistos como objetos acumulables.
“Estamos frente a un perfil más bien oportunista, negligente y corrupto, más que ante un psicópata o un necrófilo”, señala. A su juicio, la tragedia solo puede entenderse como el resultado de una cadena de omisiones, falta de supervisión y una profunda pérdida de sensibilidad frente al valor de la vida humana.
“Ya no se ve a los cuerpos como personas que merecen respeto, sino como objetos acumulables”, explica.
Una fuente relacionada con el caso, que solicitó reservar su identidad, reveló que cuando se le cuestionó a José Luis Arellano sobre la acumulación de cadáveres, este respondió que no entendía el tamaño del escándalo.
“¿Por qué tanto pedo?”.
Y enseguida ofreció una explicación que resultó todavía más inquietante que el hallazgo mismo.
“Se me juntó el jale”.
