En menudo problema está metido medio mundo con esto de los agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente ocurrido en la Sierra Tarahumara, justo el día cuando se localizó y desmontó un gigantesco laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

Ayer durante la “Mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su molestia porque no estuvo enterada de la presencia de agentes extranjeros en una operación de seguridad pública en Chihuahua, y advirtió que pudo haber una violación a la ley por permitir su participación en una operación de ataque a un grupo delictivo.

¿Acaso tendrá razón la primera mandataria? De ser así, habrá que direccionar el reclamo: sí, al Gobierno del Estado de Chihuahua, pero también al Ejército Mexicano, porque ellos también estuvieron en el lugar y, por lo visto, no le avisaron a su comandanta en jefa.

A juzgar por lo ocurrido el sábado 18 de abril, la soberanía es una delgada línea roja que se cruza según el tamaño de la bota militar o policial de quien pone su pie dentro del territorio nacional.

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La presidenta fue clara: el Gobierno Federal no estaba enterado de la participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. No hubo aviso, no hubo coordinación, no hubo —al menos en el papel— autorización. Y eso, en un país donde la seguridad nacional se presume como asunto estrictamente federal, no es un detalle menor: es una grieta.

En este caso, las propias autoridades estatales se han metido en un laberinto, porque su versión del accidente vial suena poco creíble. Chequen las redes sociales para que lo confirmen; lo de que los agentes del vecino país andaban de “instructores”. ¿De qué? Nadie lo ha aclarado.

Tampoco hay dato exacto sobre el vehículo en el que viajaban, ni el punto exacto del accidente.

Lo que sí está a la vista, al menos en las fotos distribuidas por la FGE, es que en el desmantelamiento del laboratorio participaron efectivos del Ejército Mexicano. Si la cosa va en ese tono, entonces también el Ejército se tomó sus libertades, relajó la disciplina y le entró al combate junto con agentes estatales… y los “asesores” estadounidenses.

La versión entregada a Mirone por la FGE es en el sentido de que no eran los mismos hechos. Que una cosa fue el aseguramiento del megalaboratorio y otro asunto del accidente donde murieron los agentes estatales y estadounidenses.

De la presencia de agentes —cuya identidad y agencia de procedencia se sigue guardando con celoso sigilo— también “aclaran” que no intervinieron en el aseguramiento, sino que eran algo así como “coaches” de los agentes estatales.

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La postura oficial del Gobierno Federal gira en torno a que no hay operaciones conjuntas, ni en tierra ni en aire. Que todo se limita a intercambio de información. Que la soberanía está “por encima de todo”.

Y en medio, el dato más delicado: la propia autoridad federal admite que se investiga una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Es decir, no se trata solo de formas, sino de fondo. De quién manda, quién autoriza… y quién decide cruzar la línea. Porque si los estados empiezan a definir por su cuenta hasta dónde llega la “coordinación” con agencias extranjeras, entonces el problema ya no es un operativo aislado. Es otro: que la soberanía dejó de ser política de Estado, y empezó a administrarse por una ventanilla especial.

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La Sesión Plenaria Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia dejó ver que siguen los reclamos y los pleitos por el control de las plazas al interior del Poder Judicial de Chihuahua.

Nunca ha quitado el dedo del renglón el magistrado en materia penal, Rubén Aguilar, hijo de su apá del mismo nombre y apellido, el dueño de la franquicia del PT en Chihuahua.

Al final de la sesión, ya en los comentarios generales, volvió Aguilar a arremeter en contra del Órgano de Administración Judicial, que encabeza la comisionada Karla Reyes, por no atender las peticiones y requerimientos en salas para poder cumplir debidamente con la función jurisdiccional.

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Y como Karla se ha servido con la cuchara grande, igual que la comisionada Minerva Correa, si se trata de llenar espacios con su gente, no podía desaprovechar el integrante del clan Aguilar para insistir con la exigencia de que el Órgano de Administración atienda las solicitudes de las diferentes salas, donde todavía se arrastran pendientes en posiciones tan importantes como las de secretarios.

Aguilar también reclamó porque, de manera muy conveniente, en el área de administración sí se llenan todos los huecos y no en la parte esencial de la función jurisdiccional.

No le falta razón al magistrado Aguilar en cuanto a los oídos sordos desde el Órgano de Administración, aunque la verdad es que también se ha visto mucha tibieza desde la presidencia del Tribunal Superior, para la gestión de ese problema y para enfrentar a ese otro poder interno.

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Tampoco anda perdido el junior que brincó de la política al Poder Judicial, cuando se queja de que a ellos se les ignora, pero sí atienden las “chiplerías” —así lo dijo en la sesión pública— de personajes que andan cargando omisiones y hasta probablemente responsabilidades administrativas por no hacer su chamba.

Aguilar se refirió a la protección que se le ha brindado a Nahim Josafat Lucero, quien fue cesado como director de Tecnologías de la Información, pero inmediatamente se le creó un espacio en materia de gestión penal, para que pueda seguir colgado de la nómina judicial.

Por eso andaba encabritado el magistrado y así lo hizo notar en la sesión: muy diligentes en el Órgano de Administración para acomodar a Josafat, pero omisos para resolver las distintas peticiones de las magistraturas en cuanto al personal necesario.

Así terminó Aguilar su intervención, haciendo un “llamado enérgico” a que el Órgano les resuelva a ellos todos sus pendientes.

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El problema de la falta de plazas va junto con pegado al de la sobrecarga laboral en los juzgados y en las salas del Tribunal Superior de Justicia en materia penal.

También rebotó esa bronca en la sesión ordinaria que magistradas y magistrados sostuvieron en la Ciudad Judicial de la capital del estado, y en la cual la mayoría de las y los titulares de salas del Distrito Judicial Bravos se conectaron vía Zoom.

Aquí habíamos comentado cómo se ampliaron las competencias para juezas y jueces especializados en adolescentes, para que pudieran atender procesos de adultos y desfogaran las cargas de jueces penales de Control y de Enjuiciamiento, antes de que literalmente se volvieran locos con tanta audiencia por desahogar.

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Pues el Tribunal Superior también pensó lo mismo para la segunda instancia y ayer se votó un acuerdo de ampliación de competencias para la sala especializada en adolescentes del Distrito Judicial Morelos.

Claro que por todos lados hay resistencias, ya que a nadie le gusta dejar la zona de confort y trabajar más por el mismo sueldo, pero sí se tuvo que actuar institucionalmente porque simplemente no es justo que las personas juzgadoras, de primera o segunda instancia, tengan cargas tan desbalanceadas.

No se dijo nada del Distrito Judicial Bravos, no sabe Mirone por qué, si acá las problemáticas siempre están al doble que en la capital del estado, pero sí se votó el acuerdo de ampliación de competencias y hasta un cambio de nombre para la sala del Distrito Judicial Morelos, que ahora se llamará Octava Sala Penal y Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes.

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O sea que en materia de adolescentes no había tanto trabajo como con adultos y por eso se quiso oficializar la distribución más equilibrada de las cargas.

Sin embargo, llamó la atención que aunque sí apechugó la magistrada especializada, Claudia Juárez, también se le tomó en cuenta la condicionante de que se acepten los expedientes de adultos, hasta que se cuente con los recursos materiales y el personal suficiente, por lo menos igualando al que tienen las salas penales para adultos.

De alguna manera le aventaron otra papa caliente al Órgano de Administración Judicial, de la comisionada Karla Reyes.

Falta ver cómo le hace la comisionada presidenta del OAJ. Quién sabe si vaya a mostrar voluntad para resolver esa urgencia y quién sabe si exista suficiencia presupuestal.

Ahí está otro gran problema de fondo: con la reforma creció todo el aparato de justicia —tanto en los requerimientos y en las funciones como en el organigrama—, pero el presupuesto no aumentó en la misma proporción.

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El cambio de nombre a tres de las vialidades más transitadas de la capital del estado por el de personalidades vinculadas al PAN es un hecho.

Así está contemplado en el orden del día de la sesión de Cabildo a celebrarse el miércoles 22 de abril, donde se presentarán, de una en una, las tres propuestas: la avenida de las Industrias llevará ese nombre, más el apellido “Samuel Kalisch”; el Circuito Universitario, el del exgobernador Francisco Barrio Terrazas y, finalmente, la avenida La Cantera sumará el de Víctor Cruz Russek.

Los tres puntos estuvieron a sube y baja desde el viernes pasado, cuando se envió a los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua los puntos a contemplar en dicha sesión. En la primera, no se había anotado el cambio de nombres, pero en la que recibieron este lunes, sí.

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La avenida de las Industrias es una de las más extendidas de toda la ciudad. Forma parte de un largo eje vial que inicia prácticamente en la entrada desde Ciudad Juárez y termina en el Canal Chuvíscar, donde atraviesa un puente y, de ahí hasta la salida a Delicias, lleva el nombre de Carlos Pacheco.

La intención de agregar el nombre de Samuel Kalisch, connotado empresario y primer presidente de la Fechac, levantó polémica incluso entre los propios, quienes cuestionan el “bautizo”, pues en dado caso —dicen— merecería el de Federico Terrazas Torres, fundador de Grupo Cementos de Chihuahua, cuya planta se ubica precisamente en esa vialidad.

Del Circuito Universitario, lo menos que se ha dicho es que el PAN pretende lavarse la cara del constante desaire que le hicieron al exgobernador Francisco Barrio durante las últimas dos administraciones estatales. No les faltaría razón.

Pero lo de la avenida La Cantera sí que ha levantado polvareda, porque se trata del nombre de un empresario fallecido recientemente, cuyo dato más relevante en los tiempos actuales es que era el esposo de la gobernadora en funciones.

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El cambio de Circuito Universitario por Francisco Barrio será el punto siete; el de La Cantera por Víctor Cruz Russek, el ocho; y el de Las Industrias por Samuel Kalisch, el nueve.

Los habían bajado; luego dejaron solo los de Kalisch y Cruz Russek y, al final, regresaron el de Francisco Barrio.

Según le contaron a Mirone, la orden bajó desde lo más alto y, por lo visto, va porque va. Recibirá solo tres votos en contra: los de los regidores de Morena, mientras que el resto levantará la mano o, como diría Capulina, “lo que diga mi dedito”.

De poco servirán los reclamos, las peticiones a través de Change.org y las propuestas alternativas: las vialidades tendrán “apellido” azul.