Ante la reiteración en diversos medios de comunicación de parte del presidente del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, Sergio Madero Villanueva, de no estar enterado que la SCT ya estableció que antes de hacer obras en la ciudad con dinero del peaje de los puentes primero deben cumplir con un orden de prioridad ordenado en el título de concesión, el empresario Manuel Sotelo Suárez -en su calidad de representante social del fideicomiso- envió una carta a medios de comunicación en la que informa que ya hizo del conocimiento del gobernador Javier Corral la irregularidad y le pide intervenir.
Lo anterior debido a que Madero Villanueva en diversas ocasiones ha negado ante medios de comunicación locales tener conocimiento de esa circunstancia, hecho que quedó desmentido por Sotelo al exhibir un oficio de la SCT en el que se da el detalle del asunto y que tiene la firma de recibido de Madero.
“En el oficio 3.4 a que se alude en el numeral uno del presente, entre otros conceptos, se hace constar que la SCT no ha autorizado el inicio ni la realización de obra alguna en beneficio del municipio de Juárez y que (por) la licitación de las mismas e inició de algunas, la Concesionaria, (Fideicomiso), se hará acreedora a las sanciones correspondientes por parte de la SCT”, refirió la misiva firmada de recibida por el director del fideicomiso.
“Lo hemos dicho varias veces, que el título de concesión establece que antes de hacer obras en la ciudad, y no estamos en contra de que se hagan, primero deben cumplir con la modernización de los puentes, la fibra óptica, el sistema de peaje, etcétera, etcétera, y si no lo hacen así están poniendo en riesgo que la ciudad pierda esa concesión”, alertó Sotelo, luego de entregar una copia de la misiva en la redacción de Norte Digital ayer lunes.
El también líder transportista recordó que la condición 25.3 del título de concesión es clara al referir que primero se deben hacer las obras de modernización en los puentes internacionales y después, con los remanentes, hacer obras en la ciudad.
En el escrito Sotelo detalló el proceso que siguió para tratar de transparentar la gestión que ha realizado tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como en el despacho del gobernador Javier Corral, sin haber obtenido respuesta del Gobierno estatal hasta la fecha.
La intención es que los integrantes del comité técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, y la comunidad juarense en general, estén al tanto de lo que calificó como un intento de la actual administración estatal de usar ilegalmente recursos del peaje de los puentes internacionales para construir obras que afectarían la movilidad urbana y la competitividad de la frontera.
El señalado uso ilegal del dinero podría traer como consecuencia que se perdiera la concesión del peaje a favor de la ciudad, alertó en la carta, haciendo referencia al oficio fechado el 4 de diciembre en el que el director nacional de Desarrollo Carretero de la SCT, Ricardo Erazo García Cano, plantea dicha situación ante un cuestionamiento de la diputada federal de Morena Esther Mejía.
Norte Digital publicó la carta íntegra en una nota del martes 10 de diciembre de 2019, sin embargo, en reiteradas entrevistas con diversos medios, el aludido director del fideicomiso -Sergio Madero Villanueva- negó tener conocimiento del oficio.
Los antecedentes
En el fondo del asunto está el controvertido tema de los puentes enanos que la administración estatal insiste en construir en la avenida de las Torres, desoyendo la norma federal que exige una altura mínima (gálibo) de 5.50 metros.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Felipe Siqueiros, presentó un proyecto en el que los puentes serían de solo 4.00 metros y después de meses de jaloneos con el sector de la construcción modificó la postura elevando la altura a 4.30.
Sin embargo, el año pasado, antes que el Gobierno empezara a socializar la propuesta de Siqueiros, basada en modelos urbanos de algunas ciudades de Europa, muy alejadas de la realidad urbana de Ciudad Juárez, el entonces subsecretario de Obras Públicas Andrés Carbajal Casas había presentado una propuesta distinta.
Carbajal confirmó a Norte Digital que el primer proyecto sí respetaba la altura de 5.50 metros y además contaba con un estudio técnico que demostraba, con una animación virtual basada en datos proporcionados por el propio Gobierno, cómo mejoraban los flujos vehiculares y peatonales.
Ni el gobernador Javier Corral ni el secretario de Obras Públicas Gustavo Elizondo, ni su segundo en la frontera Roberto Barraza, y tampoco el director del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos Sergio Madero Villanueva han dado una explicación técnica que sustente la decisión de hacer los puentes por debajo de lo que marca la norma.
Desde mayo del año pasado, como miembro del comité técnico del fideicomiso y a su vez integrante del Consejo Coordinador Empresarial, Sotelo pidió que le fueran exhibidos estudios técnicos que sustentaran que el proyecto de Desarrollo Urbano liberado por Siqueiros era mejor que el de Obras Públicas de Andrés Carbajal.
Pasaron los meses y la información no fue transparentada por ninguna de las áreas involucradas del Gobierno del Estado.
El tema se complicó cuando se conoció, por la intervención de Sotelo, que además de pretender realizar obras fuera de la norma, el organismo administrado por el estado estaba incumpliendo un ordenamiento directo de título de concesión otorgado por la SCT en 2015.
Respecto al escrito entregado por Sotelo a diversos medios de comunicación, Norte Digital hizo contacto con el director del fideicomiso Sergio Madero Villanueva.
«La SCT no me ha remitido oficio en tal sentido», respondió el funcionario ante el cuestionamiento.
El 31 de octubre de 2019, el propio Madero había dicho en una entrevista con este medio que no se necesitaba una carta de no objeción por parte de la SCT para que la concesionaria, es decir el fideicomiso, pudiera realizar las obras en la ciudad –los puentes enanos, la modernización del BRT 1 y obras pluviales– de manera simultánea a las obras de modernización de los cuatro puentes internacionales.
Madero refutó que en el título de concesión no existía un requisito así, a pesar de que en el oficio exhibido por Sotelo se hace referencia específica precisamente a la condición 25.3 que lo establece.
“La no objeción solo se requiere para realizar las obras del mismo título de concesión, tan es así que todas las demás obras autorizadas están siguiendo su curso, tenemos una serie de licitaciones corriendo en los rubros de transporte y drenaje pluvial”, respondió Madero en aquella ocasión.
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