La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles que funcionarios federales vuelvan a la mesa donde se coordinan las acciones de seguridad, de la que se levantaron en septiembre del año pasado.
La resolución ocurre a 154 días de que los mandos federales se retiraron de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz. El motivo fue un diferendo político con la administración que encabeza el gobernador Javier Corral.
Al respecto, el secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila González, aclaró que aunque material y operativamente los mandos de seguridad federal y estatal no han dejado de funcionar. “Siempre me da gusto saludar al gobernador de Chihuahua”.
A reserva de conocer el sentido de la resolución –dijo- no hay que olvidar que la Suprema Corte tiene el control político de la Constitución.
Por su parte, el gobernador Javier Corral comentó en su cuenta de Twitter estar listo para reanudar las tareas en la Mesa de Coordinación.
“Es imprescindible que de inmediato retomemos el trabajo coordinado y conjunto entre @GobiernoMX y @GobiernoEdoChih en materia de seguridad pública”, escribió en su red social.
Y añadió:
“En medio está la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos. Estamos listos para reanudar la mesa de coordinación”.
Seguridad: ¿Por qué el distanciamiento?
La separación se anunció oficialmente el 23 de septiembre de 2020. El gobernador Javier Corral ya no admitió en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz la presencia del entonces delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa.
Loera había hecho expresiones a favor del Gobierno federal en el conflicto del agua ocurrido en la presa La Boquilla. Señaló intromisión de grupos afines al PAN y al Gobierno estatal.
En respuesta, ya no se le invitó a la mesa que preside el propio titular del Ejecutivo estatal.
Como consecuencia los mandos federales se retiraron, incluyendo el secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila González; el comandante de la Quinta Zona Militar, Miguel Ángel Hernández Martínez; el coordinador de la Guardia Nacional Francisco, Javier Martínez Pereyda, y los mandos del Centro Nacional de Inteligencia.
En su resolución de este día la Corte informó:
«Se concede la suspensión para que las autoridades federales competentes asistan a las sesiones que celebre la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Chihuahua”.
La determinación de los ministros se derivó de un amparo que el Gobierno estatal interpuso para pedir que las autoridades federales regresaran.
De acuerdo con el ordenamiento, y en términos del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, los implicados –tanto estatales como federales– deberán volver a trabajar unidos y “adoptar decisiones de manera conjunta”.
Dichas decisiones deberán ser atendidas por el mando operativo, “contribuyendo al suministro, intercambio y actualización de información en materia de seguridad para la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y programas».
La diferencia política por encima del bien común
La ruptura entre el Estado y la Federación para atender temas de seguridad no es nueva.
Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, que convivió dos años con la administración del gobernador Javier Corral, hubo señalamientos mutuos.
El entonces secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo en marzo de 2017 que en cuestión de seguridad, el estado de Chihuahua “se nos descompuso muchísimo”.
Corral le reviró que se les había descompuesto el país y de ahí en adelante no hubo más.
Incluso hubo un repliegue –dicho por el gobernador– de las fuerzas federales en tareas sustantivas tanto en la sierra como en esta frontera.
A la llegada del presidente López Obrador intentaron trabajar coordinados pero los resultados fueron magros.
En mayo de 2019 el propio gobernador y el alcalde Armando Cabada presentaron al entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, el llamado Plan Especial Juárez.
Un diagnóstico en el que lo primero que destacaba era la observación de parte de áreas de inteligencia militar sobre que las diferencias políticas estaban afectando las estrategias de combate al crimen.
Luego vino el desencuentro de la presa La Boquilla por el conflicto del agua que le costó la vida a dos productores de la región y de nuevo el distanciamiento que ya se había detectado quedó evidenciado.
Al cierre de esta nota no se había informado de manera oficial cuándo regresarían los mandos federales a la reunión de la Mesa de Coordinación.
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