Luego de una audiencia de aproximadamente una hora realizada en la Sala 1 de la Ciudad Judicial, se ordenó dejar en libertad a José Luis A. C., dueño del crematorio Plenitud, al determinarse que no existían delitos graves que justificaran mantenerlo en prisión.
La resolución se basó en un amparo concedido previamente por un juez federal, en el que se estableció que las faltas detectadas en el funcionamiento del crematorio —donde fueron localizados 386 cuerpos— corresponden a irregularidades administrativas y no a conductas criminales.
Durante la audiencia, el juez explicó que en el señalamiento por ocultamiento de cuerpos no se acreditó la intención de esconderlos, ya que el inmueble operaba abiertamente como crematorio y las autoridades tenían conocimiento de las actividades que ahí se realizaban.
Se indicó que el lugar era utilizado para la preparación e incineración de cuerpos, que los testigos sabían quién era el propietario y responsable del negocio, y que dependencias estatales estaban enteradas de su operación.
Incluso, se mencionó que instancias como Ecología y la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios habían otorgado permisos y realizado inspecciones al establecimiento.
En cuanto a la conservación de los cuerpos, se señaló que estos fueron preparados y embalsamados. Aunque se reconoció que el inmueble no contaba con las condiciones adecuadas, el juez consideró que esa omisión también corresponde a una falta administrativa.
Con base en estos argumentos, el juez concluyó que no existían elementos legales para procesar penalmente a José Luis A. C., por lo que ordenó su liberación inmediata.
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