Investigación
En la querella que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, argumentan que el Municipio de Juárez pagó más de 54.8 millones de pesos en la adquisición de 250 mil kits escolares
Francisco Luján | 19 enero, 2024
Un grupo de ciudadanos decidió poner un ‘hasta aquí’ a las aparentes corruptelas en el Municipio de Juárez y en apego a sus derechos, interpuso una denuncia en contra del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y/o quien resulte responsable por un presunto quebranto en perjuicio del interés público, por más de 54.8 millones, en la compra de 250 mil paquetes escolares.
Tras la querella interpuesta el 24 de octubre del 2023, ahora el alcalde es investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAE), por los delitos de peculado, cohecho y enriquecimiento inexplicable.
Norte Digital, a través de un análisis de precios, pudo identificar que en la compra de los kits escolares hubo un sobreprecio por 49 millones 275 mil 500 pesos.
Los promotores de la querella (0819-2023-00047), Carlos Gutiérrez Casas, Ernesto Robles y Rosalba Bernal, llevaron a cabo una simple búsqueda de precios para determinar el costo que tienen los insumos en el mercado y lo comparado con el monto que pagaron las autoridades municipales por ellos.
Esto, los llevó a conocer que los servicios contratados estuvieron un 81por ciento por encima del precio comercial de los 250 mil kits escolares contratados durante los años 2022 y 2023.
El grupo de ciudadanos expone que, en el 2022, el Municipio compró 100 mil kits escolares a la empresa Comercializadora Damago, por los que pagó 44.8 millones de pesos.
El proveedor surtió los bienes en dos partidas, la primera de 60 mil combos y la segunda en 40 mil, de acuerdo con la querella, con algunas mínimas diferencias en el producto, pero con grandes diferencias respecto a los precios.
Los denunciantes se dieron a la tarea de obtener una cotización de precios por todos y cada uno de los materiales e insumos contenidos en la mochila escolar.
Para ello, aunque asignaron a cada artículo un valor actual del mercado correspondiente al 2023, también descontaron un 8.70 por ciento de índice inflacionario para una mejor aproximación al costo que tenían los bienes en el 2022.
Además, incluyeron el precio con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Calcularon que el Municipio pagó 422.28 pesos por cada kit escolar, mientras que los datos de los demandantes sugieren que el producto completo puede comprarse en 243.12 pesos.
La diferencia entre el pago del Municipio y la cotización hecha por los ciudadanos, asciende a 179.16 pesos por cada paquete.
El supuesto sobreprecio que argumentan los quejosos, es que, tan solo en la proveeduría de los primeros 60 mil paquetes, el quebranto al patrimonio público ascendió a 10 millones 749 mil pesos.
Respecto a la entregas del segundo lote de 40 mil mochilas, en la denuncia se específica que en este lote destinado a los estudiantes de secundaria, agregaron un juego de geometría en lugar de la regla de 30 centímetros, y un quinto cuaderno.
Sostuvieron que esta pequeña diferencia de útiles escolares tenía que impactar en 50.96 pesos en cada kit, de acuerdo con sus análisis; pero, el pago del Municipio reflejó 66.96 pesos. La diferencia entre lo que supuestamente tenía que haberse pagado contra lo que el Municipio facturó, asciende a 11.8 pesos, que multiplicado por 40 mil (kits), da como resultado 472 mil pesos de diferencia.
Van más allá al exponer en la denuncia que el costo real sostenido de cada combo, del contrato de los 40 mil kits, es de 298.28 pesos y no el presunto precio liquidado por el Municipio por la cantidad de 489.00 pesos.
En este punto sostienen que la diferencia entre un precio y otro asciende a 190.96 pesos por cada kit que, multiplicado por los 40 mil, presumen un quebranto de 11 millones 930 mil pesos.
Tan solo con esta transacción de 100 mil kits escolares que el Municipio adquirió durante el 2022, el supuesto daño patrimonial asciende a los 22 millones de pesos 679 mil pesos reclamados en la demanda.
En 2023 se adquirieron otros 150 mil kits
El Municipio extendió el programa al siguiente año, 2023, con la compra de 150 mil mochilas escolares, para lo cual en una misma licitación demandó los servicios de proveeduría de los materiales en tres partidas de 50 mil kits cada una.
La demanda que conoce la Fiscalía Anticorrupción, es que la empresa juarense Grupo Mercantil Tlacaelt S. de R.L. de C.V., bajo el número de contrato DCA/DE/165/2023, proveyó 50 mil unidades por el pago de 26 millones 392 mil pesos, con IVA al 16 por ciento incluido.
Los querellantes concluyeron que el supuesto precio real es de 275.09 por cada uno y que el precio pagado por las autoridades fue de 527.80 pesos, lo que representa una diferencia de 275.09 pesos por cada combo.
En la denuncia se asiente que esta diferencia asciende a 12 millones 635 mil pesos.
Por otro lado, a las empresas Office Service Mexicana S.A de C.V., con oficinas en Ciudad Delicias, así como Comercializadora Damago S.A. de C.V., también con raíces en la misma ciudad, les fueron requeridos sus servicios para que surtieran 50 mil kits cada una.
La demanda establece que Comercializadora Damago, con la clave de contrato DCA/DE/166/2023, facturó cada mochila en 578.80 pesos contra 275.09 pesos que presumiblemente tenían que ser su costo real. La diferencia, reflejo del supuesto quebranto, ascendería a 12 millones 635 mil pesos.
La misma acusación se formuló por las presuntas irregularidades con la empresa minorista Office Service S.A., a la que, conforme al contrato DCA/DE/167, cada combo pagado demandó 522 pesos contra los 315.49 que debió costar.
El costo total de este lote se estableció en 26 millones 100 mil pesos con IVA incluido.
La diferencia reclamada es de 10 millones 325 mil pesos.
La demanda supone que, con la contratación de las cinco partidas de mochilas y útiles escolares, se habría cometido un daño patrimonial de 54 millones 841 mil 81 pesos.
La denuncia dirigida a Luis Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, fue presentada por el académico Carlos Gutiérrez Casas, en representación de un grupo de ciudadanos, derivada del conocimiento de delitos que se persiguen de oficio.
