Sangre y miedo a la sombra del Cerro de la Biblia

Una mañana de octubre de 1987, Gerardo Bermúdez, un pastor de la iglesia evangélica, despertó con el propósito de consumar una idea que le venía dando vueltas desde hacía días. La víspera había convocado a parte de su comunidad y a su familia para subir temprano a uno de los cerros del norponiente. Equipado con poco más que palas, cuerdas y cal, lideró aquel grupo que habría de dejar la huella más emblemática del último medio siglo: un mensaje de amor y paz para una ciudad que —pensó— necesitaba urgentemente de él: «La Biblia Es la Verdad, Léela».

Desde entonces, el mensaje se ha convertido en un gran tatuaje urbano, una marca que ha trascendido con el paso del tiempo. Pero, lejos de influir para bien, como era la idea del pastor, se ha convertido en testigo silencioso de la manera en que la ciudad se sumergió en una de las fases de degradación social más reseñadas de Occidente.

A lo largo de estos años —principalmente entre 2008 y 2010—, Juárez fue clasificada incluso como la «ciudad más violenta del mundo». Durante ese periodo, un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal indica que se alcanzó una tasa de 284 homicidios por cada 100 mil habitantes, tan solo por debajo de la del Medellín de Pablo Escobar. No son los únicos datos fríos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que más de 25 mil personas han sido asesinadas en las calles de esta frontera desde que el mensaje cristiano puede verse desde distintos puntos de la ciudad.

Juárez ha vivido un rosario de tragedias, acentuadas desde la supuesta «guerra contra el narcotráfico» emprendida por el gobierno de Felipe Calderón. Son rastros de una tragedia que parece imparable y que, al final, cala mucho más profundo que ese llamado desde el cerro: el caso Arroyo del Navajo, la masacre de Villas de Salvárcar y el ataque con el coche bomba. O hechos más recientes, como el incendio en la estación migratoria de Lerdo, el Jueves Negro y el hallazgo del crematorio Plenitud. Los mandatos cristianos parecen no haber tocado por igual el alma ni la conciencia de funcionarios corruptos.

Aun así, la violencia criminal no es el único mal anclado en la ciudad. Si faltaba un fenómeno en el tablero estadístico de la desgracia, ahora se tiene. Durante los últimos cuatro años, Ciudad Juárez ha encabezado la estadística de suicidio infantil y se ha mantenido en la cúspide de la de adultos. La Secretaría de Salud de Chihuahua lo atribuye a una crisis grave de salud mental, pero no hace referencia al entorno violento ni al tráfico y consumo desmedidos de drogas y alcohol, a la pauperización del salario sufrida durante 40 años o a la propia degradación urbana, que socava la calidad de vida.

El impacto de todo ello es medible. En la encuesta de percepción de seguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizada durante los primeros meses de 2026, siete de cada diez juarenses consideran que habitan un lugar inseguro. Y este quizá sea el dato que resume el conjunto.

«La violencia está relacionada con otros aspectos: pobreza, marginalidad, una cultura machista muy arraigada. Y esto es algo que debe atenderse de otras maneras, no colocando estatuas ni colocando frases en los cerros», dice Salvador Salazar, sociólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Un bálsamo de cal

En el suroriente de Ciudad Juárez, dentro de la colonia Juárez Nuevo, en la oficina del pastor evangélico Carlos Mayorga se escucha el motor del aire acondicionado, que fracasa en su intento por enfriarla. Como líder del colectivo Ángeles Mensajeros y guía de la iglesia Jesús Es Mi Pastor, Mayorga, pese a todo, concibe el letrero monumental grabado en la Sierra de Juárez como una trinchera espiritual. Las letras blancas de más de tres mil metros cuadrados que despliegan la frase representan para la cúpula evangélica local un conjuro gráfico trazado sobre las rocas para amortiguar el colapso social de una urbe sacudida por la violencia sistémica.

—Representa los buenos deseos de que, en una tierra tan peligrosa y conflictiva, se busque una respuesta favorable en la Sagrada Escritura —dice Mayorga.

Cada cinco años, durante las canículas del verano fronterizo, contingentes de distintas congregaciones ascienden la ladera. Bajo temperaturas que superan los 40 grados centígrados, transportan sacos de cal y miles de litros de agua para remozar el contorno de las letras. Mayorga sostiene que la pinta no pertenece a ningún grupo en particular, sino que constituye una contribución de las iglesias para pacificar la ciudad, regenerar el tejido familiar y reducir los índices delictivos.

La tesis de la pacificación a través de la simbología contrasta con la demografía religiosa de la frontera. El Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi registra que el 80 por ciento de los juarenses profesa alguna fe. El catolicismo encabeza la preferencia con más de 990 mil creyentes —65 por ciento de la población—, seguido por las corrientes protestantes y evangélicas, que han ganado terreno orgánico en las colonias periféricas.

Desde la parroquia Santo Tomás, el presbítero Juan Carlos López, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, analiza la impronta del mural de cal. Acepta que la iniciativa no surgió del clero católico, pero valida la permanencia de la señal sobre la montaña. Para la doctrina católica, la montaña funciona como un espacio místico de revelación. En este caso, la ladera intercala la geografía urbana con un llamado a la conversión. López confía en que la leyenda impacta la psique de los habitantes y de los miles de migrantes que cruzan la frontera en condiciones de extrema vulnerabilidad, a pesar de lo que se ha vivido.

El repliegue social como trasfondo

En todo caso, la presencia del letrero en la Sierra de Juárez evidencia una transformación profunda en las dinámicas del campo religioso fronterizo. Salvador Salazar, doctor en Ciencias Sociales por la UACJ, identifica, por ejemplo, lo que él llama un quiebre ideológico ocurrido en las últimas cuatro décadas.

Durante los años setenta y ochenta, los sectores populares estuvieron marcados por la Teología de la Liberación. Bajo este enfoque, impulsado por figuras como el sacerdote Óscar Enríquez desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la fe se articulaba mediante las Comunidades Eclesiales de Base. La salvación individual estaba ligada al compromiso comunitario y a la denuncia de las condiciones estructurales de opresión: la explotación en las plantas maquiladoras, la falta de vivienda digna y la marginación urbana.

Esa postura de resistencia comunitaria cedió terreno ante la expansión de las Teologías de la Prosperidad y los esquemas neopentecostales de corte individualista. Esta corriente desplaza la responsabilidad de los problemas sociales hacia el individuo. La pobreza, la adicción o la exclusión dejan de entenderse como distorsiones del modelo económico para ser leídas como fallas morales personales. El compromiso con la comunidad se reduce al trabajo, el consumo, la disciplina individual y el pago puntual del diezmo.

Bajo este modelo, la jerarquía de las congregaciones negocia con los grupos de poder político espacios de visibilidad —como la concesión implícita de la Sierra de Juárez— a cambio de neutralizar la protesta social y promover una doctrina de resignación.

La fe y el terror

Al plantearles la interrogante de si la población de esta frontera conserva el temor a Dios frente a la brutalidad cotidiana de los homicidios, los rostros del pastor Mayorga y del sacerdote López se tensan. Mayorga recurre a la exégesis bíblica para justificar la convivencia de la fe con la barbarie: argumenta que donde abunda el mal, sobreabunda la gracia divina, y exige que el Estado financie las tareas de contención social que realizan los grupos religiosos.

Por su parte, el vocero diocesano argumenta que la mayoría de los juarenses es gente trabajadora y con fe, y atribuye los actos desalmados a una minoría delictiva que acapara los titulares. López evoca la frase de un migrante sobreviviente de la tragedia en la estación del Instituto Nacional de Migración en 2023 para insistir en que Ciudad Juárez no debe ser reducida a un espacio de masacres: «Ciudad Juárez, la ciudad donde matan migrantes».

Sin embargo, las estadísticas oficiales desmienten la efectividad del mensaje religioso como disuasorio del crimen. Investigaciones sociológicas sobre la geografía de la violencia en la frontera —como los estudios de Julia Monárrez Fragoso y Luis Ernesto Cervera— demuestran que la distribución del delito responde a dinámicas socioeconómicas precisas. Los feminicidios se concentran en zonas periféricas caracterizadas por la precariedad urbana, la falta de alumbrado, la ausencia de transporte público y la desarticulación comunitaria. Los homicidios dolosos, por su parte, se distribuyen en función de las disputas territoriales entre bandas del crimen organizado por el control del mercado local de drogas y el tráfico de personas.

Las estructuras religiosas no han evitado la violencia. En varios casos han reproducido lógicas patriarcales y de sometimiento, tolerando dinámicas de género restrictivas y omitiendo la exigencia de justicia frente a los abusos del poder.

Anexos, tortura y vacíos del Estado

El espacio donde la religión sustituye al Estado de forma más drástica es el tratamiento de las adicciones. La investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Olga Lidia Odgers Ortiz, documenta que la estrategia federal de seguridad centrada en el combate al tráfico de drogas desatendió sistemáticamente la salud pública y el tratamiento del consumo.

Ante la ausencia de clínicas públicas de rehabilitación y los costos prohibitivos de los centros privados, las familias marginadas de la ciudad recurren a los «anexos», nombre con el que se conoce a los centros clandestinos o informales administrados en su mayoría por organizaciones religiosas o por exadictos sin formación médica.

Estos centros operan bajo una adaptación del modelo de los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos e imponen un esquema de conversión espiritual obligatoria. La adicción no se aborda como una patología del comportamiento o un problema de neurobiología, sino como una batalla contra fuerzas demoníacas que exige doblegar la voluntad del interno mediante el sometimiento a un “Poder Superior”.

En la práctica cotidiana de estos establecimientos, la disciplina religiosa se desdibuja en abuso sistemático. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado castigos corporales, ayunos forzados, hacinamiento, privación ilegal de la libertad a través de las «patrullas espirituales» y aislamiento prolongado.

La vulnerabilidad de estos recintos los convirtió en blanco directo de la guerra de cárteles. Entre 2008 y 2012, centros como El Aliviane y Tu Vida Empieza Hoy fueron escenario de masacres en las que decenas de internos fueron ejecutados, debido al uso de estos espacios como refugios temporales o puntos de reclutamiento por parte de pandillas rivales.

A partir de 2013, la violencia mutó hacia las ejecuciones selectivas y el secuestro de administradores. Pero el salvajismo persiste: en abril de 2024, seis empleados del centro de rehabilitación Vivir para Amar y Servir fueron vinculados a proceso penal, acusados de torturar durante horas a un interno identificado como Marcos hasta causarle la muerte. El discurso de rehabilitación mediante la fe opera, en estos casos, como un territorio sin ley donde la tortura se disfraza de sanación espiritual.

Disputa por la montaña

El letrero de la Sierra de Juárez constituye, en los hechos, un fenómeno de apropiación del espacio público. David Ernesto Medina Rodríguez, director de Atención a Organizaciones Religiosas del Gobierno Municipal, reconoce la leyenda como un ícono de la identidad local, reproducido en camisetas, tazas, producciones audiovisuales y videojuegos.

Esta lectura institucional justificó que, en 2024, durante la primera administración de Cruz Pérez Cuéllar, el Ayuntamiento participara activamente en la logística del repintado. El Municipio movilizó pipas con más de cuatro mil litros de agua para mezclar la cal que aplicaron más de cuatro mil integrantes de iglesias evangélicas sobre las laderas.

Tanto las autoridades municipales como los líderes religiosos sostienen que la pinta no causa impacto ambiental. Argumentan que la cal es un compuesto natural y que se aplica directamente sobre las rocas, sin alterar la flora ni la fauna.

La perspectiva científica, sin embargo, contradice la versión oficial. Salvador Salazar, el sociólogo de la UACJ, señala que la Sierra de Juárez está catalogada como Área Natural Protegida y sostiene que la presencia masiva de miles de personas, al alterar la escorrentía de las rocas, erosionar el suelo árido y depositar sustancias alcalinas a gran escala, impacta de forma directa el frágil ecosistema desértico.

La permanencia del letrero responde también a un cálculo político-electoral. Las administraciones municipales evitan aplicar las normativas ambientales para no confrontarse con un bloque evangélico compuesto por miles de votantes organizados. Mientras que símbolos de la memoria crítica —como las cruces rosas instaladas en el Puente Internacional Paso del Norte o la Cruz de Clavos para exigir justicia por los feminicidios— son permanentemente incomodados por el discurso oficial, el letrero religioso sobre la Sierra de Juárez cuenta con la protección y el financiamiento logístico del Estado.

En una ciudad fragmentada, despojada de espacios públicos y con una infraestructura urbana colapsada, la consigna grabada en la montaña permanece como un monumento a la fe instrumentalizada: tres mil metros cuadrados de cal que buscan ocultar, desde la altura, el polvo, la adicción y la impunidad que devoran las calles de abajo.