La tarde de este viernes el juez, Mauricio Hipólito Rodríguez, quien preside el juicio oral 52/26 en contra de José Alfredo C. C., Adriana T. P. y Jesús Javier G. C. acusados de trata de personas agravada contra la víctima de iniciales G. N. T. P., ordenó que la etapa de desahogo de pruebas se lleve a cabo de manera privada como medida de protección.
La medida busca llevar a cabo el debido proceso, así como atender el interés superior de la niñez de la víctima, trascendió en la Ciudad Judicial.
En la segunda audiencia del desahogo de pruebas, que se celebró en la sala 1 de Ciudad Judicial, la abogada defensora particular de José Alfredo, Nancy Elizabeth Montoya Sánchez, presentó una incidencia ante el juez.
A través de la diligencia, señaló que en medios de comunicación se vertió información acerca del testimonio de la doctora que se presentó en la primera sesión del juicio oral.
Agregó que el hecho de que las declaraciones de los testigos se estén publicando en medios de comunicación representa un riesgo procesal para las demás personas que acudirán a rendir testimonio.
Al enterarse de lo que se habló, argumentó, el resto de participantes podría cambiar la versión de los hechos que presentarían ante el juez.
Agregó que la difusión de los testimonios del juicio también podría provocar afectaciones al principio de presunción de inocencia de su representado.
Además, señaló que la difusión de detalles sensibles sobre la víctima también podría generar afectaciones a su dignidad, misma que protege el principio de interés superior de la niñez.
Tras las manifestaciones, la agente del Ministerio Público, así como el resto de defensores, comulgaron en que el juicio debería llevarse a cabo de manera privada.
En su resolución, el juez indicó que, en la mayoría de juicios en los que hay niños víctimas de delitos sexuales, se suele tomar dicha medida de protección, por lo que declaró el resto de desahogo de pruebas cerrado para el acceso al público y medios de comunicación.
Según el auto de apertura a juicio oral, el Ministerio Público acusa a la madre de la víctima, Adriana T. P., quien junto con su esposo y padrastro de la menor, Jesús Javier G. C., presuntamente habrían ofrecido los servicios sexuales de la niña a José Alfredo C. C., a cambio de un pago económico en hechos ocurridos en diversas ocasiones entre 2018, cuando la víctima tenía 8 años, y 2022.
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