Consuelo es una hondureña de 35 años que vive con su hija de cinco años en el albergue Leona Vicario. Tiene la esperanza de que el Gobierno de Estados Unidos pronto suavice la restricción para otorgar asilo a personas migrantes.
La mujer -que solicitó no usar su nombre verdadero- llegó a Juárez a finales de julio, huyendo de Monterrey.
“Yo corro un gran riesgo aquí, tengo amenaza de muerte en mi país. Me persiguieron hasta Monterrey los mismos que mataron a mi hijo”, relata.
Se refiere a un muchacho de 19 años al que asesinaron a mediados de 2020 en su natal Puerto Cortés, municipio costero de Honduras.
La violencia de grupos criminales en países centroamericanos, aunada a condiciones de pobreza extrema, empuja a miles de centroamericanos a buscar el éxodo a Estados Unidos.
Pretenden llegar a la Unión Americana y reunirse con familiares que lograron establecerse allá.
En el caso de ella, tiene dos hijos adolescentes que ya viven en territorio americano.
“Yo he sufrido mucho para llegar hasta aquí. He trabajado duro porque no he tenido apoyo de nadie y lo que hemos pasado no es justo”, expresa la mujer.
Llegar a Estados Unidos no es cosa fácil
A pesar de lo dura que puede ser la experiencia migrante atravesando México, llegar a Estados Unidos no es una meta fácil.
De acuerdo con información oficial del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) de abril a noviembre del año pasado se recibieron 4 mil 507 casos nuevos de migrantes solicitando ingresar al país norteamericano en la corte de inmigración de El Paso.
De ese total, 2 mil 838 fueron retornados a Juárez en espera de una resolución pero solo 22 contaban con representación legal; es decir, menos del uno por ciento.
Las historias como la de Consuelo son incontables; sin embargo, la realidad de las cifras es contundente.
Desde marzo del año 2019, cuando las caravanas migrantes obligaron al Gobierno estadounidense a aplicar el programa de retornos conocido como MPP, la corte de inmigración paseña ha registrado 22 mil 34 casos de personas pidiendo ingresar al país, incluyendo 5 mil 051 hondureños.
De esa cifra, únicamente 909 contaron con un abogado, lo cual equivale apenas a un cuatro por ciento.
Datos de la Unidad de Política Migratoria en México indican que el año pasado detuvieron a 399 hondureños en distintas partes del estado de Chihuahua, en su intento por cruzar el río Bravo. A todos los repatriaron o enviaron a albergues.
