El Ministerio Público realizó la formulación de imputación por el delito de fraude contra María Manuela S.M., propietaria de la funeraria Luz Divina, acusada de engañar a seis personas, a quienes les había prometido el servicio de velación e incineración de sus seres queridos, pero que fueron encontrados en el crematorio Plenitud.
Al inicio de la audiencia, la defensa solicitó que la jueza diera oportunidad para que dos de las víctimas que habían llegado a un acuerdo económico pudieran sobreseer los cargos contra la imputada.
Lo anterior, luego de que la dueña de la funeraria cubriera el monto total del acuerdo reparatorio, que se celebró para extinguir, de manera parcial, la causa penal en su contra.
María Eugenia, una de las víctimas que aceptó el acuerdo, manifestó que “solo nos pagaron una cantidad“ y que, para ella, no representaba una reparación del daño.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado confirmó que, de las 20 victimas de la causa penal, 6 no llegaron a un acuerdo, por lo que se procedió a leer los antecedentes de investigación por los que se acusan a María Manuela del delito de fraude.
Según la carpeta de investigación, las víctimas contrataron los servicios funerarios entre 2024 y 2025, pagando montos superiores a los 13 mil pesos, en los que se les prometió velar el cuerpo, así como la cremación.
Sin embargo, las víctimas confirmaron que las cenizas que les entregaron no eran de sus seres queridos, luego de que fueran informados que los restos de sus familiares estaban entre los 386 cuerpos localizados al interior del crematorio Plenitud.
Ante la solicitud en su contra, la imputada se acogió a su derecho de guardar silencio y solicitó la duplicidad del término constitucional, para que su situación jurídica se defina el próximo lunes 24 de agosto, a las 8 de la mañana.
La juzgadora estableció que, por el momento, no se fijarían medidas cautelares en su contra debido a que la imputada había demostrado interés en la resolución de la causa penal, así como que los asesores jurídicos de las víctimas no justificaron correctamente su solicitud de la imposición de medidas como la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante un juez.
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