El anuncio de la USDA trajo algo más que una excelente noticia para la ganadería mexicana y la chihuahuense. También fue una palmada en el hombro y la colocación de una estrellita en la frente para autoridades y asociaciones ganaderas del estado de Chihuahua de parte de la agencia estadounidense.

En el comunicado que emitió el pasado 24 de julio, la USDA deja bien claro a quiénes les tiene confianza para reabrir la puerta a la importación de ganado desde México —“desde el sur”, dicen ellos— y a quiénes les tiene todavía un tanto de desconfianza.

Sonora y Chihuahua son los únicos que tendrán puerto abierto para enviar ganado en pie hacia Estados Unidos a partir del 24 de agosto —dentro de un mes, más o menos—, mientras otras entidades fronterizas que también exportan ganado, como Coahuila o Tamaulipas, deberán esperar y demostrar que también han hecho la tarea en materia de sanidad animal.

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El documento de la USDA lo deja bien claro: Chihuahua y Sonora son los únicos que han hecho la tarea para mantener a raya a la llamada mosca barrenadora, que tanto temor infunde entre los ganaderos estadounidenses.

“Durante muchos años, Sonora y Chihuahua han mantenido un sólido programa de infraestructura de salud animal, basado en medidas exitosas de control de enfermedades animales”, dice el texto. Más claro, ni el agua de trapeador: solo dos entidades, de las 32 que tiene el país.

Luego les pone su coscorrón a las otras 30, al referirse a ellas como el “resto de México” que no ha logrado detener la propagación de la mosca barrenadora. Ojo con esta línea: “…ni frenar su circulación legal e ilegal”. Eso debe haber dolido a gobiernos locales y, sobre todo, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) federal.

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A partir de agosto, el cruce Agua Prieta, Sonora–Douglas, Arizona, abrirá sus puertas y, en fechas próximas, lo harán Palomas-Columbus y San Jerónimo-Santa Teresa, entre Chihuahua y Nuevo México. Sigue brillando la estrellita de los bien portados.

Todo esto, porque “Sonora y Chihuahua cuentan con un historial de éxito en estos ámbitos, lo que le da al USDA la confianza de que pueden cumplir con su cometido”.

Buenas noticias, ni duda cabe, pero aquí hay algunos que bien pueden estar destapando la champaña a estas horas: el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado, Mauro Parada Muñoz, arquitecto del cerco sanitario aplicado por Chihuahua y que tanto enojó a la administración federal y, desde luego, Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera, metido a precandidato al Gobierno del Estado por el PAN.

Ni hablar, se merecen la estrellita; a lucirla en todo su esplendor, aunque sea en precampaña.

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La que termina fue una mala semana para la seguridad pública en Chihuahua y, muy en particular, para la zona suroeste, en el llamado “Triángulo Dorado” de la droga y el crimen.

Por un lado, cientos de familias originarias de Moris, expulsadas a la fuerza de sus casas, siguen vagando por oficinas y organismos descentralizados para ver quién se apiada de ellas y les otorga una vivienda en su nuevo lugar de residencia. Están dispuestas a pagar, no quieren nada regalado, pero ni así encuentran una solución.

Por otra parte, el municipio de Guadalupe y Calvo, la punta de ese mapa en forma de diamante que forman los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, vivió horas de angustia con una oleada de violencia que dejó al menos una decena de muertes violentas.

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La escalada de violencia no solo abarcó las calles y carreteras de la región, sino también las redes sociales, donde circuló con fuerza la versión de que un grupo delictivo atacó con drones a una partida del Ejército Mexicano.

Nadie confirmó el dato, pero sí levantó polvareda e hizo encender las alarmas entre la población, pues hasta ahora la presencia de las Fuerzas Armadas había sido lo único que medio apaciguaba las aguas en la región.

De lo que sí quedó constancia fue de la ola de homicidios registrada entre el lunes y el viernes de la semana que concluye que, según las cuentas de este Mirone, basadas en informes públicos, llegó a 10 casos en solo cinco días. Dos diarios para una región que no tiene más de 100 mil habitantes.

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Entre los hechos de violencia, el caso de las tres personas asesinadas cuyos cuerpos fueron localizados a bordo de un vehículo de la paraestatal Diconsa causó urticaria entre las instancias de gobierno, por tratarse de un ataque relacionado con un programa federal destinado a la población de menores recursos.

Y mientras todo eso ocurría, el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, difundía información sobre su presencia en Guadalupe y Calvo y, en particular, en la sufrida comunidad de Cinco Llagas.

Según el comunicado oficial, Loya “atendió el llamado de la comunidad de Cinco Llagas”, en un recorrido que incluyó la atención a familias que sufrieron el incendio de sus viviendas.

El clima de inseguridad no favorece, ni de cerca, al titular de la SSPE, que anda por estos días recorriendo toda la ruta en su doble función de secretario encargado de la seguridad pública y de aspirante a candidato al Gobierno del Estado por el PAN.

Los datos de violencia se siguen acumulando y eso no favorece ni a la imagen del estado, mucho menos a la población y, todavía peor, a las aspiraciones políticas de quien tiene la responsabilidad de poner las cosas en santa paz.

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En los días próximos se darán a conocer cambios sustanciales en la normatividad educativa para limitar ya no el uso, sino el ingreso mismo de los teléfonos celulares a las aulas escolares.

A Mirone le contaron que Chihuahua será una de las entidades piloto donde se harán los primeros experimentos para impedir el uso del famoso celular dentro del salón de clases, incluso, en el mismo plantel, donde se ha convertido en el distractor número uno de alumnos e, incluso, de maestros frente a grupo.

La medida, según le informaron a este Mirone comunicativo, aún está en estudio, pero, de entrada, contempla la instalación de casilleros dentro del aula para que el alumno que traiga su celular lo deje ahí, lejos de su lugar de trabajo, debidamente apagado, para que no distraiga la clase con sus “timbrazos”.

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La medida de dejar “afuerita” el celular ha avanzado en otros países, donde incluso se ha llegado a prohibir el ingreso del ruidoso aparato al plantel educativo.

En Países Bajos, por ejemplo, existe una normatividad desde 2024, impulsada por el Ministerio de Educación y los consejos escolares, para prohibir celulares, tabletas y relojes inteligentes en las aulas de primaria y secundaria, salvo por razones estrictamente médicas o pedagógicas.

Mientras tanto, en el Reino Unido, el Departamento de Educación publicó una guía oficial en 2024 en la que se insta a los directores de escuela a prohibir los teléfonos durante toda la jornada escolar.

En México se habla y se habla del tema, pero no existe una reforma legislativa que le dé potestades a la autoridad escolar —y menos al “profe” de aula— para impedir el uso del móvil durante la clase.

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Lo que le contaron a Mirone es que las autoridades educativas de Chihuahua ya analizan comenzar con un programa piloto en algunos planteles del sistema estatal, donde se instalarían casilleros para que el o los alumnos “ataviados” con celular lo dejen en un lugar seguro mientras transcurre la clase.

La medida iría acompañada de una serie de acciones para fomentar la lectura y la escritura de manera tradicional, “en papel y lápiz”, o, si existe una urgencia, que se llame a las oficinas de la escuela para que desde ahí se avise al alumno.

Eso suena muy diferente al tono que hace el teléfono cuando llega una llamada, un mensaje o un “meme”.

Si la Secretaría de Educación y Deporte avanza y arranca con el programa en el próximo ciclo escolar, habrá creado un precedente, porque a la fecha no existe una acción concreta que limite el uso de la pantalla y el teclado durante el horario de clases. A ver si lo logran.

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Por enésima ocasión, la Secretaría de Gobernación (Segob) le pegó un batazo de vuelta entera al Congreso del Estado y a esas peticiones que avienta a diestra y siniestra a través de los famosos puntos de acuerdo que tanto distraen de la labor legislativa.

Sin embargo, el mensaje enviado el 17 de julio sonó duro, como si el bambinazo hubiera caído en la parte más profunda del jardín central —para seguir con el lenguaje beisbolero—, en el punto más lejano, donde nadie se acuerda del pobre pícher que hizo el lanzamiento.

¿De qué se trata? De la respuesta que la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación dio a un “respetuoso exhorto” del Congreso del Estado para que sacara a Chihuahua del listado de entidades fronterizas que deberán entrarle a la coperacha del agua para pagar la deuda que México arrastra con Estados Unidos con motivo del Tratado de Aguas de 1944.

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Los diputados de Chihuahua habían aprobado el acuerdo LXVIII/PPACU/0321/2026 II P.O. para pedir que se excluyera al estado de la lista de entidades que entregarán agua a Estados Unidos como resarcimiento por el volumen no entregado durante los últimos cinco años, en cumplimiento del Tratado de 1944.

Además, solicitaron que las autoridades federales se abstengan de realizar entregas de agua derivadas de ese tratado “mientras persistan las condiciones de sequía extrema en el estado, e informen sobre las decisiones adoptadas y las negociaciones internacionales en curso”.

Ajá, ¡cómo no! ¿Y la nieve, de qué sabor? Parece haber sido la respuesta del Gobierno federal a una petición que implicaría incumplir un tratado entre México y su complicado socio comercial, que además es la principal potencia del mundo y el destino número uno de nuestras exportaciones. Así de “fácil” está el asunto.

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La Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación no pudo ser más brusca al responder que las medidas para cubrir la deuda de agua fueron debidamente consensuadas e informadas por el Gobierno federal a los gobernadores de los estados de la cuenca del río Bravo: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pero aquí viene lo más rudo de la respuesta: “excluir a Chihuahua de los estados que entregan agua a los Estados Unidos de América, como resarcimiento por el agua no entregada en los últimos cinco años en atención a dicho tratado, carece de fundamento y validez jurídica”.

Todavía más: les mandan decir que sacar a Chihuahua del abono de agua “sería contradictorio a las estipulaciones propias del tratado y del artículo 27 constitucional”.

Sonó duro el tablazo, pero tampoco merecía menos esa recta de 100 millas por hora que lanzó el Congreso del Estado, justo a la altura que necesitaba el bateador para ponerla en órbita. No hay de otra: Chihuahua estará en la lista de quienes abonarán agua, y ni cómo evitarlo.