En el juicio donde padres de una menor acusan al sacerdote Aristeo B.B. de cometer los delitos de violación y abuso, concluyó este miércoles la presentación de testigos.
A partir de ahora corresponderá al tribunal de enjuiciamiento analizar las evidencias presentadas tanto por la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) como por el abogado defensor del clérigo.
Así se determinará si hubo o no elementos para una sentencia condenatoria.
El abogado Maclovio Murillo, defensor del padre desde el 2 de febrero, refirió que los testigos presentados por el Ministerio Público incurrieron en contradicciones.
En el momento de dar sus conclusiones, anunció, presentará los argumentos por los cuales considera que no hay elementos para condenar a su defendido.
“Hasta los alegatos de clausura vamos a revelar las incongruencias, inconsistencias y contradicciones por las cuales las imputaciones no son verosímiles ni creíbles”.
“Y, por ende, no sirven jurídicamente para formar convicción de culpabilidad, más allá de toda duda razonable”, advirtió.
Por su parte, la abogada de la víctima, Leticia Valladares, rechazó que los testigos presentados hubieran incurrido en fallas.
Al contrario, enfatizó que los padres de la menor mantuvieron el señalamiento contra el sacerdote de manera contundente.
“Ellos se mantuvieron en su dicho”, afirmó.
La audiencia de hoy, correspondiente al día 14 del juicio oral, se había retrasado desde el lunes debido al apagón provocado por la tormenta invernal que azotó el fin de semana.
Aristeo, detenido desde hace 2 años
Aristeo B.B. está detenido desde febrero de 2019. Está en prisión domiciliaria en un asilo de ancianos mientras se desarrolla el proceso en su contra.
Desde el inicio del proceso organizaciones sociales y grupos de creyentes se enfrentaron en posicionamientos públicos.
Unos en defensa de los derechos de la víctima y otros a favor del principio de presunción de inocencia del acusado.
Entre los testimonios que se presentaron desde el 19 de enero en que inició el juicio oral, destacan los padres de la menor y el vicario de la diócesis José René Blanco Vega.
Los papás de la niña sostuvieron los señalamientos mientras que el religioso describió la obra social del acusado.
A partir del 2 de febrero entró en la escena el hoy exsecretario del ayuntamiento Maclovio Murillo quien en esa fecha anunció que asumiría pro bono la defensa del clérigo.
Defensa desde el poder
La decisión se interpreta por la Red Mesa de Mujeres como una reacción desde el poder público para proteger al representante de la iglesia.
No hay nada más peligroso que el poder del Gobierno y el poder de la iglesia juntos para afectar a una víctima, estimó la organización social.
En contraste, el abogado Murillo afirmó que las acusaciones contra su cliente eran falsas. Agregó que se había vulnerado la presunción de inocencia a la que tiene derecho por principio constitucional.
Que la motivación de la acusación era un supuesto desfalco que los padres de la menor habían realizado en la administración de las limosnas.
Como represalia porque se les retiró la administración de esos dineros, habrían decidido vengarse acusando falsamente al cura, señaló Murillo.
De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano, en la última década 152 sacerdotes se han retirado del servicio por acusaciones de abuso.
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