Los padres de la niña que fue agredida sexualmente en uno de los planteles del Colegio Americano de Ciudad Juárez, enviaron una carta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pidiendo su intervención ante “un sistema de justicia local incompetente y con claras señales de actos de corrupción”.
“Somos la madre y el padre de una niña de iniciales R. J. M. O. agredida sexualmente dentro del Colegio Americano en Ciudad Juárez”, indicaron los padres en la misiva.
Afirmaron que quien presuntamente cometió el delito de violación agravada en contra de su hija fue la enfermera de ese colegio de nombre Leslie Aracely R. C.
“Nuestra hija de tan solo tres años de edad, la identificó, señaló lo que le hizo y la identificó también por medio de fotografía”, indicaron.
En el texto de cuartilla y medio, recibido por la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República el pasado 11 de agosto, los progenitores reprocharon que desde que iniciaron el proceso penal judicial, ha sido una verdadera odisea.
“Nos hemos enfrentado a un sistema de justicia local incompetente y con claras señales de actos de corrupción”, externaron.
Recordaron que, en la primera audiencia del caso, el 8 de abril de este año, no se vinculó a proceso a la imputada, porque a juicio de la juzgadora, no había datos de prueba suficientes.
“Nos llenó de indignación porque no le bastó el señalamiento directo de nuestra hija de su agresora, y la pericial de los médicos legistas, simplemente omitió juzgar con perspectiva de género y de la infancia”, señalaron.
Recordaron que, ante esa circunstancia, pusieron una queja en el Tribunal de Disciplina Local, pero hasta el cierre de esta edición, nadie del Poder Judicial les ha informado si el recurso fue admitido.
“Apelamos la decisión de no vincular a proceso a la agresora de nuestra hija, y la magistrada revocó esa resolución y la vinculó a proceso, pero para nuestra sorpresa, en la siguiente audiencia, el 23 de julio, donde se debatió sobre las medidas cautelares, la juzgadora decidió dejarla en libertad”, expusieron.
En el escrito, los padres indicaron que el artículo 19 de la Constitución señala que el delito de violación contra infantes y adolescentes, es considerado grave y en consecuencia la prisión preventiva se aplica de manera oficiosa.
Ambos padres, que aceptaron contar su historia en Norte Digital, bajo protección de sus identidades, alertaron que el caso de su hija no ha sido el único en esta frontera.
“No solamente es el caso de nuestra hija; últimamente en Ciudad Juárez se están presentando agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes en escuelas, colegios, guarderías y estancias”, indicaron.
Los juzgadores -agregaron- no están imponiendo prisión preventiva oficiosa contra las personas agresoras, y la disparidad de criterios entre jueces locales y federales, deja en estado de indefensión a las infancias e impide una justicia pronta y expedita.
“Le pedimos encarecidamente que atienda el caso de nuestra hija con causa penal 739/2026 llevada en el Distrito Judicial Bravos (Ciudad Juárez), porque consideramos que hay una red de corrupción en los juzgados penales locales y también contubernio con el Colegio Americano, quien es el que lleva la defensa de la hoy imputada”, puntualizaron.
Insistieron que no solo se ponga atención en su caso, sino “en todos los demás de guarderías y escuelas, donde han ocurrido estas agresiones, porque se habla también de una posible red de pornografía infantil”.
“No se puede ser ajena a las agresiones sexuales que viven nuestras infancias, en un contexto donde el poder judicial local se encuentra secuestrado por el poder político en turno en el estado de Chihuahua”, expresaron.
La carta fue respondida por la directora general de atención ciudadana, Adriana Contreras Vera, quien, en un oficio, del que Norte Digital obtuvo una copia, ofreció que la solicitud había sido “leída con detenimiento y se ha pedido el apoyo de compañeros servidores públicos de las dependencias a las que les corresponde ese tema”.
De acuerdo con información del expediente, citada en la investigación periodística de Norte Digital, actualmente está vigente el plazo de tres meses para la investigación complementaria.
En este periodo, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), la representación legal de la víctima y la defensa de la imputada, deberán allegarse evidencia para robustecer sus argumentos frente a la jueza que conoce de la causa.
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