De acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia, durante esta tarde María Manuela S.M. –propietaria de la funeraria Luz Divina- fue vinculada a proceso penal por el delito de fraude en contra de al menos ocho víctimas, cuyos familiares se encontraron en el interior del crematorio Plenitud.
Esta es la segunda causa penal que se abrió contra este establecimiento, que anteriormente había llegado a un acuerdo reparatorio con 14 de 20 víctimas que también la acusaron de fraude.
Ahora se presentaron 15 personas, mismas que se habían canalizado al Instituto de Justicia Alternativa en busca de un acuerdo reparatorio.
Indicó que en esta segunda causa penal, la propietaria de la funeraria y su asesoría legal únicamente pudieron llegar a un acuerdo económico con siete víctimas, a quienes se les pagaron al menos 3 mil pesos para que retiraran los cargos en contra de María Manuela.
El resto rechazó el acuerdo económico y decidió continuar con la formulación de imputación.
Ante la postura mostrada por deudos de Plenitud, la representación social presentó los antecedentes de investigación con los que justificó que la imputada habría obtenido un lucro de manera ilícita al ofrecer servicios funerarios y de cremación que no se habían llevado a cabo.
La mayoría de las víctimas recibió una urna con cenizas que al final resultaron falsas, mientras que los restos de sus seres queridos se encontraron en avanzado estado de descomposición en el interior del inmueble de la colonia Granjas Polo Gamboa.
El juez consideró que había elementos suficientes que justificaban el auto de vinculación a proceso en su contra.
Dado a que la propietaria estaba dispuesta a aceptar acuerdos reparatorios con algunas de las víctimas, indicó que la imputada enfrentará el proceso penal en libertad, sin ninguna restricción adicional.
De acuerdo con la agenda del TSJ, María Manuela tiene pendiente una audiencia en su contra programada para el 19 de agosto, luego de que el pasado 17 de junio, cuando se llevaba la audiencia inicial por la causa penal 820/26, los defensores de la imputada manifestaron que se encontraba enferma y que no podía presentarse ante las autoridades judiciales.
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