A pesar de que el colapso del sistema de integración de carpetas de investigación está señalado y reconocido en el Plan Especial Juárez, quienes lo elaboraron decidieron que esa información no se conociera públicamente.
Solo difundieron una versión maquillada que no señala la realidad que contiene el documento original, del que Norte Digital obtuvo una copia, el cual hace especial énfasis en el colapso de las investigaciones, la descoordinación y la desconfianza que prevalece entre quienes tienen la responsabilidad de la seguridad en la frontera.
Mientras el Plan Especial Juárez, en el punto 18 de la página 40, habla de un colapso, en el documento “descafeinado” que le dieron a los empresarios el 30 de septiembre en Cibeles solo refieren “baja efectividad” en los procesos de judicialización y vinculación.
Hablar de baja efectividad no es igual a decir que el sistema está colapsado. Que de cada diez homicidios solo en uno se logre la vinculación a proceso y acaso una sentencia condenatoria es el principal síntoma de ese colapso.
No es un tema menor. Es el problema que genera la crisis de impunidad que vive la frontera desde hace por lo menos tres sexenios y que en el actual periodo de gobierno no detiene su tendencia negativa.
Es uno de los 30 puntos que consigna el Plan Especial, del cual este miércoles se anunció la integración de mesas de trabajo.
Como posibles soluciones el documento expone cinco puntos específicos; sin embargo, ninguno de ellos ha sido -hasta ahora- expuesto públicamente y tampoco se plantearon estrategias de seguimiento para verificar su cumplimiento.
El primer punto indica que se deben promover medidas de conciliación y reparación en delitos menores, para bajar el número de carpetas pendientes de resolver, una fórmula conocida en el Ministerio Público local pero que por falta de personal no se ha logrado aplicar con éxito.
En el segundo punto se expone que no existe entre los tres órdenes de Gobierno una integración de las bases de datos que contienen la información de delincuentes reincidentes y distribuidores de estupefacientes.
Esto significa que cada corporación, llámese policía municipal, Fiscalía estatal o Fiscalía de la República, ha optado por no compartir su información con las otras dos; es decir, que entre las tres instancias no existe ni confianza, ni coordinación.
Esta situación fue evidenciada por Norte Digital desde que inició el actual Gobierno federal, con fuentes directas del ámbito federal que empezaron a participar en las mesas de coordinación para la construcción de la paz.
El tercer punto refiere que se debe reactivar el área de justicia cívica para menores infractores, mientras que en el cuarto se pide la comparecencia del oficial jurídico de Ciudad Juárez para que informe qué estrategia está aplicando contra la violencia intrafamiliar y las adicciones.
En el quinto y último punto se sugiere que las personas que sean detenidas con 3 o menos dosis de enervantes y no tengan antecedentes penales sean canalizadas a un centro de tratamiento y de salud.
Idealmente todas estas medidas serán analizadas en las mesas que este día vino a inaugurar el secretario de Gobierno Luis Fernando Mesta Soulé, aunque igual que hace tres semanas, tampoco difundieron el documento completo.
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