Al entrar en la recta final la administración estatal, y en el marco del IV Informe de Gobierno que presentará el gobernador Javier Corral el próximo martes 2 de febrero, resalta la fallida estrategia en el manejo de la situación financiera de la administración estatal y el incremento de la cada vez más impagable deuda pública.
En medio de los sobresaltos financieros y los vaivenes por la pandemia, la actual situación financiera del Gobierno estatal obligó a recurrir al endeudamiento bancario. Por lo tanto, las próximas autoridades que resulten electas el próximo 6 de junio, recibirán un estado con una de las deudas más cuantiosas en todo el país, y sin solvencia para maniobrar los primeros meses.
De acuerdo con estimaciones de la misma Secretaría de Hacienda estatal, los cálculos indican que Chihuahua en este momento tiene una megadeuda a largo plazo que alcanza los 58 mil millones de pesos. El monto es 12 mil millones mayor que cuando Corral inició su Gobierno, en octubre de 2016.
Además, el nuevo Gobierno no tendrá liquidez y batallará para iniciar con solvencia económica, según los pronósticos de algunos legisladores en el Congreso del Estado.
«Está claro que el Gobierno está quebrado»
Aunado a lo anterior, Chihuahua se perfila en 2021 para maniobrar con un déficit presupuestal por quinto año consecutivo. Esta vez es de casi 5 mil millones de pesos.
De 2017 al 2021, en el acumulado del déficit hay 17 mil millones de pesos. “Eso nos habla del pésimo manejo de las finanzas en el Gobierno de Corral”, dijo a Norte Digital el diputado Miguel Ángel Colunga, de Morena.
“La única solución que parece que conocen es acudir a los créditos de corto plazo por falta de liquidez”, expuso. “Está claro que el Gobierno está quebrado”.
Como consecuencia, para los últimos meses de la administración estatal anunció que se reduciría el presupuesto en casi todas las secretarías.
Hasta el pasado mes de octubre, la deuda per cápita de Chihuahua era de 13 mil 610 mil pesos, considerada la más alta del país.
Deuda pública: Urge replantear la austeridad
Además de lo anterior, recientemente se dio a conocer la baja en la calificación de las finanzas estatales por parte de HR Ratings.
De acuerdo con el economista Isaac Sánchez, de la UACJ, lo más sensato para el cierre de la administración deberá ser la moderación en el gasto y evitar contratar más deuda. También planteó la urgencia de reforzar las medidas de austeridad dentro del Gobierno estatal.
Recientemente Isaac Sánchez también comentó a este medio que hay tres elementos importantes que deben considerarse para este año y que podrían impactar en la inmediata situación financiera del estado: que en septiembre de 2021 se da un cambio de gobernante, y se vive un escenario electoral; la reducción significativa de las participaciones federales, y el incremento en el gasto corriente, como lo es el caso de áreas de salud y educación.
“Coincido con la agencia calificadora que deberá buscarse en los siguientes meses trabajar con estricta austeridad y no realizar un mayor gasto corriente, para que no se caiga en mayor endeudamiento”, mencionó.
Endeudamiento a corto plazo
Por otro lado, en relación con el endeudamiento de corto plazo, el secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez reconoció que el Gobierno corralista solicitó en los últimos cuatro años 29 préstamos bajo ese esquema, por un monto cercano a los 15 mil millones de pesos.
“Solo quedan pendientes de liquidar 2 mil 916 millones de pesos que serán cubiertos antes del 31 de mayo”, dijo.
“Los bancos no tienen ni sombra de duda de que se va a pagar ese compromiso”, aseguró el secretario.
Sin embargo, contrastó que de 2010 a 2016, periodo de César Duarte, se realizaron 119 operaciones de corto plazo por 71 mil 717 millones de pesos, a una sobretasa de 2.58 por ciento, en promedio.
«Se hizo un esfuerzo de reestructura de la deuda»
A principios de año el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez explicó que la deuda pública del Estado se ha mantenido en condiciones similares a aquellas cuando se recibió el Gobierno de César Duarte. El motivo es que uno de los créditos contratados está basado en UDI (unidades de inversión), y su valor se debe actualizar cada año.
El funcionario estatal detalló que los pasivos heredados alcanzaban los 49 mil millones de pesos. Esto obligó a “hacer un esfuerzo de reestructura de todos los créditos logrando en su mayoría mejores condiciones de pago y menor interés”.
La bursatilización que se contrató al final del sexenio de Duarte ofreció como garantía de pago los ingresos por cuota de carreteras. Se compuso de tres emisiones, dos de ellas en pesos y una con un valor de 13 mil millones a través de UDI.
Debido a las condiciones en que se contrató, esta última emisión resultó más cara en el prepago que conservarla en los términos originales. Por lo tanto, hasta el 2023, no será posible hacer modificaciones al pago.
Pese a la reestructura y los pagos que ha hecho el Estado para intentar reducir la deuda, el valor de esta emisión pasó de 13 mil a 15 mil millones de pesos. Por este motivo los pasivos se mantienen en condiciones similares a lo largo de los últimos cuatro años.
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