El ataque armado ocurrido ayer jueves en la zona de Misiones de San Miguel, a escasos metros de un colegio y en pleno corazón del corredor escolar ubicado entre las avenidas Valentín Fuentes y Pedro Rosales de León, debería provocar algo más que indignación momentánea.

Un padre de familia fue agredido a balazos después de recoger a su hija de la escuela. La menor, de apenas 10 años, resultó herida de bala dentro del vehículo; está grave.

El atentado ocurrió exactamente en el tipo de espacio que cualquier ciudad supone seguro: la hora de salida escolar, avenidas llena de tráfico, padres esperando hijos, estudiantes desplazándose hacia las rutas de transporte y comercios todavía en plena actividad.

Y aun así, los disparos llegaron hasta ahí. Lo más preocupante es que escenas así ya no generan el nivel de sacudida social que antes provocaban. La ciudad se indigna, comenta el hecho durante unas horas y después continúa su rutina bajo la idea de que la violencia forma parte inevitable de la vida fronteriza.

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En ese contexto, el Índice de Paz México 2026 vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: Juárez ya no figura como la ciudad más violenta del mundo, pero tampoco ha logrado salir del mapa rojo del país.

Durante 2025, la ciudad registró 791 homicidios, con una tasa de 61 asesinatos por cada 100 mil habitantes. La cifra colocó al municipio en el lugar 12 nacional entre las ciudades más violentas de México.

Es cierto: Juárez ya no vive los años de la guerra abierta entre cárteles que dejó más de 3 mil asesinatos en un año.

Pero también es cierto que la ciudad sigue atrapada en una dinámica permanente de violencia criminal, homicidios, ataques armados y presencia de grupos delictivos.

La diferencia es que ahora la violencia parece haberse incorporado al funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Las familias modifican rutas y horarios buscando zonas “más tranquilas”. Los estudiantes aprenden a identificar detonaciones. Los negocios también reaccionan y las autoridades suelen presentar cualquier reducción estadística como si fuera equivalente a una recuperación de la seguridad.

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Ahí está uno de los mayores riesgos actuales. Juárez empezó a compararse únicamente contra su peor pasado.

Como ya no aparecen las cifras de 2010 o 2011, pareciera que la ciudad debe sentirse agradecida. Pero cerca de 800 homicidios anuales siguen siendo una cifra brutal para cualquier comunidad.

Por eso el ataque ocurrido ayer no debería entenderse solamente como un hecho policiaco más, porque es también un recordatorio de que la violencia sigue instalada en la vida diaria de Juárez, aunque las cifras ya no alcancen para encabezar rankings internacionales.

Lamentable es que Juárez dejó de medir la paz y se dedicó a medir cuánto bajó el horror.

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Desde el edificio del eje vial Juan Gabriel, allá donde operan los juzgados civiles y familiares, le llegó otro reporte a Mirone sobre una pifia que se acaban de aventar en el Poder Judicial.

Ya hemos dicho aquí que hay sobrecarga de trabajo en general en los juzgados, que faltan plazas y que hay rebatiña por los espacios.

También habíamos dado cuenta de las grillas que se traen magistrados y magistradas, precisamente por las plazas, peleando a morir entre integrantes del tribunal, con la presidencia y, sobre todo, con el nuevo Órgano de Administración Judicial.

Hay algunas salas del tribunal que arrastran rezago y les faltan secretarios, pero no en todas es la misma situación.

El problema ahora es que sí se autorizaron plazas para mandar a las magistraturas, pero en varios casos no se justifican, precisamente por la cuestión de las cargas laborales.

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Específicamente, hay molestia en Juárez respecto a lo que ocurrió en las tres salas civiles. Tienen cinco secretarios cada una y les autorizaron lo que pidieron: dos más. En las mismas anda la única sala familiar, pero ahí se sabe que es otra historia porque la carga de trabajo es mucho mayor.

Quienes parece que resultaron ganones en la rebatiña son Emmanuel Chávez Chávez, Gloria Angélica Mendoza y Adriana Salcido Burrrola, titulares de las tres salas regionales en Distrito Bravos.

Nadie desconoce en los tribunales que, en las salas civiles, el personal en general y los secretarios en particular se la pasan cachetones y salen temprano. Cada secretario tiene que sacar apenas unos tres asuntos al mes.

Nada que ver con la carga que hay en primera instancia, donde llegan a cada juzgado hasta 20 asuntos nuevos cada día. Traen mucho rezago y no se la acaban con los expedientes que deben radicar.

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De ahí el enojo ante la manera en que se está manejando la apertura de plazas, más con tinte político y las típicas influencias, que considerando verdaderamente las necesidades.

Pero como son las magistraturas las que tienen su asiento y su voz en el Tribunal Superior de Justicia, jalan las posiciones para su rancho, sin priorizar lo que se requiere en los juzgados de primera instancia.

Si ya hacían corajes en los juzgados al ver pasar y marcar salida al personal de las salas, muy campantes a las tres de la tarde, seguramente se retorcerán más ahora que, con las nuevas autorizaciones, en las salas de las magistraturas podrán irse todavía más temprano, mientras que en los juzgados se quedan hasta tarde y ni así alcanzan a sacar el rezago.

A ver si no arman las juezas y los jueces una rebelión.

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Los operadores de la 4T han iniciado ya la recolección de firmas para apoyar su petición de someter a juicio político a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, por haber —dicen ellos— cometido una serie de violaciones tanto a la Constitución Política del país, como a la del estado y a la Ley de Seguridad Pública de alcance federal.

En estricto sentido, una solicitud de ese tipo no necesita acompañarse de mamotretos completos llenos de nombres y firmas de personas que piden sentar en el banquillo de los acusados a algún servidor público encumbrado y/o con fuero. Basta con que una persona lo solicite y demuestre que existen fundamentos para su petición para que el Legislativo emprenda el procedimiento. Emprenda, ojo con eso; no necesariamente que le dé la razón al denunciante.

Hasta ahora, el morenismo operante se ha mantenido rejego a dar una cifra, al menos aproximada, de cuántas firmas esperan recabar. Porque, después de las cuentas alegres de la marcha del sábado —cuando calcularon 20 mil asistentes que nomás no alcanzaron a verse en ninguna fotografía panorámica del sitio donde se celebró la concentración— han optado por irse con tiento y no aventarse a adelantar una cantidad que luego no puedan completar.

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Para efectos procesales, las firmas son apenas la guarnición del platillo, y tanto morenos como oficialistas lo saben. Ese no es el punto.

Lo que busca la 4T es hacer presión política sobre un Poder Legislativo que tienen completamente perdido, incluso con sus propios “aliados”, que acá en Chihuahua son más prianistas que el PRIAN.

Ahora sí que, como dicen en el rancho: una cosa es arrear y otra contar las vacas.

Cien mil firmas que juntaran no alcanzan para reunir los 22 votos necesarios en el Legislativo estatal para aprobar el inicio del juicio; ya no se diga la destitución de la gobernadora.

Ahí está el detalle. Porque el juicio político contra Maru Campos no se resuelve en la Plaza del Ángel ni en Facebook, sino en el Congreso del Estado. Y ahí los números nomás no les dan.

La Constitución local y la propia ley establecen que para imponer sanciones políticas se requieren votaciones calificadas.

Por eso la necesidad de hacer ruido, juntar firmas y tratar de instalar la idea de que la gobernadora va en picada y no hay quién la detenga,

Desde aquí los vemos. A ver si lo logran.

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Entendidos del tema le han confirmado a Mirone que los morenistas empezarán su carrera recoge-firmas entre su base electoral… y clientelar.

Ahí sí que no tendrían mucho problema para acercarse a los 100 mil apoyos.

Nada más hay que echarle el ojo al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para ver que tienen, así nomás a la mano, a unos 52 mil beneficiarios. Algo ha de salir de ahí, sin contar el resto de los programas sociales.

El problema es que el tiempo corre y necesitan mostrar el músculo que no terminó de aparecer el sábado pasado.

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Para eso, Morena ya tiene armado el discurso en favor de la soberanía nacional, pero necesita ofrecer algo más.

Su contraparte no ha dejado de relacionarlos con la delincuencia organizada y eso les puede desactivar cualquier movilización.

Hasta ahora, el asunto parece tener más fuerza en columnas, mesas de análisis, redes sociales y círculos partidistas que en la conversación cotidiana de la mayoría de la población.

Y ahí está el punto que muchos en Morena quizá no quieren admitir publicamente: el juicio político contra Maru Campos parece hoy más una herramienta de presión política rumbo al 2027 que una posibilidad real de destitución inmediata.

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A la marcha del PAN le anda fallando la marcha, porque nomás no arranca.

Desde inicios de semana corrió el dato en redes sociales y notas periodísticas de que el blanquiazul haría su propia manifestación, pero con una tónica totalmente distinta a la de Morena, porque tendría por objeto expresar apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Hasta ayer, la “cita” —que nadie se ha querido atribuir— era para el sábado 30, pero los detalles y la misma convocatoria no han agarrado color. Tampoco se han oído ruidos de movilización ni acciones para instalar la convocatoria en medios y redes sociales.

¿Van o no van, pues?

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Lo que le contaron a Mirone, de fuente muy cercana a esa toma de decisiones, es que no hay mucho consenso con Palacio de Gobierno en torno a hacer una marcha de apoyo a la persona que se encuentra en funciones, como lo habría sugerido la dirigencia nacional panista.

Entre las opiniones encontradas está la de hacer una manifestación que podría verse como “respuesta” a la convocada por Morena hace apenas dos semanas. Devolverles la cortesía sería tanto como darles la dimensión que tanto Gobierno como los partidos que lo respaldan han querido sostener: que aquello fue un fracaso.

En esa misma tónica, hay quienes opinan que salir a exhibir mayor capacidad de movilización en Chihuahua no tiene mayor chiste, pues es bien sabido que en la capital el PAN y sus aliados rifan, controlan y dominan.

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El riesgo para el PAN no es hacer una marcha menor a la de Morena. Lo que han observado quienes ven con reserva esa movilización es que no escaparían de la siempre molesta discusión del “acarreo”, que en Chihuahua tendría algo de sustento nada más con contar a los 13 mil empleados al servicio del Gobierno del Estado, a una parte de los del Congreso y a los del Ayuntamiento.

Juntar a 10 o 15 mil personas no sería problema, o no debería.

En realidad, el PAN está luchando contra su propia historia. En la capital y, en otra época, en Ciudad Juárez, era un partido que llenaba de punta a punta la Plaza de Armas con simpatizantes capaces de pasar tres horas o más oyendo los discursos de sus líderes.

Al panismo de hoy ya no le alcanza para eso, ni tiene aquellas voces que tronaban fuerte en la plaza pública. Ni un Francisco Barrio, ni un Guillermo Luján y, les duela o no, tampoco tienen un “telonero” abre mítines como Javier Corral.

Hasta ahora, le contaron a Mirone, van ganando los que prefieren dejarla como está o, tal vez, esperar un mejor momento para reagrupar al panismo en una demostración de fuerza.

¿Será lo mejor? Habrá que esperar.