Sin ninguna duda la seguridad es el otro gran problema de Chihuahua. En momentos en que se eligen nuevo Gobierno y nuevos representantes, Mirone piensa en el tiempo después, cuando el lunes 7 las balaceras y las matanzas sigan siendo el telón de fondo de la entidad. ¿Hasta cuándo? Para responder cuándo terminará la violencia es importante preguntarse cuándo se inició, tal como decían los romanos: “Si quieres solucionar un problema, ve al lugar donde comenzó”.

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Todo comenzó cuando en 1992 el PRI perdió las elecciones locales y las viejas reglas de juego convenidas entre el régimen de turno y el crimen organizado cayeron rotas en el piso. Hubo un nuevo reparto de cartas y un revolucionario game over. La búsqueda de la anhelada normalidad se hizo a sangre y fuego y todavía continúa, frente a Gobiernos que solo tienen un cuatro de copas en la mano.

Sabiendo que con Reyes Baeza no comenzó todo, con él sí conocimos la profundidad del abismo en el que nos metieron. El deliciense fue gobernador entre los años 2004 y 2010, cuando la guerra contra el narcotráfico no existía y era presidente el panista Vicente Fox Quezada. El PRI había perdido las elecciones nacionales, pero era un miembro firme de la alternancia democrática, un régimen que prometía mucho y terminó completamente desgastado en tres sexenios, aunque todavía no eran malos tiempos para el priismo que no veía acercarse la tormenta y Reyes Baeza fue considerado el mejor gobernador del país en 2007. La ilusión duraría muy poco.

En 2004 hubo en todo Chihuahua un total de 484 homicidios, una cifra que se mantendría sin grandes cambios hasta 2007 (520 homicidios) y que venía descendiendo paulatinamente desde 1995 (750 homicidios). La década tranquila llegó a su fin en 2008 cuando la curva se elevó abruptamente hasta un total de 2 mil 682. Aunque la cantidad de homicidios de los primeros años era baja comparada con la hecatombe posterior, Chihuahua ya ocupaba el primer lugar nacional en ejecuciones.

Para las mujeres la pesadilla de muerte había empezado antes y en el sexenio de Francisco Barrio ocurrieron 228 feminicidios, que crecieron un 24.56 por ciento con Patricio Martínez y explotaron hasta un 245 por ciento con Reyes Baeza hasta el paroxismo de César Duarte y su incremento del 378 por ciento. El año 2010 superó todas las marcas con 446 feminicidios.

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Reyes Baeza se vio enfrentado a un desafío insuperable de inseguridad pública, más la presión de los cárteles del narcotráfico produciendo ataques armados y ejecuciones. Durante su gobierno también arreció la violencia contra las fuerzas de seguridad y de defensa, con 20 asesinatos en 2007, la mayor cifra desde 1990. La situación ya se había salido de control y el Gobierno del Estado parecía tener cierta responsabilidad en ello.

El propio gobernador relató la escalada de la violencia durante su gobierno en una entrevista con Bibiana Belsasso: “Cuando yo llego en 2004 el tema no era tan serio. Teníamos un problema, sí, pero en 2005 y prácticamente en 2006 y 2007 se presenta un pico más elevado”.

Emulando en modo trágico a Benito Juárez, el gobernador terminó recomendando en 2010 que los habitantes de Ciudad Juárez se refugiaran en sus casas, cuando el clima de violencia ya era una pandemia de inseguridad. A pesar de la dantesca situación, el gobernador consideraba que la ola de violencia en Chihuahua era pasajera, aunque no tuviera elementos disponibles para erradicarla ni mucha idea de cómo hacerlo.

Como nada funcionó adecuadamente las autoridades se vieron obligadas a anunciar en el mismo año 2010 el traslado de los poderes públicos del estado a Ciudad Juárez, cuando la ola de violencia ya había acabado con la vida de 230 personas. Buscando seguridad y huyendo de una ciudad insegura a otra más insegura aún, el rumbo ya estaba totalmente perdido.

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¿Por qué se produjo la epidemia de violencia en Chihuahua bajo el Gobierno de Reyes Baeza? Mirone investigó y encontró dos grandes motivos: el primero fue la iniciativa del presidente michoacano Felipe Calderón Hinojosa de iniciar la guerra contra el narcotráfico en 2006, inaugurándola el 11 de diciembre en su propia entidad con la intervención masiva de las fuerzas armadas.

En 2008 comenzó el Operativo Conjunto Chihuahua y la guerra llegó hasta la entidad a bordo de los vehículos blindados y las tropas de la Sedena, que se desplazaron con toda rapidez hacia Ciudad Juárez.

El operativo envió a nuestro estado 2 mil 026 elementos del Ejército, en febrero de 2009 llegaron otros 5 mil, más 2 mil policías federales; un total de 9 mil miembros de los cuerpos de seguridad federales recociendo el control territorial que ejercía el crimen organizado. 2009 fue el año de referencia para describir el desbordamiento del territorio por las acciones de la delincuencia organizada al victimizar a la población fronteriza.

Los saldos del operativo fueron fatales: solo en 2009 hubo en Chihuahua 2 mil 751 asesinatos, sumando 5 mil 174 en todo el sexenio del priista José Reyes Baeza y siendo 2009 el año más violento en la historia de Chihuahua. La tendencia continuaría en 2010, cuando solo en Ciudad Juárez se tenía documentados hasta 2 mil 030 homicidios dolosos.

Dos años después se reconoció el fracaso del operativo en Chihuahua y de manera específica en Juárez. Se estableció la estrategia Todos Somos Juárez como un modelo de colaboración de los 3 niveles de Gobierno con diversas organizaciones para abordar la problemática desde sus raíces.

Las mujeres fueron víctimas de primera línea en esta insólita guerra y el término “feminicidios” se esparció por el mundo bajo la bandera de “las muertas de Juárez”. En 2007 fueron asesinadas 19 mujeres, 111 en 2008, 125 en 2009 y más de 400 en 2010.

El segundo motivo fue responsabilidad del propio Gobierno local, evidenciado cuando en 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que el exgobernador José Reyes Baeza era investigado por brindar protección al Cártel de Juárez durante su administración.

En virtud del modelo de gobernabilidad en crisis del viejo priismo que encarnaba Reyes Baeza, la impunidad y la tolerancia criminal se hicieron dueños de los usos y costumbres de Gobierno, como si no estuvieran ahí y como si el dominio priista siguiera aún funcionando estancado en sus mejores tiempos. La confluencia de la guerra contra el narcotráfico y el descascarado entramado local convirtieron a Chihuahua en un infierno.

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La epidemia de violencia y la mala relación política de Reyes Baeza con su sucesor César Duarte resultaron en la continuidad veloz de la caída priista en Chihuahua. Cuando Duarte fue designado candidato al Gobierno del Estado lanzó un fuerte discurso contra el gobernador, centrado en la crítica a la violencia e inseguridad que reinaban en Chihuahua. En los dos últimos años del sexenio de Reyes Baeza habían sido asesinadas casi 6 mil personas en eventos relacionados con el narco. Las cosas cambian en 2011 cuando la estrategia de Todos Somos Juárez comenzó a mostrar resultados claramente positivos, aunque pasajeros.

Duarte tuvo mejor suerte y aunque al principio le tocó lidiar con los tramos finales de la guerra calderonista, en los tres últimos años la violencia se mantuvo agazapada. Le tocó beneficiarse del fin de la guerra y aprovechar la bonanza; sin embargo, con esa ilusión de “manos libres” no supo cómo administrarla y despilfarró la oportunidad en manos de la corrupción y las negociaciones en lo “oscurito”.

Su sucesor Javier Corral llegó a afirmar que César Duarte había hecho acuerdos con los grupos criminales para que pudieran operar con impunidad en ciertas regiones a cambio de un estándar aceptable de seguridad y bajos índices de violencia. Mirone no sabe si tal cosa realmente sucedió, pero negociar con los narcos empezaba a ser un mecanismo reiterado de resolución de las problemáticas de seguridad. En concreto, esa paz apenas fue el preludio de una nueva guerra.

Fue en la región serrana donde la inseguridad se mostró con total crudeza, llevando a que en medio de la lucha por el control territorial los municipios de la región conocieran la tierra quemada y entraran en las estadísticas nacionales con tasas de homicidios cada 100 mil habitantes muy superiores a la media estatal. Esta situación no fue exclusiva de la Sierra Tarahumara, porque allí donde Duarte presumía sus logros la tasa de homicidios estaba trece puntos más arriba que la media estatal, justamente en la fronteriza Ciudad Juárez, que es hoy la tercera ciudad más peligrosa del mundo.

Es así que en 2014 ocurrieron mil 214 homicidios, mil 151 en 2016 y mil 470 hasta agosto de 2016. En Ciudad Juárez hubo 438 homicidios en 2014, 269 en 2015 y 470 en 2016, pero el cambio de gobierno trajo una variación de la tendencia y con la asunción de Javier Corral los homicidios en la frontera ascendieron a 642 en 2017, mil 032 en 2018, mil 293 en 2019 y mil 446 en 2020, una espiral ascendente que no cesa de crecer hasta el día de hoy.

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En 2016 el nuevo Gobierno panista sufrió el fin de la bonanza duartista y el resurgir de la violencia, cuando apenas unos meses después de que Emilio García Ruiz se hiciera cargo de la secretaría de Seguridad Pública Estatal los índices de homicidios en la entidad y en Juárez se habían disparado a niveles alarmantes.

El mismo gobernador estuvo expuesto a la violencia en 2019, cuando en dos oportunidades su personal de seguridad y los escoltas fueron objeto de ataques del crimen organizado. En una ocasión se encontraba jugando al golf y la otra aconteció en el fraccionamiento Campanario donde vive el gobernador en la ciudad capital.

Si el despilfarro y la frivolidad fueron la nota general del Gobierno corralista, la descoordinación fue la característica más destacada de sus políticas de seguridad.

El ahora candidato morenista Armando Cabada protagonizó en aquel entonces un gran episodio de descoordinación cuando el gobernador rechazó el nombramiento de Jorge González Nicolás como titular de Seguridad Pública en la frontera. La descoordinación en seguridad equivale a un vale todo para el crimen organizado, porque si nadie manda, nadie obedece.

El Gobierno federal se quejaba amargamente de que los cinco estados de la república que registraron mayor índice de homicidios se caracterizaban por la escasa asistencia de sus gobernadores a las reuniones federales de coordinación de seguridad. Corral era el segundo faltista nacional a dichas reuniones, asistiendo a solo 34 de 294 sesiones.

En ocasión de presentar su Cuarto Informe de Gobierno Corral hizo gala de una gran desmemoria al afirmar la “reducción de casi todos los delitos del fuero común”, tal como lo dijo expresamente. Pero olvidó mencionar la marea roja de homicidios dolosos que alcanzaba los 10 mil muertos, la mayoría de ellos en la fronteriza Ciudad Juárez. En sus primeros tres meses de gobierno (octubre a diciembre de 2016) hubo 274 homicidios, 2 mil 012 en 2017, 2 mil 244 en 2018, 2 mil 692 en 2019, 2 mil 715 en 2020.

La descoordinación llegó al punto de formalizarse en la ruptura de relaciones de seguridad entre la Federación y el estado luego del conflicto del agua el 23 de septiembre de 2020. Ese abandono de la coordinación le ha costado a los juarenses un rebrote de la actividad de los grupos criminales y una cantidad creciente de homicidios.

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Javier Corral cargó con un déficit de gobernabilidad en seguridad y mantuvo altos niveles de violencia mientras al mismo tiempo desalentaba el modelo basado en la Mesa de Seguridad y Justicia tras cuatro años de pleitos con la Federación. El Modelo Juárez fue repitiéndose durante la presidencia de Peña Nieto en varios lugares del país como una iniciativa exitosa para el enfrentamiento de problemáticas complejas de seguridad, hasta que llegó a su fin.

Corral siempre se resistió a trabajar en forma coordinada con las corporaciones federales y buscó implantar iniciativas por separado. El plan Todos Somos Juárez radicaba su éxito en la capacidad de articular todas las corporaciones policiales en una sola estrategia, un modelo de trabajo que no era del agrado de Javier Corral.

En su lugar promovió el denominado Plan Especial Juárez, un secreteado y malogrado proyecto que adolecía de notorios vicios de diseño. Un análisis FODA realizado por la Quinta Zona Militar exhibió la descoordinación entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno como la principal debilidad del Plan Especial.

A partir del 3 de mayo de 2019 cuando se lanzó el Plan Especial Juárez de seguridad en una acción conjunta entre autoridades federales, estatales y municipales, los asesinatos en Ciudad Juárez no cedieron a pesar de la implementación de esa nueva (y fracasada) estrategia y la presencia de la Guardia Nacional.

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En marzo de 2021 hubo 178 homicidios en el estado, 23 en la ciudad capital y 105 en Ciudad Juárez. No solo preocupa la cantidad de homicidios, asusta un poco más el incremento incesante de los mismos desde el año 2018 y más aún el efecto tijera de los asesinatos en la frontera comparados con un promedio estancado en la ciudad capital. ¿Por qué hay tanta diferencia entre la cantidad de homicidios en la capital y en Juárez?

Pese a que durante su administración se acumulan más de 10 mil homicidios, la mayoría de los cuales ocurrieron en Ciudad Juárez y están vinculados al crimen organizado, el gobernador Javier Corral pensaba insólitamente en 2019 que la estrategia de seguridad de su Gobierno era un ejemplo nacional que podría ser replicado en otros estados.

Uno de los problemas de la seguridad en Chihuahua es que los estados de fuerza están debilitados, no corporizan la cantidad idónea de recursos humanos para lidiar eficazmente con las problemáticas de seguridad pública y con el crimen organizado con el alcance y las dimensiones que necesitan los municipios y el estado. El papa Francisco fue muy explícito para aclarar donde está el poder: “En Ciudad Juárez había un pacto de 12 horas de paz por mi visita; después seguirán luchando entre ellos los traficantes”. Cuando el crimen organizado tanto puede hacer la guerra como decretar la paz, deja en claro quién manda.

En 2019 Chihuahua tuvo malas notas en asuntos como seguridad y economía, según un relevamiento realizado por la consultora Mitofsky, en la cual el gobernador Javier Corral quedó colocado en la lista vergonzosa de los peor calificados a nivel nacional.

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Un aspecto institucional de importancia trascurre por detrás de la inseguridad chihuahuense, la separación o unidad entre la Seguridad y la Procuración de Justicia. En 1992 llegó al Gobierno estatal el panista Francisco Barrio, el PRI pierde las elecciones y todo el escenario de seguridad cambia abruptamente después de casi 60 años de normalidad rutinaria. Barrio atendió el área de seguridad y persecución del delito mediante una Procuraduría General de Justicia con Francisco Molina Ruiz al frente en los primeros años de gobierno y Arturo Chávez en la parte final de su sexenio.

Su sucesor, el priista Patricio Martínez García, mantuvo un modelo parecido, pero creó una Coordinación Estatal de Seguridad en la que estuvo Miguel Etzel Maldonado, quien fuera asesinado en 2009. En 2004 José Reyes Baeza llegó al Gobierno y modifica la estructura del Poder Ejecutivo con una Procuraduría General de Justicia, que estuvo a cargo de Patricia González durante todo el sexenio y la creación de la Secretaría de Seguridad que tuvo cuatro titulares, todos rodeados por el escándalo.

Durante el periodo de Patricia González como procuradora su desempeño fue cuestionado constantemente por diversos grupos de la sociedad civil y la oposición política. Incluso fue acusada en un video ella de proteger criminales, aunque nunca se le persiguió jurídicamente.

Raúl Grajeda fue el primer secretario de la nueva dependencia de Seguridad desde 2004 a 2006. Luego llegó Javier Torres Cardona, quien renunció luego de la fuga del narcotraficante Crispín Borunda y el robo de 70 armas largas de las propias instalaciones de seguridad pública. En marzo del 2009 aterriza en Seguridad el difunto Víctor Valencia de los Santos, que renunció en febrero del 2010 para ser candidato en medio de una estampida de asesinatos en la entidad. Finalmente le toca a Gustavo Zabre bajar las persianas y terminar el sexenio.

Además de las propias trapisondas de estos secretarios en el cargo, Chihuahua vivió una de las peores crisis de seguridad con miles de desaparecidos, asesinatos, secuestros y feminicidios sin contener la ola delictiva detonada por la decisión del presidente Calderón de iniciar la guerra contra el narcotráfico.

En 2010 César Duarte decidió eliminar la secretaría y la procuraduría y crear la Fiscalía General del Estado, que tuvo dos titulares: Carlos Manuel Salas y Jorge González Nicolás.

Javier Corral argumentó en 2019 que el contexto local y nacional obligaban a reconsiderar (erróneamente) la estructura en que las funciones de seguridad y procuración de justicia estaban en una misma instancia y buscó entonces replicar el modelo de Andrés Manuel López Obrador, que a nivel local ya había establecido Reyes Baeza. La separación de las incumbencias de seguridad y procuración de justicia siempre estuvo acompañada de altos indicadores de inseguridad.

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Autoridades de distinto signo han enfrentado el desafío de seguridad con reiterados fracasos. Bajo la lejana administración de Francisco Barrio hubo algunos avances, pero surgieron nuevos problemas mientras las muertes y las victimas continuaron aumentando. Bajo la administración de Patricio Martínez crecieron las capturas, pero también crecieron los crímenes. Con Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral los crímenes y los homicidios se comportaron como si ellos no estuvieran allí, rebasados en la capacidad de sus gobiernos y envueltos en una atmósfera viciada de animadversión política entre todos ellos. Las levantiscas relaciones entre PRI, PAN y Morena no solo han crecido, sino que alimentan la crisis actual, creando un nuevo eje de rivalidad política entre la Federación y el estado, allí donde los ciudadanos caen y la inseguridad gana.

Si los analistas tienen razón hoy se realizará un proceso electoral muy cerrado, con dos candidatos en primera fila: Maru Campos y Juan Carlos Loera. El morenista dijo que una de las estrategias que su Gobierno implementará será la instalación de mesas de seguridad para la construcción de la paz en 67 municipios. Por su parte, Campos Galván señaló que planea instalar 13 subcentros de la plataforma de videovigilancia que ya está funcionando en la ciudad de Chihuahua.

Son definiciones demasiado escuetas y mezquinas para una problemática tan importante como la seguridad de los ciudadanos, o sea la sobrevivencia física de los chihuahuenses. Mirone se pregunta si el nuevo Gobierno aportará novedades o seguirá en la rutina grillera de la política de pasillo que tanto agrada en palacio.

Mientras tanto, los ciudadanos gastan cada vez más en proveerse a sí mismos de la seguridad que no garantiza el estado. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 el costo total a causa de la inseguridad y el delito en hogares llega a 6 mil 409 millones de pesos.

Toda elección y los cambios en las estructuras políticas que ella trae incide en los índices de violencia en el estado, porque las organizaciones del crimen organizado se realinean y buscan lazos de apoyo en las nuevas autoridades y funcionarios. El delito busca las porosidades y las lagunas de los recién llegados y allí se acomoda.

Esperamos y deseamos que el nuevo Gobierno tome las riendas del asunto y provea una mejor calidad de vida para los trabajadores y esforzados chihuahuenses.