Crematorio del horror
El hallazgo de los 386 cuerpos en el crematorio Plenitud provocó una sacudida inmediata en Ciudad Juárez. Durante semanas, la atención pública se concentró en las imágenes del inmueble, en las condiciones en que se encontraron los cadáveres y en la incertidumbre de cientos de familias que comenzaron a preguntarse si los restos de sus seres queridos estaban realmente donde creían.
Pero, mientras las cámaras abandonaban el lugar y el impacto mediático comenzaba a disminuir, dentro de la Fiscalía General del Estado apenas iniciaba la etapa más compleja de toda la investigación.
No se trataba solamente de procesar una escena sin precedentes ni de integrar una carpeta penal. El reto consistía en devolver identidad a 386 personas que durante meses —y en algunos casos durante años— permanecieron reducidas a un acta en el Registro Civil.
Tras el hallazgo cada cuerpo representaba una historia interrumpida, una familia en espera y un proceso científico que debía realizarse con absoluta certeza.
Doce meses después del hallazgo, la investigación continúa abierta.
Hasta el 17 de junio de 2026, la Fiscalía de Distrito Zona Norte había logrado identificar 251 de los 386 cuerpos localizados en el crematorio. De ellos, 248 habían sido liberados jurídicamente por el Ministerio Público y 245 entregados a sus familias. Permanecían sin identificar 135 cuerpos, equivalentes a poco más de un tercio del total.
Detrás de esos números existe un trabajo que pocas veces quedó expuesto públicamente.
Más de mil 600 personas acudieron a las instalaciones de la Fiscalía para solicitar información sobre familiares fallecidos que pudieron haber sido enviados al crematorio Plenitud. Cada expediente obligó a reconstruir una historia distinta mediante entrevistas, revisión de documentos, certificados de defunción, expedientes médicos, fotografías, descripciones físicas y toma de muestras biológicas para obtener perfiles genéticos que posteriormente fueron comparados con los restos recuperados.
La identificación de cada víctima exigía descartar cualquier margen de error. Era necesario construir evidencia científica suficiente para garantizar que el cuerpo entregado correspondiera realmente a la persona buscada por su familia.
Paralelamente, la institución tuvo que crear un esquema de atención que acompañara a los deudos durante todo el proceso.
Se habilitó una sala especial para la notificación de resultados y se integró un equipo conformado por ministerios públicos, asesores jurídicos, psicólogos y personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que permanecía con las familias desde el momento en que eran informadas de la identificación hasta la conclusión de los servicios funerarios, ya fuera mediante cremación o inhumación, de acuerdo con la decisión de cada una.
La dimensión del operativo también obligó a reorganizar la estructura interna de la Fiscalía.
Hasta junio de 2026 participaban de manera permanente diez agentes del Ministerio Público, seis policías investigadores, 35 especialistas de Servicios Periciales y 15 integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de personal de apoyo proveniente de distintas regiones del estado.
La institución calcula que, en conjunto, se han invertido alrededor de 265 mil horas-hombre en labores relacionadas con el caso.
Sin embargo, las cifras apenas permiten dimensionar el tamaño del desafío.
Detrás de cada identificación hubo médicos forenses, genetistas, antropólogos, criminalistas y especialistas que durante meses trabajaron para reconstruir la identidad de personas cuyos cuerpos permanecieron ocultos dentro de un crematorio que debió convertirlos en cenizas y entregarlos a sus familias.
Fue una investigación que rebasó la capacidad ordinaria de los servicios periciales de Chihuahua y obligó a movilizar recursos humanos y científicos pocas veces vistos en una sola indagatoria.
Ese esfuerzo estuvo encabezado por la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, responsable de conducir el trabajo científico que permitió comenzar a devolver nombre e identidad a las víctimas del caso Plenitud.
El reto que rebasó a los peritos
Hasta hace unas semanas, Javier Sánchez Herrera encabezó la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. Hoy ocupa la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, donde tiene la responsabilidad de combatir delitos como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, durante el último año dirigió una de las investigaciones forenses más complejas que se hayan realizado en Chihuahua.
Recuerda que el hallazgo de los 386 cuerpos modificó por completo la dinámica de trabajo de los laboratorios periciales.
De un día para otro, la capacidad operativa de la institución resultó insuficiente.
Fue necesario concentrar personal especializado de distintas regiones del estado, reorganizar equipos de trabajo y mantener una operación permanente para atender un caso que, desde sus primeros días, colocó a la Fiscalía bajo el escrutinio nacional e internacional.
"Sabíamos que los ojos del país y del mundo estaban puestos sobre nosotros", recuerda.
La presión, explica, no provenía únicamente de la magnitud del hallazgo, sino de la responsabilidad de devolver identidad a cientos de personas y ofrecer respuestas a familias que llevaban meses —e incluso años— creyendo que el proceso de despedida había concluido.
Cada cuerpo siguió un procedimiento técnico cuidadosamente documentado.
Los especialistas registraron características físicas, cicatrices, prótesis, dispositivos médicos, ropa, objetos asociados y cualquier elemento que pudiera contribuir a establecer una identidad. Paralelamente se obtuvieron muestras biológicas para elaborar perfiles genéticos que posteriormente fueron confrontados con el ADN aportado por los familiares.
La investigación también recibió apoyo del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).
La institución federal procesó 110 muestras remitidas por la Fiscalía. De ellas obtuvo 104 perfiles genéticos que posteriormente fueron complementados por especialistas de Servicios Periciales de Chihuahua hasta integrarlos al banco de comparación utilizado durante la investigación.
Gracias a ese trabajo conjunto fue posible acelerar una parte importante del proceso de identificación.
Los resultados también permitieron reconstruir la cronología de la tragedia.
De acuerdo con Sánchez Herrera, la víctima identificada con mayor antigüedad correspondía a una persona fallecida en junio de 2022, mientras que la más reciente había ingresado al crematorio apenas unos días antes del hallazgo realizado en junio de 2025.
Los tres años durante los cuales se acumularon cuerpos dentro de Plenitud comenzaron así a documentarse científicamente, víctima por víctima.
El ADN dejó de ser el problema
Conforme avanzó el trabajo de laboratorio ocurrió algo que modificó por completo la investigación.
Hoy la Fiscalía cuenta con alrededor de 600 perfiles genéticos aportados voluntariamente por integrantes de aproximadamente 250 familias que acudieron con la esperanza de localizar a alguno de sus seres queridos.
Sin embargo, esos perfiles ya no coinciden con los 135 cuerpos que permanecen bajo resguardo de la autoridad.
El principal obstáculo dejó de ser científico, ahora consiste en localizar a las familias correctas.
Sánchez Herrera explica que la Fiscalía realiza un proceso de depuración permanente para evitar comparar muestras de personas que nunca tuvieron relación con el crematorio Plenitud o con las funerarias que mantenían convenios con ese establecimiento.
Cada perfil descartado representa tiempo, recursos humanos y trabajo especializado.
"Entre más familias acudan sin relación con el crematorio Plenitud, mayor será el retraso del proceso", explica.
El funcionario considera además que parte de las familias que todavía no han proporcionado muestras genéticas pudo haber dado por concluido su proceso de duelo o incluso desconocer que los servicios funerarios contratados terminaron vinculados con Plenitud.
Ese escenario convierte la búsqueda en un desafío distinto.
Ya no basta con esperar el resultado de una confronta genética.
Ahora la investigación depende también de localizar a personas que quizá ignoran que uno de esos 135 cuerpos puede corresponder a su padre, su madre, un hermano o cualquier otro integrante de su familia.
Los cuerpos que siguen esperando
El trabajo de identificación no termina cuando un laboratorio obtiene un perfil genético, ni cuando un cuerpo recupera un nombre.
Cada identificación abre un nuevo proceso que incluye la validación ministerial, la notificación a los familiares, el acompañamiento psicológico, la entrega de los restos y, finalmente, la posibilidad de que la familia cierre un duelo que, en muchos casos, había quedado suspendido desde que el caso Plenitud salió a la luz pública.
Para los 135 cuerpos que permanecen sin identificar, el escenario es distinto.
Javier Sánchez Herrera sostiene que, desde el punto de vista pericial, el trabajo prácticamente ha concluido.
Cada uno de esos cuerpos fue individualizado. Todos cuentan con expediente propio, descripción de sus características físicas, registro fotográfico, perfil genético y una ubicación perfectamente documentada dentro del resguardo ministerial.
Eso significa que la eventual inhumación de los restos no impediría una identificación futura.
Si el Ministerio Público autoriza ese procedimiento, los cuerpos podrían ser sepultados y posteriormente exhumados en caso de que aparezca una coincidencia genética que permita confirmar su identidad.
"La parte pericial prácticamente está terminada", explica el exdirector de Servicios Periciales.
El siguiente paso ya no depende exclusivamente de los laboratorios.
Depende de que aparezcan las familias que todavía no saben que uno de sus seres queridos pasó por el crematorio Plenitud.
La investigación ha demostrado que muchas personas acudieron inicialmente por temor, aun cuando sus familiares nunca tuvieron relación con el establecimiento. Al mismo tiempo, existen otras familias que nunca se presentaron porque desconocen que la funeraria contratada utilizó los servicios de Plenitud o porque consideran que el proceso de despedida concluyó hace años.
Ese contraste mantiene abierta la posibilidad de que algunos de los cuerpos permanezcan sin identificar durante largo tiempo.
Sánchez Herrera reconoce que existe esa posibilidad.
Considera que algunas familias pudieron haber cerrado su proceso de duelo y no encuentran razones para acudir ahora a entregar muestras biológicas, mientras que otras quizá nunca relacionaron la muerte de su familiar con el caso.
Sin embargo, insiste en que el proceso permanece abierto y que cualquier coincidencia genética futura permitirá recuperar una identidad, aun cuando los restos hayan sido inhumados.
Un nombre para cada historia
Cuando el país conoció el caso Plenitud, los 386 cuerpos aparecieron como una sola cifra.
Con el paso de los meses dejaron de ser un número.
Cada identificación permitió reconstruir una historia personal, localizar a una familia y devolver una identidad que permaneció oculta durante años dentro de un crematorio que nunca cumplió el destino para el cual había sido contratado.
Hasta ahora, la Fiscalía ha logrado identificar a 251 personas.
Doscientas cuarenta y cinco familias han podido recibir los restos de sus seres queridos y concluir un proceso que durante meses permaneció suspendido por la incertidumbre, pero otras 135 todavía esperan.
Esperan que alguien reconozca una fotografía, recuerde una cicatriz, aporte una muestra genética o descubra que la funeraria a la que confió la despedida de un familiar mantenía relación con el crematorio Plenitud.
La ciencia ha hecho buena parte de su trabajo, ahora el reto consiste en encontrar a quienes aún desconocen que uno de esos cuerpos puede pertenecer a la persona que durante años creyeron haber despedido.
La identificación representa apenas una parte del camino.
La otra tarea —establecer quién permitió que 386 cuerpos permanecieran ocultos durante más de tres años y quién deberá responder por ello— continúa.
Esa será la siguiente etapa de una investigación que, un año después del hallazgo, todavía está lejos de concluir.
