Tras las declaraciones del representante de la gubernatura en la Zona Norte, Carlos Ortiz Villegas, quien aseguró que, si en las dependencias oficiales se presentaron omisiones en el caso del crematorio Plenitud fueron “de buena fe”, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos rechazó tal afirmación.
A través de un comunicado, el colectivo indicó que “los únicos que actuaron de buena fe fueron las más de mil 600 familias usuarias, que confiaron en las funerarias vinculadas al Crematorio Plenitud: Latino Americana, Protecto Deco, Luz Divina, Camino al Cielo, Milagros, Paraíso/Amor Eterno, Monte de los Olivos y Del Carmen, que entregaron a sus seres queridos con la esperanza de recibir un servicio digno”.
Este colectivo hizo un llamado a la memoria y a la dignidad al señalar que detrás de cada número hay un rostro, una historia y un amor que merece respeto.
“Las familias no olvidamos y no aceptamos que se disfrace la impunidad con el nombre de buena fe. Las instituciones, en cambio, omitieron, encubrieron y violentaron derechos”, asegura.
Reitera, por ejemplo, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), dejó de supervisar el Crematorio Plenitud desde marzo de 2022. “Eso no es buena fe: Es omisión, corrupción e impunidad”, resalta.
Asimismo, responsabiliza al Registro Civil por emitir actas de defunción que declaraban inhumación (destino, panteón), mientras las familias recibían cenizas (destino cremación), lo que, dicen, no es un error administrativo, sino un delito.
A su vez, “la Secretaría de Salud se negó activar protocolos de salud pública, como si los cuerpos abandonados no emanaran gases nocivos para la población: No es buena fe, es complicidad institucional”, indica el comunicado.
Respecto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave), señala que se ha negado a restaurar el daño causado, reduciendo la tragedia a un expediente olvidado, lo cual califica como “complicidad institucional”.
Indica también que la “Fiscalía General del Estado / Zona Norte ha violentado el derecho legítimo de las familias a interponer denuncia, ha postergado audiencias y ha representado a las víctimas con defensas jurídicas laxas que las revictimizan”.
También culpa a los diputados del PRI y PAN por frenar cualquier iniciativa legislativa que colocara el tema del crematorio Plenitud en la mesa de discusión y a la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, que omitió informar el número de cuerpos que fueron vinculados a las funerarias ligadas al Crematorio Plenitud, pese a que el Gobierno del Estado mantenía contratos con algunas de ellas.
“No es buena fe, que el representante de la gobernadora, Carlos Ortiz Villegas, descarte el dolor de las familias diciendo que ‘los cuerpos NO están entre los 390’, cuando aún no se han terminado de reconocer y muchas familias conservan cenizas que evidentemente no lo son. Las cenizas no se solidifican al contacto con el agua, no son tierra, ni hojas secas, ni arena de gatos, etc. Es complicidad institucional”, puntualiza.
Finalmente, señala que “no hay buena fe en las instituciones vinculadas al Crematorio Plenitud. Lo que hay es silencio, omisión y presuntos actos de corrupción. Lo que hay es desprecio y deshumanización a las más de mil 600 familias que hoy siguen esperando verdad, justicia y reparación”.
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