Antes de que entre en vigor la nueva Ley de Transporte que se perfila para ser aprobada por el Congreso del Estado, concesionarios pidieron que sean reparadas las vialidades, acabar con el excesivo servicio de unidades piratas, atender la inseguridad, así como otorgar certeza jurídica a quienes renuevan sus flotillas, formaron parte de algunas de las peticiones arrojadas en la mesa de trabajo de diputados locales con representantes de transporte en esta frontera.
Integrantes de organizaciones locales así como de trabajadores independientes que prestan el servicio de taxis, transporte de carga, transporte colectivo así como transporte especial se reunieron este día con legisladores integrantes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano para debatir la polémica ley, que a decir de la mayoría de los concesionarios, viola sus derechos.
Ante un repleto auditorio de Protección Civil y con la asistencia de unas 200 personas, diputados que integran la actual Legislatura, escucharon las peticiones de los distintos grupos y que en su mayoría, serán integradas al dictamen final del proyecto de la nueva Ley de Transporte.
Si bien la mayoría aceptó y coincidió en que se debe modernizar el servicio de transporte, hubo algunos exponentes como José Luis Vargas, de los taxistas afiliados a la CTM, que pidieron que sean revisados meticulosamente los artículos 81, 91, 96 y 156, en donde se precisa sobre la reducción del periodo de la renovación de concesiones de 20 a 10 años, se elimina la herencia de las concesiones en caso de fallecimiento del titular, se prohibe la transferencia de las mismas, y la renovación solo por otro periodo de 10 años.
José Luis Vargas, del gremio de taxistas de la CTM, pidió a los legisladores arreglar las calles explicó que las calles de Juárez por donde circulan los camiones están en muy malas condiciones, por lo que antes de meter en servicio unidades nuevas, se deben reparar las vialidades, así como atender el problema de la inseguridad.
Al respecto, la presidenta de la comisión, la diputada Carmen Rocío González Alonso explicó que la ley contempla la creación de un Fondo de Movilidad que se integrará con aportaciones del 2 por ciento de cada viaje de Ubers y Didis, así como de las multas contempladas en la misma ley.
Alfredo de la Cruz, asesor jurídico de concesionarios y fiscalista, consideró que se deben mejorar las vialidades primero antes que modernizar el transporte.
En tanto que Luis Daniel Martínez, secretario tesorero del gremio de taxistas de la CTM mencionó que hay una gran inquietud porque consideran que la ley y el gobierno del estado deben otorgar garantías de las concesiones, pues el nuevo marco regulatorio impide que los concesionarios no sean susceptibles de crédito ante las agencias de autos y camiones.
“En otros estados el gobierno ofrece crédito a los concesionarios para pagar unidades nuevas, y aquí se tiene que hacer de contado, lo cual hace imposible el financiamiento”, dijo.
Finalmente, Mario Soto, secretario del Trabajo de la CTM expresó que se debe acabar con la competencia desleal de las unidades “piratas” que dan servicio en taxis.
Reveló que mientras la organización a la que pertenece cuenta con alrededor de 800 unidades, hay por lo menos el doble de taxis irregulares que operan al margen de la ley.
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