Hubo casa llena durante la audiencia para desahogar la causa penal 820/26, que contiene parte de una de las tragedias más escalofriantes que han ocurrido esta frontera.
El reloj marcaba las 9 de la mañana del viernes 17 de abril, en la sala 16 de Ciudad Judicial no cabía ni una sola alma más, incluso hubo necesidad de llevar más sillas para el público que abarrotaba el lugar.
Ni así se pudo sentar a todas las víctimas, asesores jurídicos e interesados en seguir la audiencia en la que María Manuela S. M., dueña de la funeraria Luz Divina, quien se presenta por primera vez ante las autoridades judiciales.
Se le acusa de defraudar a 20 familias que contrataron sus servicios funerarios, pero cuyos seres queridos pudieran estar en la lista de 386 cadáveres localizados al interior del crematorio Plenitud el pasado 26 de junio.
La audiencia se retrasó por diversas razones; primero, cambió de sala, a la más grande disponible en Ciudad Judicial, donde todos los intervinientes pudieron entrar casi sin problema.
Debido a la complejidad del caso y a la cantidad de víctimas presentes en la sede judicial, la jueza Angélica Lizeth Álvarez Carreón comenzó a anotar los nombres de las víctimas, mientras su asesora legal, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) explicó a los deudos lo que estaba a punto de suceder.
En el ambiente se respiraba tensión, tristeza, dolor e incertidumbre. A la mayoría de los presentes solo se les dijo que se presentaran, por lo que aún es necesario explicarles sus derechos y las circunstancias que envuelven al caso.
En el ambiente, se escuchó que preguntaban acerca del monto económico que recibirían, de las consecuencias, del proceso.
Algunas de las víctimas ya se habían presentado ante el Instituto de Justicia Alterna, donde firmaron un acuerdo reparatorio con la imputada, quien viste de blanco y llegó a la sede judicial acompañada de dos defensores particulares para ratificar su decisión para culminar de manera anticipada con el proceso penal.
Otras, las menos, hablaron con sus defensores acerca de estrategias legales que pueden seguir, porque manifestaron abiertamente que no descansarán hasta que el proceso alcance las “últimas consecuencias”.
Aproximadamente a las 10 de la mañana, luego de que fueron resueltas las dudas, la jueza empezó formalmente con la audiencia inicial.
Desde los primeros momentos, la defensa argumentó que, hasta ese momento, el Ministerio Público no había corrido traslado de la carpeta de investigación que se tiene en contra de su representada.
Por lo anterior, solicitó un diferimiento para conocer los detalles de las acusaciones que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo en contra de la propietaria de la funeraria Luz Divina.
También informó que durante los últimos día lograron llegar a diversos acuerdos reparatorios con algunas de las víctimas, por lo que era de su interés informarle a la jueza la existencia de esos trámites.
Entre el 8 y el 11 de abril, explicó, ante el Instituto de Justicia Alterna, se firmaron nueve acuerdos reparatorios, a través de los cuales la imputada se compromete a pagar la reparación del daño a cada uno de los defraudados.
La suma de todos los acuerdos asciende a 127 mil 200 pesos, divididos entre las nueve víctimas, a quienes se les pagarán diferentes cantidades, algunas recibirán 5 mil pesos, mientras que otras hasta 40 mil pesos.
Pasado el tiempo, en la sala comenzó a notarse el cansancio y la desesperación entre los presentes, quienes tenían dos horas en la sala, pero acumulados además todos los días que han estado en busca una solución.
En medio de la audiencia, una mujer decidió cambiar de asesora jurídica porque no quiere un acuerdo con la imputada, mientras que otra afectada preguntó si era posible que esa fuera la última vez que acudiera a Ciudad Judicial porque decidió aceptar un arreglo al sentirse cansada del proceso penal.
Para su desgracia, y por cuestiones propias del sobreseimiento del caso, todavía tendrá que presentarse cuando menos una vez más.
La jueza determinó que eran válidos los nueve acuerdos probatorios que se habían celebrado por lo que, a quien así lo quisiera, podía salir de la sala.
Una de las víctimas que recibió una de las compensaciones más bajas se levantó de su silla para decir “quiero dejar constancia, que quede claro, que lo que nos acaban de pagar no repara todo el daño psicológico, el daño emocional que hemos sufrido a lo largo de este tiempo”. Luego, Salió de la sala.
El resto de las víctimas permaneció en su asiento debido a que la defensa no tenía conocimiento de la carpeta de investigación. La jueza decretó un receso, fijando el próximo 20 de mayo como fecha para reanudar la audiencia inicial.
Si bien algunos de los presentes resaltaron que no tenían intención de llegar a un acuerdo, la autoridad decretó que los afectados fueran canalizados al Instituto de Justicia Alterna con el propósito de que explorarán la opción.
La audiencia no terminó sin un apercibimiento para la imputada: Por ahora, queda obligada a cubrir los montos de reparación que acordó con las víctimas ya que, en caso contrario, los procesos penales en su contra podrían reiniciarse y se podrían ejercer acciones penales en su contra.
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