El caso de los 386 cuerpos hallados en el crematorio Plenitud aún no está cerrado y existe la posibilidad de que el propietario del establecimiento regrese a prisión, además de que el expediente podría escalar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) si las instituciones del Estado mexicano fallan en garantizar justicia, advirtió Luis Javier Ortiz Beltrán, exjuez de Control.
En entrevista con Norte Digital, el juez en retiro explicó que la resolución del juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, que dejó en libertad a José Luis A. C., no es definitiva. Un Tribunal Colegiado federal puede revisarla y eventualmente revertirla, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) impugnó el amparo.
Ortiz Beltrán calificó la resolución como “muy legaloide”, al señalar que el juzgador entró al fondo del asunto cuando el caso aún se encontraba en etapa de investigación, lo que, a su juicio, resultó preocupante.
Explicó que el juez pudo haber limitado su análisis a la constitucionalidad del proceso o incluso negar el amparo, pero decidió resolver de fondo “matando el asunto, por así decirlo”.
Señaló que ahora corresponde al Tribunal Colegiado analizar si el juez de Distrito se excedió en sus atribuciones y si debió ceñirse únicamente al estudio de la vinculación a proceso. De considerarlo así, el órgano colegiado podría corregir la resolución y revertir el fallo que permitió al propietario del crematorio enfrentar el proceso en libertad.
Subrayó que existe un plazo de 10 días para interponer el recurso de revisión, trámite que corresponde a los abogados de la FGE.
Caso Plenitud: familias pueden intervenir directamente en el proceso
El especialista en derecho señaló que los familiares de los fallecidos tienen derecho a participar activamente en el proceso penal mediante el nombramiento de asesores jurídicos ante la FGE, ya que actualmente la representación recae principalmente en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Explicó que las organizaciones ciudadanas que han encabezado manifestaciones por el manejo del caso del crematorio Plenitud, si cuentan con personalidad jurídica reconocida por la Fiscalía, pueden fungir como asesores jurídicos y coadyuvantes de la representación social.
Indicó que, al nombrar representantes legales, los familiares pueden conocer de primera mano las actuaciones jurídicas y vigilar el desarrollo del proceso.
Añadió que mientras no exista una sentencia, los organismos y familiares pueden solicitar este reconocimiento para hacer valer sus derechos dentro del procedimiento penal contra el propietario del crematorio.
Asimismo, pueden presentarse como terceros interesados en el juicio de amparo y adherirse para que las instancias federales tomen en cuenta sus argumentos.
“No sé por qué no se han constituido, no sé si hay barreras de la Fiscalía”, expresó.
Reformas congeladas y omisión del Estado
Ortiz Beltrán consideró llamativo que la autoridad estatal no haya impulsado reformas legales para atender de fondo el problema, como lo sería la modificación del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Recordó que al menos tres iniciativas se presentaron para normar las conductas relacionadas con el manejo de cadáveres, pero no hubo voluntad política para concretarlas.
Aclaró que, aunque dichas reformas no podrían aplicarse de manera retroactiva, sí habrían representado un acto de justicia y una forma de resarcir el daño institucional.
Precisó que el PRI, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron iniciativas en el Congreso del Estado, pero las enviaron a la congeladora sin siquiera analizarlas.
Señaló que se pudo haber construido una reforma sólida, pero todo se frenó, lo que deja abiertas diversas lecturas sobre la actuación del Estado.
Juárez y la ruta internacional
El juez en retiro advirtió que el caso de los 386 cuerpos hallados en un crematorio de Ciudad Juárez tiene elementos suficientes para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si lo promueven los propios afectados.
Recordó que Ciudad Juárez ya fue escenario de casos históricos ante instancias internacionales, por lo que, si las instituciones del Estado mexicano fallan nuevamente, el caso Plenitud podría seguir esa misma ruta.
Para ello, explicó, los familiares deberán contar con abogados especializados en litigio estratégico o internacional, como ocurrió en el caso Campo Algodonero.
“Si fallaron las instituciones del Estado mexicano, son revisables por la Corte, que es el máximo tribunal en materia de derechos humanos”, concluyó.
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