Muchos debieron pensar que preso y en desgracia César Duarte no había necesidad de cumplir con los oscuros arreglos que, en su momento, les procuraron pingües beneficios económicos. Seguramente tenían la certeza de que el ajuste de cuentas con el pasado no iría más allá de los ya detenidos y procesados por la red de corruptelas del exgobernador de Chihuahua, y de que, por tanto, lograrían evadir el lento, lentísimo, brazo de la ley. 

Otros, quizá, no se consideraban sujetos de acusaciones e imputaciones, sea porque simplemente no tienen cola que les pisen o sencillamente porque creyeron contar con una posición de poder y un entramado de relaciones e intereses que les garantizaba impunidad. 

En este conjunto de posibilidades, Mirone observa, no sin curiosidad, la aparatosa persecución que mantiene el Gobierno estatal y la Fiscalía Anticorrupción en contra de la aspirante del PAN-PRD a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos Galván, a quien acusan de haber participado en la nómina secreta de Duarte, así como del delito de cohecho en el ejercicio de su cargo como alcaldesa de Chihuahua capital. 

Este asunto ha generado un intenso debate en el mundo de la política, de la abogacía y del Poder Judicial de la entidad. Se polemiza en torno al futuro inmediato de la precandidata a la gubernatura, mientras que se vaticinan variados escenarios que pudiera encarar. ¿Será o no encarcelada? ¿Se caerá o no su candidatura? ¿Cometió los delitos que pretenden imputarle? ¿Fueron violados sus derechos fundamentales y el principio de presunción de inocencia? La trama da para un thriller de Netflix. 

Conforme transcurren los días y nos acercamos al arranque oficial de las campañas políticas el próximo 8 de marzo, la tensión crece en el war room de Maru, pero, sobre todo, en el exclusivo despacho jurídico que encabeza la defensa de Campos Galván, liderada por el ex zar antidrogas de Zedillo y exprocurador estatal, Francisco Molina, que a estas alturas debe tener en la chistera, por lo menos, tres estrategias alternativas para la tutela de su clienta. 

Dentro de los escenarios que Campos podría enfrentar en un futuro inmediato, se maneja la posibilidad de que se le pueda vincular a proceso con prisión preventiva, así como la eventualidad de que se le vincule a proceso sin tal medida cautelar. También se contempla la posibilidad de que, finalmente, no sea vinculada a proceso por falta de elementos para continuar con la investigación y llegar a un enjuiciamiento. De lo anterior, depende la suspensión o no de sus derechos políticos y la posibilidad de continuar en la contienda por la gubernatura de Chihuahua. No es poca cosa lo que está en juego.  

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Son algunos los malpensados que ya especulan en relación con la actuación e imparcialidad del Poder Judicial en el asunto de Maru Campos y las acusaciones que sobre ella pesan por parte del Gobierno corralista. Quienes dicen estar seguros de la culpabilidad de Campos, con elementos o sin ellos para llegar a tal juicio, sostienen que la impartición de justicia en este caso solo podrá ser atajada por la omisión o la abulia del propio Poder Judicial estatal, el único de los tres poderes que no precisa del voto directo del pueblo para su conformación.  

Y es que no olvidemos que nos encontramos en el lapso final de un periodo de Gobierno, en el ocaso del que prometió ser un nuevo amanecer, y que nos asomamos a lo que en términos llanos podemos denominar como un “desplazamiento de poder”, en donde al gobernante en turno le empiezan a contar los días para que se termine de ir y, claro, cada día manda menos y se empieza a sentir la mano de un sucesor o sucesora, o de quien se valora o estima que podría convertirse en tal. Simple y frío cálculo político.  

Así, se dice que a Maru la acompañan en su trinchera supuestos intereses tejidos desde el Tribunal Superior de Justicia, cuyo titular, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, adquirió notoriedad en las últimas dos semanas al ausentarse, tanto en Juárez como en Chihuahua, de los dos eventos más importantes que tuvo el gobernador Corral con motivo de su IV Informe de Gobierno. Incluso se habla de un franco rompimiento cuyo punto de quiebre fue, precisamente, el tema del enjuiciamiento de Maru, mismo que habría provocado una colisión entre los dos poderes. El detalle es que Corral va de retirada en su Gobierno, y al magistrado presidente le queda aún cuerda en su encargo y, supuestamente, no desearía que el gobernador le deje la víbora chirriando si es Maru la próxima ungida. 

Como podemos ver, esta versión que pinta a un Poder Judicial arrodillado ante Maru Campos podría tener algo de sentido. El corralismo tiene fundadas sospechas de que una corriente de magistrados con poder e influencia en el Tribunal Superior de Justicia estaría siendo condescendiente con la precandidata del PAN-PRD a la gubernatura, al concederle cuanta prórroga ha solicitado para la preparación de su defensa. 

Lo anterior contrasta con aquella versión tejida en torno de aquel desayuno en la casa del propio gobernador en Juárez, donde Corral le preparó al presidente López Obrador, con sus propias manos, sus famosas y muy horneadas “rayadas de Parral”, y donde supuestamente se habría acordado una transición tersa del poder en el estado para favorecer a Morena y su candidato. Supuestos acuerdos que, dicen, pudieran explicar la conducta de Corral en torno a los “Marurecibos”.

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Lo que en un principio fue expuesto como una quirúrgica negociación política para rescatar del desastre a Morena, parece que resultó ser tan solo una farsa mediática para tranquilizar las aguas, con un gran engaño en contra del rabietas senador Cruz Pérez Cuéllar, a quien, como a inocente criatura, la dirigencia nacional le habría jugado el dedo en la boca.

Primero, al arrebatarle la posibilidad de que fuera el candidato morenista para contender por la gubernatura de Chihuahua, pese a que distintas encuestas lo colocaban como uno de los personajes más reconocidos de la política estatal y, segundo, en virtud de que al haber aceptado retirar la impugnación contra la candidatura de Juan Carlos Loera, le dieron gato por liebre al ofrecerle la posibilidad para que contienda en pos de la candidatura de la alcaldía de Juárez.

Mario Delgado, el líder nacional del movimiento guinda, lo dejó claro desde aquel día en que la Comisión Nacional de Elecciones declaró a Loera de la Rosa como el virtual candidato: Cruz Pérez Cuéllar es un mal perdedor que mostró su naturaleza mezquina, al abandonar, muy molesto, la reunión con todos los precandidatos cuando supo que él no era el ganador, porque “él tenía otros datos” y las encuestas de los dos últimos años lo posicionaban como el político más reconocido en el estado grande. En la víscera de la dirigencia nacional quedó demasiado resentimiento, sentimiento que se acentuó una vez que el rebelde senador trasladó su rabieta hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el fin de “tumbar” a Juan Carlos Loera, lo cual, evidentemente, no sucedió. Después, aceptó retirar la impugnación a cambio de la promesa de dejarlo jugar por la alcaldía de Juárez, con el apoyo de un cizañoso (y numeroso) grupo contrario a Loera de la Rosa.

La tambaleante posición de Pérez Cuéllar como precandidato a la presidencia municipal sería el último tirón del político juarense con el partido de AMLO, al trascender que en su contra estaría por ejecutarse una carambola de tres bandas, no solo para eliminarlo de la política, sino también para llevarlo a juicio. Dicha maniobra consistiría, primero, en dejarlo fuera de combate por la alcaldía de Juárez y entregarle la candidatura al empresario Gabriel Flores Viramontes, o bien, al impulsado por Loera, el diputado local Benjamín Carrera. Luego, el segundo y decisivo movimiento de la carambola, sería su desafuero en la Cámara de Diputados, proceso que podría ser resuelto antes de que concluya febrero, luego de la solicitud que presentó la Fiscalía General de Chihuahua a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, al ser vinculado a la nómina secreta de César Duarte. Existe la versión de que, incluso, las pruebas más sólidas de la totalidad de los Expedientes X con que cuenta el Ministerio Público, son precisamente las que incriminan al senador. Y finalmente, la tercera, según las fuentes mironianas de la Fiscalía, la orden de aprehensión contra Pérez Cuéllar, la cual ya fue librada por un juez y que evidentemente está en suspenso precisamente por el tema del fuero.

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Tal parece que la experiencia que por años acumuló Juan Carlos Loera de la Rosa como delegado federal de programas sociales, en donde tuvo la oportunidad de recorrer todos y cada uno de los rincones del estado grande, no se ha consolidado como una fortaleza, ventaja o garantía para lograr, hasta este momento, un despegue relevante en las preferencias electorales, tal como lo evidencian las últimas mediciones presentadas por distintas casas encuestadoras. Ya se fueron las precampañas, llegó la intercampaña y, en cuestión de dos semanas arrancará oficialmente la contienda política por la gubernatura, mientras la figura de Loera de la Rosa sigue desdibujada en el ambiente político estatal.  

Esto lo saben en Morena, donde ya hay alerta, pues ni militantes ni dirigentes conocen de la estrategia para la campaña de su candidato. Vaya, con aquello de que las tribus andan tan divididas y no se soportan ni entre ellas, ni siquiera las han convocado para sumarse al proyecto.

El divisionismo que permea en el partido guinda debería tomarlo muy en serio Loera y su equipo, pero todo indica que la seguridad y el optimismo son profusos en su cuartel de campaña. Probablemente observan con mucha confianza el registro en bola de nada menos que nueve aspirantes que sueñan con la candidatura para la alcaldía de Juárez. Es esta una lucha de todos contra todos en un mismo ring, el de casa, entre los equipos de Benjamín Carrera Chávez, Gabriel Flores Viramontes, Cruz Pérez Cuéllar, Ernesto Robles, Leticia Ortega Máynez, Esther Mejía, Deidré Bazán, Gustavo de la Rosa y Xóchitl Flores Olave.

Las últimas encuestas para la gubernatura colocan con amplio margen de ventaja a Maru Campos del PAN-PRD, ante una gris candidatura de Loera que aparece opacado, distante y extraviado en un entorno político que se complica cada vez más. La apuesta del exdelegado federal se sigue basando, en gran medida, en el discurso y la figura del presidente López Obrador y la 4T. Sin demeritar la fuerza que esto le puede abonar como candidato, no estaría de más el reflexionar en el cómo se puede activar y acrecentar a una base electoral que ya se da por descontada, como segura e indisputable.

No debería perderse de vista que Morena y la 4T luchan ahora mismo sus propias batallas, y que cargan en estos momentos con el tema de la vacunación en un contexto de pandemia, y que del éxito de esta campaña extraordinaria de inoculación pueden depender muchas cosas. También que Morena y la 4T están cargando con figuras de la calaña de Félix Salgado Macedonio, presunto violador que quiere gobernar en Guerrero, y que puede convertirse, sin exagerar, en la tumba política de Morena. Al equipo de Loera de la Rosa le vendría bien meditar en el carácter eminentemente local de estas elecciones, y en la inconveniencia de dejar todo a la suerte de un crédito político y electoral construido y sostenido por alguien más.