El coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, rechazó que el amparo concedido al dueño del crematorio Plenitud sea consecuencia de la reforma judicial y trasladó la responsabilidad a la Fiscalía General del Estado (FGE). “No puede tener un cheque en blanco”, afirmó.
En conferencia de prensa, el legislador cuestionó la liberación bajo caución de José Luis A. C., propietario del crematorio donde fueron hallados 390 cadáveres sin incinerar, acumulados durante tres años. La medida fue otorgada por el juez Luis Eduardo Rivas Martínez, electo por voto directo en el proceso de 2024.
Para Estrada, más allá de la actuación del juez —que deberá ser revisada por un tribunal colegiado—, el foco debe ponerse en la integración de la carpeta de investigación.
“Si el colegiado dice que el juez actuó mal, tendrá que reponer el procedimiento. Pero si actuó bien, entonces hay que preguntarnos qué hizo la Fiscalía”, advirtió.
El diputado puso en duda que la FGE haya acreditado todos los posibles delitos, como la presunta entrega de restos que no correspondían a la persona fallecida o el relleno de urnas con sustancias distintas para simular cremaciones.
Incluso señaló que no observa la integración del delito de fraude, lo que —dijo— pudo haber debilitado el caso.
“No podemos darle un cheque en blanco a la Fiscalía”, insistió.
Estrada abrió otro flanco al referirse a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), dependencia estatal encargada de vigilar el funcionamiento del crematorio.
“¿Qué pasó con las autoridades responsables de la inspección y vigilancia sanitaria? ¿A quiénes se les vinculó? ¿Qué resultados hay sobre posibles omisiones o complicidades?”, cuestionó
Planteó que, si durante tres años el negocio operó con irregularidades sin una intervención efectiva, también debe revisarse la actuación de funcionarios estatales.
“¿La Fiscalía investigó si hubo responsabilidad de servidores públicos en la inspección y supervisión? Eso también debemos preguntarlo”, subrayó.
Aunque admitió que “a primera vista” la resolución judicial genera dudas, Estrada dejó claro que la revisión de fondo corresponde al tribunal colegiado. Sin embargo, insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en el juez.
“El combate a la impunidad empieza por integrar bien las investigaciones. Y en este caso, la Fiscalía también tiene su parte”, concluyó.
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