El 11 de agosto de 2022 marcó un antes y un después en la historia de Ciudad Juárez. Aquella tarde, mientras el humo de los camiones urbanos y de las tiendas incendiadas comenzaba a cubrir distintos puntos de la ciudad, hombres armados recorrían las calles disparando contra personas que nada tenían que ver con la disputa entre grupos criminales.

Trabajadores, clientes de comercios, empleados de una estación de radio y ciudadanos que simplemente tuvieron la mala fortuna de cruzarse en el camino fueron convertidos en objetivos. La violencia dejó de tener destinatarios específicos, ese día el blanco fue la sociedad.

Nueve personas inocentes fueron asesinadas en distintos ataques ocurridos en las calles de Ciudad Juárez . Al mismo tiempo, dentro del Cereso número 3 fueron asesinados dos internos durante el motín que detonó la jornada de terror. Las investigaciones posteriores concluyeron que detrás de aquella estrategia existía una sola mente: Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, quien permanecía recluido en ese centro penitenciario.

Para las autoridades, aquella jornada no fue un estallido espontáneo de violencia, sino una operación diseñada para impedir su traslado a un penal federal. La orden, según las investigaciones, era sencilla y brutal: incendiar camiones y tiendas de conveniencia, obligar a las corporaciones de seguridad a dispersarse por toda la ciudad y, mientras eso ocurría, atacar a cualquier persona que apareciera en el camino para sembrar el mayor miedo posible entre la población.

Nunca antes un grupo criminal había ordenado disparar indiscriminadamente contra ciudadanos inocentes para provocar terror colectivo. El Jueves Negro rompió una barrera que incluso en los años más violentos de la guerra entre cárteles parecía haberse respetado.

Pero esa historia no comenzó el 11 de agosto de 2022.

Para entender cómo un hombre encarcelado pudo paralizar una ciudad entera es necesario regresar muchos años atrás, cuando Ernesto Piñón de la Cruz todavía era un adolescente que caminaba cada mañana rumbo a una secundaria pública del Centro de Ciudad Juárez.

Vivía en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, cerca de Altavista, y como miles de estudiantes, cargaba una mochila para asistir a clases de Español, Matemáticas, Historia, Geografía, Biología, Formación Cívica y Ética, Física, Química y Educación Física. Como taller eligió taquimecanografía, una materia hoy prácticamente desaparecida de los planteles escolares.

Los registros de la Secretaría de Educación del Estado muestran a un alumno común. Nunca destacó por sus calificaciones, pero tampoco fue un estudiante reprobado. Matemáticas representó su mayor dificultad durante casi toda la secundaria, mientras que Educación Física y Expresión Artística figuraban entre sus mejores materias. Al concluir sus estudios obtuvo un promedio general de 7.2.

Vista de manera aislada, aquella boleta escolar no dice demasiado. Es la historia de un adolescente promedio. Sin embargo, con la distancia de los años adquiere otro significado: nada en ese expediente permitía anticipar que aquel joven terminaría confesando su participación en decenas de secuestros o que acumularía sentencias que superaban los dos siglos de prisión.

Para quienes reconstruyeron su trayectoria criminal, precisamente ahí comienza una de las principales lecciones del caso. El Neto no nació siendo el líder de Los Mexicles ni el hombre que terminaría controlando el Cereso estatal número 3 desde una celda equipada con privilegios impropios de cualquier prisión mexicana. Su transformación fue gradual.

Lo ilícito se volvió cotidiano

El entonces titular de la Unidad Estatal Antisecuestro y posteriormente fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, sostiene que Ernesto Piñón creció en un ambiente donde las conductas ilícitas comenzaron a verse con naturalidad. La ausencia de una figura paterna sólida, la permisividad dentro del núcleo familiar y la convivencia con personas para quienes infringir la ley formaba parte de la vida cotidiana terminaron moldeando su percepción sobre el éxito, el poder y el dinero.

“Encontró en su círculo familiar permisibilidad hacia conductas indebidas y delictivas; de pronto, en su entorno se normalizó lo ilícito y se volvió cotidiano”, resume el exfuncionario.

Aquella normalización fue construyendo una escala de valores distinta. Mientras otros jóvenes comenzaban a pensar en un empleo, una carrera técnica o una universidad, Ernesto Piñón empezó a sentirse atraído por el dinero fácil, la ropa de marca, los automóviles deportivos, el alcohol, los centros nocturnos y un estilo de vida imposible de sostener mediante un trabajo convencional.

“Esa ambición prematura y la ausencia de valores lo llevó a convivir con personas y escenarios donde la violencia era parte del día a día”, explica Nava López.

Paradójicamente, quienes convivieron con él durante las investigaciones coinciden en que poseía cualidades que, bajo otras circunstancias, habrían podido conducirlo por un camino completamente distinto. Era observador, decidido, tenía facilidad para convencer a los demás y mostraba una capacidad poco común para asumir el liderazgo.

“Lo describiría como un joven de inteligencia aguda, con una ambición desmedida para su corta edad. Nunca temió las consecuencias de sus decisiones; al contrario, parecía tener una fascinación por el riesgo y la adrenalina. Esos atributos, en otras circunstancias, pudieron haberlo conducido al éxito en cualquier actividad que se hubiera propuesto”, sostiene el exfiscal.

Pero el entorno terminó aprovechando esas mismas capacidades para otro propósito.

Lo que pudo convertirse en liderazgo empresarial terminó transformándose en liderazgo criminal. Lo que pudo servir para construir organizaciones legales acabó estructurando bandas de secuestradores. Y lo que pudo canalizarse hacia una profesión, quedó absorbido por una obsesión que terminaría definiendo toda su vida: el brillo del dinero fácil.

Hasta entonces, Ernesto Piñón seguía siendo un joven prácticamente desconocido para las autoridades. Su nombre todavía no aparecía en una sola ficha policial y ni siquiera existían fotografías suyas en los archivos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Eso cambiaría muy pronto. Porque mientras abandonaba definitivamente las aulas, comenzaba a acercarse a un grupo de jóvenes que, como él, tampoco tenían antecedentes de arrestos, pero estaban a punto de descubrir el delito que cambiaría para siempre sus vidas: el secuestro.

La cacería que nunca terminó

Para 2009, Ernesto Piñón de la Cruz había dejado de ser un nombre desconocido para las autoridades. Las investigaciones por secuestro comenzaban a revelar un patrón que se repetía en distintos plagios y, detrás de él, aparecía con insistencia un joven que apenas superaba los 20 años de edad, pero que ya coordinaba secuestros, negociaba rescates y dirigía células criminales con una sangre fría que sorprendía incluso a los investigadores más experimentados.

La Unidad Estatal Antisecuestro lo convirtió entonces en uno de sus principales objetivos.

Hasta ese momento, sin embargo, poco sabían sobre él. No existían antecedentes policiales que permitieran seguir su trayectoria ni fotografías recientes en las bases de datos oficiales. Su identidad comenzó a reconstruirse a partir de imágenes aseguradas durante cateos y de los testimonios obtenidos tras la captura de integrantes de la propia organización.

Mientras la investigación avanzaba, Piñón de la Cruz abandonó temporalmente Ciudad Juárez para refugiarse en Sonora. Permaneció poco tiempo fuera. Convencido de que podía reorganizar la banda y continuar con los secuestros, regresó a la frontera sin imaginar que las autoridades ya seguían cada uno de sus posibles movimientos.

Durante los primeros días de octubre de 2009 surgió una pista aparentemente insignificante que terminaría cambiando el rumbo de la investigación. Los agentes entrevistaron en varias ocasiones a una joven que había sostenido una relación sentimental con Ernesto Piñón. Siempre respondió lo mismo: aseguró que ya no tenía contacto con él y que desconocía su paradero.

Los investigadores no le creyeron. Decidieron establecer vigilancia discreta en distintos sectores de la ciudad. Agentes vestidos de civil recorrían colonias enteras a bordo de bicicletas para pasar inadvertidos mientras observaban cualquier movimiento que pudiera conducirlos hasta el secuestrador.

Durante varios días no ocurrió nada.

Cuando la operación comenzaba a desgastarse, uno de los ministeriales observó que aquella mujer descendía de un camión de transporte público y caminaba por calles cercanas a la avenida De las Torres. El agente decidió seguirla a distancia. La vio ingresar a una vivienda y, pocos minutos después, un hombre salió a recibirla. Antes de entrar volteó hacia ambos lados de la calle, como quien intenta confirmar que nadie lo observa.

Ese movimiento fue suficiente. Los agentes rodearon el domicilio sin tener todavía la certeza absoluta de que se tratara de Ernesto Piñón. Cuando irrumpieron en la vivienda, el sospechoso ya había colocado bloques junto a una barda para brincar al patio contiguo. Uno de los ministeriales logró anticiparse, le apuntó directamente al rostro con un arma larga y le ordenó tirarse al suelo. No hubo disparos, la persecución terminó ahí.

Durante los interrogatorios posteriores, Ernesto Piñón habló con una serenidad que llamó la atención de quienes participaron en las diligencias. No mostraba nerviosismo ni señales de arrepentimiento. Reconoció haber planeado, ordenado y participado en 38 secuestros cuyas víctimas incluían estudiantes, empresarios, médicos, veterinarios, amas de casa, empleados, funcionarios públicos e incluso una magistrada.

Para los investigadores, la cifra era impactante, pero aún más preocupante resultaba la forma en que describía cada caso. Hablaba de los plagios con absoluta frialdad, como si relatara operaciones comerciales y no delitos que habían destruido decenas de familias.

Todo indicaba que aquella captura representaba uno de los golpes más importantes contra las bandas de secuestradores que operaban en Ciudad Juárez.

En realidad, apenas comenzaba la etapa más peligrosa de la carrera criminal de Ernesto Piñón.

El ingreso al Cereso Estatal número 3 no significó el desmantelamiento de su estructura. Simplemente cambió el lugar desde donde ejercía el mando.

Detrás de los muros del penal encontró un sistema vulnerable a la corrupción. Lo que para cualquier interno debía representar la pérdida de la libertad terminó convirtiéndose en una oportunidad para ampliar su influencia y fortalecer el liderazgo que ya ejercía sobre su grupo.

Los primeros indicios aparecieron poco tiempo después de su encarcelamiento.

Durante un cateo en su celda, las autoridades localizaron una fotografía en la que aparecía posando con un arma de fuego dentro del propio dormitorio que ocupaba en el Cereso. La imagen revelaba mucho más que una violación al reglamento penitenciario: demostraba que un secuestrador condenado tenía acceso a armas dentro de una prisión estatal.

Las investigaciones posteriores establecieron que tampoco había dejado de delinquir.

Desde la cárcel continuó coordinando secuestros mediante células que operaban en el exterior. Una era encabezada por Miguel Ángel Galindo, alias El Cabezón, desarticulada en noviembre de 2010. Otra permanecía bajo las órdenes de José Solís Camacho, El Stich, quien dirigía las operaciones en campo mientras recibía instrucciones desde el Cereso y fue capturado en 2011.

La prisión se convirtió para Piñón en su oficina.

La magnitud de la corrupción quedó nuevamente al descubierto el 6 de diciembre de 2010, cuando Ernesto Piñón y César Vega Muñoz, alias El Chilín, fueron trasladados al edificio del Poder Judicial de la Federación para una audiencia.

Al concluir la diligencia, ambos fueron subidos nuevamente a la unidad que los llevaría de regreso al Cereso. La versión oficial difundida en un principio hablaba de un comando armado que había interceptado el vehículo sobre la carretera Panamericana, cerca de la glorieta del Kilómetro 20, para rescatarlos. Con el paso de los días esa historia se derrumbó.

La investigación encabezada por la Unidad Antisecuestro concluyó que nunca existió un rescate espectacular. Fueron los propios custodios quienes facilitaron el intento de evasión.

De acuerdo con Jorge Nava López, Ernesto Piñón había logrado corromper al personal encargado de su traslado. Los custodios le entregaron las llaves de las esposas, de los grilletes, de la reja interior y de la puerta de la camioneta. Todo estaba preparado para que descendiera del vehículo sin oposición.

El único que consiguió escapar fue El Chilín, quien permaneció prófugo durante poco más de un año antes de ser localizado y detenido en El Paso, Texas.

El Neto no tuvo la misma suerte.

Mientras corría entre la maleza intentando huir, una rama se incrustó directamente en uno de sus ojos. Durante años circuló la versión de que había perdido el globo ocular por un disparo recibido durante la persecución, pero Jorge Nava sostiene que eso nunca ocurrió. Afirma que la lesión fue producto del accidente entre los arbustos y que los médicos ya no pudieron salvarle el ojo.

La fuga frustrada no debilitó su liderazgo

Regresó al Cereso y, con el paso del tiempo, consolidó su posición dentro de Los Mexicles, organización que entonces mantenía una alianza con el Cártel de Sinaloa.

Posteriormente fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde ya acumulaba sentencias cercanas a los 240 años de prisión. Sin embargo, tampoco ese traslado sería definitivo. Mediante diversos juicios de amparo consiguió regresar al Cereso Estatal número 3.

Ese retorno marcó el periodo de mayor poder en toda su trayectoria criminal.

Las investigaciones realizadas después de la fuga masiva del primero de enero de 2023 permitieron reconstruir el nivel de control que había alcanzado dentro del penal.

Su celda parecía cualquier cosa menos un dormitorio penitenciario. Tenía televisores de pantalla plana, mobiliario especial, una caja fuerte donde presuntamente almacenaba dinero producto de actividades ilícitas y hasta un gato egipcio sin pelo tatuado con el nombre de Los Mexicles, convertido casi en símbolo del dominio que ejercía dentro del penal.

También tenía acceso a armas de fuego, organizaba fiestas, permitía el ingreso de mujeres y familias completas, además de recibir visitas prácticamente sin restricciones.

Las investigaciones establecieron además que la denominada Patrulla, el grupo élite responsable de la vigilancia interna del Cereso, terminó funcionando en los hechos como su escolta personal. Cuando El Neto debía desplazarse entre módulos, eran esos mismos custodios quienes lo acompañaban y protegían.

En distintos espacios del penal, el verdadero poder ya no lo ejercía la autoridad, sino Ernesto Piñón de la Cruz.

Para algunos funcionarios representaba a un delincuente excepcionalmente inteligente y con una capacidad extraordinaria para corromper instituciones. Para otras personas que llegaron a recibir apoyo económico de su parte, era visto incluso como un benefactor.

Ese contraste explica parte del fenómeno que construyó alrededor de su figura.

Pero el aprendizaje más importante que obtuvo durante esos años no fue cómo comprar custodios, controlar un penal o dirigir una organización criminal desde una celda, sino comprender que el miedo podía convertirse en un arma capaz de doblegar al propio Estado.

Cuando las autoridades intentaron trasladarlo nuevamente a un penal federal, decidió poner esa lección en práctica.

La orden que salió desde el Cereso Estatal número 3 no buscaba únicamente incendiar camiones o bloquear calles.

Buscaba paralizar la ciudad entera… Así comenzó el Jueves Negro.

Aprendió que el terror también era un arma

A lo largo de los años que permaneció en prisión, Ernesto Piñón de la Cruz no solamente consolidó el control de Los Mexicles dentro y fuera del Cereso estatal número 3, sino que también entendió que la violencia podía utilizarse con un propósito distinto al de eliminar adversarios o controlar territorios.

Las investigaciones realizadas por las autoridades estatales permitieron establecer que, antes del Jueves Negro, existía un antecedente que mostró a la organización criminal la eficacia de utilizar el caos social como mecanismo de presión contra el Estado.

Ese episodio ocurrió el 4 de noviembre de 2019, cuando quien entonces encabezaba la estructura de la pandilla, Jesús Eduardo Soto Rodríguez, alias El Lalo, ordenó incendiar camiones del transporte público y tiendas de conveniencia como respuesta al intento de trasladarlo a un penal federal.

Aunque aquella jornada provocó movilización policiaca y afectaciones en distintos sectores de Ciudad Juárez, las instrucciones fueron distintas a las que años después emitiría El Neto, ya que no contemplaban ataques directos contra ciudadanos ajenos al conflicto criminal.

Pese a la presión generada por aquellos hechos, el Gobierno logró concretar el traslado de El Lalo el 18 de febrero de 2020 a un penal federal ubicado en Chiapas. Para realizar la operación fue necesaria la participación de 892 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, en un despliegue que dejó claro el nivel de riesgo que representaba el entonces líder de Los Mexicles.

Con su salida de Ciudad Juárez se produjo una reconfiguración dentro de la organización. Ernesto Piñón de la Cruz asumió el mando de la pandilla en la frontera y conformó una facción denominada Fuerzas Especiales Mexicles (FEM), desde donde comenzó a ejercer un liderazgo absoluto tanto sobre las operaciones del grupo en las calles como sobre el poder que ya mantenía al interior del Cereso estatal.

Las autoridades consideran que fue durante ese periodo cuando El Neto terminó de comprender que la desestabilización social podía convertirse en una herramienta para influir en las decisiones gubernamentales.

La experiencia dejada por El Lalo le mostró que incendiar vehículos y comercios obligaba a dispersar a las corporaciones de seguridad y generaba presión política y mediática. Sin embargo, Ernesto Piñón decidió llevar esa estrategia mucho más lejos.

Según las investigaciones, concluyó que si el objetivo era impedir un eventual traslado a un penal federal, ya no bastaba con provocar daños materiales. Había que sembrar miedo entre la población para generar una reacción mucho mayor.

Esa lógica quedó de manifiesto el 11 de agosto de 2022. Mientras en el interior del Cereso Estatal número 3 se registraba un enfrentamiento entre grupos rivales que dejó dos internos muertos, en distintos puntos de Ciudad Juárez comenzaron a reportarse incendios de camiones del transporte público y de tiendas de conveniencia.

Los ataques se produjeron prácticamente de manera simultánea y obligaron a las corporaciones de seguridad a movilizarse hacia distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, conforme transcurrían los minutos quedó claro que la intención iba mucho más allá de incendiar vehículos o establecimientos comerciales.

Los integrantes de Los Mexicles comenzaron a disparar contra personas que no guardaban ninguna relación con el conflicto que se desarrollaba dentro del penal.

La investigación ministerial estableció que las víctimas no fueron seleccionadas por pertenecer a una organización rival, desempeñar determinada actividad o representar una amenaza para el grupo criminal.

Fueron ciudadanos que tuvieron la desgracia de encontrarse en el lugar y el momento equivocados. Trabajadores, clientes de establecimientos comerciales y empleados de una estación de radio fueron atacados indiscriminadamente, convirtiéndose en el símbolo de una nueva etapa de violencia para Ciudad Juárez.

El saldo de aquella jornada fue de nueve civiles asesinados en distintos puntos de la ciudad, además de los dos internos que perdieron la vida durante el motín registrado dentro del Cereso.

Para las autoridades que reconstruyeron los hechos, esa decisión marcó una diferencia respecto a toda la violencia que había vivido la frontera durante los años de mayor confrontación entre organizaciones criminales. Incluso en los momentos más críticos de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, los ataques se dirigían principalmente contra integrantes de grupos rivales o contra corporaciones de seguridad.

El 11 de agosto de 2022, en cambio, los ciudadanos fueron convertidos deliberadamente en el objetivo. La finalidad, concluyeron las investigaciones, era sembrar el mayor nivel posible de terror entre la población para impedir que Ernesto Piñón de la Cruz fuera trasladado a otro centro penitenciario y demostrar que, aun privado de la libertad, conservaba la capacidad de paralizar una ciudad entera.

El objetivo inmediato no se cumplió. Las fuerzas de seguridad recuperaron el control del Cereso y de las calles durante las horas siguientes. Sin embargo, el mensaje que dejó aquella jornada trascendió el operativo.

Ciudad Juárez había sido escenario, por primera vez en su historia reciente, de una estrategia donde la población civil fue utilizada como instrumento de presión contra el Estado.

Cuatro meses después, esa capacidad de desafiar a las instituciones volvería a quedar en evidencia cuando Ernesto Piñón encabezó la fuga del Cereso Estatal número 3, en un episodio que terminaría con la muerte de custodios, internos y, pocos días después, del propio líder criminal.

El principio del fin

La madrugada del 1 de enero de 2023 dejó al descubierto que el poder construido por Ernesto Piñón de la Cruz durante más de una década no terminaba en los muros del Cereso Estatal número 3. Al contrario, las investigaciones posteriores evidenciaron que la estructura criminal que había consolidado desde prisión era capaz de organizar una operación de gran escala para rescatar a su líder, aun a costa de desatar una nueva masacre.

Poco antes del amanecer, un grupo armado irrumpió en las instalaciones del penal mientras, desde el interior, internos afines a Los Mexicles iniciaban un motín coordinado. El ataque dejó un saldo de diez custodios asesinados y siete personas privadas de la libertad muertas, además de decenas de lesionados.

En medio de la confusión, Ernesto Piñón de la Cruz escapó junto con otros 29 internos, consumando la fuga más grave registrada en un centro penitenciario de Chihuahua en décadas y exhibiendo nuevamente el profundo nivel de corrupción que durante años permitió al líder criminal fortalecer su poder desde el interior de la cárcel.

La evasión marcó también el final de una alianza que había acompañado prácticamente toda su carrera delictiva. Entre las personas asesinadas durante la fuga se encontraba César Vega Muñoz, alias El Chilín, considerado durante años la mano derecha de El Neto.

Las versiones sobre su muerte nunca fueron plenamente esclarecidas. Algunas líneas de investigación apuntaron a que Ernesto Piñón había dejado de confiar en quien fuera su compañero desde los primeros secuestros; otras sostienen que El Chilín intentó impedir la ejecución de los custodios y que esa diferencia terminó costándole la vida.

Lo cierto es que el hombre que durante años trató de contener los impulsos más violentos de su jefe murió durante la operación que puso fin al dominio de ambos.

Durante los días siguientes, las fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo sin precedente para localizar a los prófugos. El nombre de Ernesto Piñón encabezaba la lista de objetivos prioritarios. Su permanencia en libertad representaba un riesgo no solamente por el liderazgo que conservaba dentro de Los Mexicles, sino por la capacidad demostrada meses antes para ordenar acciones de alto impacto contra la población civil.

La búsqueda terminó el 5 de enero de 2023. Elementos de seguridad ubicaron a El Neto en Ciudad Juárez y, durante el operativo para detenerlo, el líder criminal murió tras un enfrentamiento con las fuerzas del orden.

Con él concluyó una carrera delictiva que comenzó con los secuestros a finales de la década del 2000, continuó con el control absoluto del Cereso Estatal número 3 y alcanzó su máxima expresión el 11 de agosto de 2022, cuando decidió utilizar a la población como instrumento para desafiar al Estado.

La muerte de Ernesto Piñón cerró la historia del hombre, pero no la del fenómeno que representó; las investigaciones posteriores dejaron al descubierto un sistema penitenciario profundamente corrompido, custodios sometidos a la voluntad de un interno, privilegios incompatibles con cualquier régimen de reclusión y una organización criminal que operó durante años desde el interior de un penal estatal.

El hallazgo de armas de fuego, drogas, dinero, celdas acondicionadas con lujos, televisores, una caja fuerte, un gato egipcio tatuado con el nombre de Los Mexicles y múltiples evidencias de los beneficios de los que gozaba confirmaron que el problema nunca fue únicamente Ernesto Piñón de la Cruz, sino las condiciones institucionales que hicieron posible su ascenso.

Cuatro años después del Jueves Negro, Ciudad Juárez sigue recordando aquella jornada como el momento en que la violencia rompió todos los límites conocidos. Nueve personas inocentes fueron asesinadas sin tener vínculo alguno con la delincuencia organizada. Familias enteras cambiaron para siempre.

El miedo se apoderó de una ciudad acostumbrada a convivir con el crimen, pero no a convertirse en su objetivo deliberado.

Ernesto Piñón de la Cruz murió hace más de tres años. Sin embargo, el legado de violencia que dejó permanece como una advertencia.

Su historia demuestra que un líder criminal no se construye únicamente con armas o dinero, también necesita instituciones vulnerables, corrupción, impunidad y la capacidad de convertir el miedo en una herramienta de control.