Las agencias estadounidenses andan metidas hasta la cocina en Ciudad Juárez y se enteró Mirone que hace días se llevaron del Cereso Estatal número 3 a una de las personas cuyo nombre apareció en la cartulina amenazante colocada el pasado fin de semana en el exterior de la Notaría Pública número 9.

“Para todos los marranos de licenciados de esta Notaría 9, sigan ayudando a René Herrera López”, decía una parte del mensaje que dejó la célula criminal después de atacar las oficinas a cargo del notario Manuel del Villar.

En el mensaje, que se atribuyó el Cártel de Juárez, así en términos amplios o genéricos (por aquello de que hay muchas derivaciones o subgrupos), soltaron otro nombre: Antonio Sánchez Dorantes, como otro supuesto receptor de favores de los abogados.

Pues sobre el primer nombre trascendió que Herrera López ya estaba en prisión por cuestiones de extorsión y otros delitos. Logró ser detenido luego de operar aquí, presuntamente enviado desde Durango para recuperar o tomar bienes para uno de los grupos criminales.

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Al parecer también le entró a aquello de lo que habló el fiscal Carlos Manuel Salas, cuando dijo que el crimen organizado se estaba dedicando al despojo de propiedades mediante la falsificación de documentos y la suplantación de identidad.

Ahí es donde entran las notarías que, por amenazas o por ser parte del negocio, validan documentos y transacciones que dan su barnizada de legalidad a los despojos.

Lo que llama la atención es cómo hay en este tema una conexión con la operación fronteriza de las agencias estadounidenses. La versión que le hicieron llegar a Mirone señala que Herrera López salió del penal juarense el mes pasado a bordo de una camioneta diplomática estadounidense.

Luego apareció su nombre en los registros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con estatus de “bajo custodia” en un centro de procesamiento de Texas.

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Con eso de que los gringos andan en busca de la mayor información posible, no extraña que se presente una mezcolanza en los objetivos, tareas y funciones de las agencias, con el fin último de pegarles a los narcotraficantes que ya son considerados terroristas. Y si de pasada obtienen información de la narcopolítica, mejor.

Qué tanto sabe René Herrera López para que las agencias estadounidenses se lo llevaran del Cereso, es la pregunta que hoy circula en los corrillos. Porque la versión que corre entre quienes siguen el caso no habla de una extradición cualquiera, sino de un verdadero ‘rescate’.

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Hace poco más de un año, el 3 de junio de 2025, Norte Digital publicó un amplio reportaje en el que documentó el peligro al que está sometida Ciudad Juárez por el irregular confinamiento de llantas de desecho en terrenos del relleno sanitario municipal.

“La bomba de tiempo que se esconde en el patio trasero de Ciudad Juárez” fue el título del trabajo, cuya problemática cobra hoy más vigencia que nunca tras el incendio registrado la madrugada del martes.

La coyuntura electoral contamina más que cualquier incendio, pero, al margen de las acusaciones entre distintos actores políticos sobre responsabilidades y búsqueda de culpables, lo cierto es que históricamente ninguna instancia de Gobierno ha dado al problema de la acumulación de llantas la atención que requiere.

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Bien advirtió Norte Digital que ahí se cocinaba una catástrofe ambiental, porque el confinamiento, otrora ordenado, terminó convertido en un tiradero donde a diario se arrojan cientos y hasta miles de neumáticos de desecho.

Las propias autoridades calcularon que había ahí unos 3 millones de llantas, así que un año después la cifra seguramente es mayor.

Afortunadamente, el incendio del martes pudo ser relativamente controlado y no se extendió a todo el confinamiento, lo que sí habría resultado catastrófico al generar una contingencia ambiental capaz de paralizar a toda la ciudad.

El humo que produce la quema de llantas es altamente tóxico, pues contiene sustancias como dióxido de azufre, dióxido de carbono, plomo y mercurio.

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Ojalá no haya mayores consecuencias, pero ese humo tóxico bien puede disparar las enfermedades respiratorias entre los juarenses, que de por sí padecen una mala o pésima calidad del aire durante buena parte del año.

Aunque este incendio quede completamente sofocado, el problema seguirá siendo el mismo: el riesgo latente de un incendio de gran magnitud, con las consecuencias ya señaladas, además del impacto a la salud pública por la fauna nociva que prolifera con  estos desechos, incluidos mosquitos transmisores del virus del Nilo Occidental y enfermedades como el dengue.

El punto es que la autoridad municipal responsable del confinamiento luce rebasada, pero tampoco el Gobierno del Estado ni el Gobierno Federal han impulsado acciones o invertido en proyectos que resuelvan de fondo el destino de las llantas de desecho, pese a que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida por los tres órdenes de Gobierno.

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Para el exgobernador César Duarte hay dos noticias: la mala y la peor.

Primero la mala: la jueza que conoce de su causa autorizó que los procesos penales que enfrenta en el fuero común continúen a distancia, por vía electrónica, lo que significa que no será necesario trasladarlo a Chihuahua para presenciar las audiencias relacionadas con el juicio que enfrenta.

Dicho de otra manera: la Fiscalía General de la República (FGR) no lo va a soltar tan fácilmente. Si lo requieren para alguna audiencia en su estado natal, podrá comparecer vía Zoom desde el penal del Altiplano.

Ahora la peor: a su petición le dieron un batazo que ni un jonronero de las Grandes Ligas habría mandado tan lejos. La causa sigue; no procede el sobreseimiento que solicitó y, con independencia del proceso federal, el expediente en Chihuahua continúa su curso.

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La audiencia también marcó el estreno del despacho Soto, Orduño y Asociados, de Nuevo Casas Grandes, como nueva representación jurídica del exmandatario en el juicio que enfrenta por peculado y asociación delictuosa agravada.

Se trata de Javier Soto Orduño, cabeza del despacho, así como de César Guillermo Márquez Villa, César Octavio Guadarrama Palomino y Héctor Iram López, quienes relevaron al grupo de abogados que defendió al exgobernador prácticamente desde su detención, en Miami, en 2020.

La misión no era sencilla: conseguir el sobreseimiento —es decir, la cancelación del proceso— y obtener el auto de libertad, al menos en esta causa, donde se le acusa de haber desviado más de 96 millones de pesos del erario de Chihuahua hacia empresas y organizaciones de “rótulo”, en las que él mismo habría tenido un papel preponderante.

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La audiencia también significó el estreno de la jueza de control Ana Portillo García al frente del expediente, un caso que, por cierto, ya ha pasado por cinco juzgadores distintos.

Si bien Duarte obtuvo recientemente un importante respiro en el ámbito federal, con el amparo concedido por un juez de distrito del Estado de México para suspender de manera definitiva el proceso por lavado de dinero, ese fallo únicamente congeló el procedimiento; no le abrió la puerta de la libertad.

El sobreseimiento del caso en Chihuahua habría significado un paso gigantesco hacia la recuperación de su libertad, pero, por lo visto, las cosas ya no están como en aquel junio de 2024, cuando una jueza le permitió salir de prisión con una medida cautelar. Algo cambió desde entonces. O quizá cambiaron muchas cosas.

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El caso del diputado Francisco Sánchez Villegas, mejor conocido en los pasillos del Congreso como Pancho El Congelador, llegará en breve a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se decidirá si le quitan de encima el cúmulo de iniciativas congeladas que mantiene bajo una gruesa capa de hielo.

No son asuntos menores. Entre ellas está la reforma a la Ley de Salud para sancionar a crematorios, funerarias y panteones que incurran en irregularidades como las exhibidas hace un año en el caso Plenitud.

Es la bancada de Morena la que solicitará que, al menos, cinco iniciativas turnadas a la Comisión de Justicia, presidida por Pancho El Congelador, sean enviadas a otras comisiones donde, por lo menos, tengan posibilidades de avanzar.

Razones no les faltan. Basta ver que las reformas relacionadas con panteones, crematorios y funerarias están a punto de cumplir un año sin siquiera asomarse al dictamen.

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Pero ese no es el único expediente espinoso que permanece arrumbado sobre el escritorio de la Comisión de Justicia.

Ahí también duermen iniciativas para sancionar la cohabitación forzada, castigar con mayor severidad la zoofilia, prohibir las llamadas terapias de reorientación sexual (Ecosig), endurecer las penas por distintas formas de violencia de género y fortalecer el combate a la tortura, por mencionar apenas algunos botones de la enorme colección de asuntos que siguen metidos en el ‘refrigerador’.

Lo que más calienta los ánimos, le cuentan a Mirone, es que se trata de una comisión bastante rechoncha, integrada también por otros seis diputados, entre ellos el coordinador del PAN, Alfredo Chávez, y el presidente del Congreso, Guillermo Patricio Ramírez. Y ni así logran acelerar el paso.

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Si bien Morena lleva cierta ventaja política en la Jucopo, eso no significa que el cambio de comisión vaya a aprobarse en automático. Se trata de un órgano colegiado donde los guindas están lejos de tener mayoría.

Además, la petición también podría topar con pared. Hay otras comisiones, incluso encabezadas por diputados de Morena, que tampoco destacan precisamente por la velocidad con la que dictaminan los asuntos.

Más bien, lo que parece abundar en la actual Legislatura es una extensa red de frigoríficos legislativos, donde descansan —en paz y bien refrigeradas— decenas de iniciativas cuyo turno nunca llega. Y pensar que ese Poder Legislativo que tan poco legisla les cuesta a los chihuahuenses más de mil 23 millones de pesos al año.