Para la abogada Olivia Aguirre Bonilla, así como para el resto de los asesores particulares que representan a víctimas en el caso de fraude en contra de la funeraria Luz Divina, lo que ocurrió durante la audiencia más reciente fue una actuación, por parte del Ministerio Público, la jueza y la defensa de la imputada.
Están más interesados, afirmó, en que se resuelva el caso lo más pronto posible que en llevar justicia a las víctimas del crematorio Plenitud.
Visiblemente frustrada tras salir de la audiencia, la abogada resaltó que a lo largo del transcurso de la causa penal, el Ministerio Público ha cometido omisiones, como desdeñar periciales en psicología, así como permitir que la defensa dilate el proceso judicial.
Declaró que en este caso existe una falta de empatía por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), al no considerar la reparación de daño emocional como una de las condiciones a cumplir para sobreseer el caso de fraude.
Lo que ocurrió, dijo, no solo significó un daño para la economía de las víctimas, sino que dejó secuelas emocionales y afectaciones en su plan de vida que, en algunos casos, no se han podido recuperar al enterarse de que sus seres queridos estaban entre los 386 cuerpos encontrados el pasado 26 de junio en las instalaciones de la colonia Granjas Polo Gamboa.
En la práctica ya se ha cumplido un año del hallazgo en el crematorio Plenitud y, hasta el momento todavía no hay personas detenidas por el acumulamiento de cientos de cuerpos en el inmueble, expuso.
Además, mencionó que no solo no se ha detenido a personal de las funerarias señaladas como partícipes, sino que en la mayoría de los casos siguen operando con normalidad, sin haber recibido sanciones por llevar los cadáveres al crematorio.
La abogada puntualizó en que el caso sacudió a la sociedad juarense y que es necesario que las autoridades actúen para que garanticen una justicia pronta y expedita a las víctimas, sin embargo, lo que se ha observado es “una simulación de la justicia”.
Con relación al diferimiento de las audiencias por parte de la defensa, aseveró que se trata de una estrategia legal que tiene el propósito de retrasar el proceso el mayor tiempo posible.
Desde su perspectiva, la afirmación de que la imputada está enferma es una muestra de esta situación, ya que la defensa únicamente presentó una receta médica, misma que no debe tener validez legal para comprobar un padecimiento médico.
Agregó que dichas estrategias, sumadas al hecho de que hay víctimas que por diversas circunstancias no han podido ser localizadas, provocó que, por el momento, no se haya podido realizar la formulación de imputación.
“La audiencia de formulación de imputación es un proceso bien simple que, por culpa de estas situaciones, ni siquiera hemos podido llevar a cabo”, lamentó.
El retraso del proceso penal también representa un gasto para las familias, que en la mayoría de los casos, son de escasos recursos y han tenido que sacrificar horas de trabajo para poder cumplir con la obligación de presentarse ante el juez, expuso.
Sobre los montos de reparación de daño que han ofrecido a las víctimas, que oscilan entre los 5 mil y 44 mil pesos, la litigante expresó que son cifras irrisorias que no sirven para reparar el daño de manera integral, pero que son aceptados por las víctimas debido a que la defensa se aprovecha de su necesidad económica para no enfrentar la justicia.
Incluso, relató que en una audiencia anterior se ofrecieron para asesorar legalmente a una de las víctimas, misma que rechazó la oferta debido a que necesitaba el dinero.
Actos intimidatorios por parte de la FGE, la jueza y la defensa
Acerca de lo ocurrido en la audiencia, cuando la jueza ordenó al Ministerio Público dar vista por la probable comisión del delito de falsedad ante la autoridad judicial cometido presuntamente por una de las integrantes del equipo legal de Aguirre Bonilla, consideró que fue un “acto de intimidación” por parte de las demás partes del proceso.
Comentó que se trata de una cuestión administrativa y que los asesores legales, así como las víctimas del caso, tienen el derecho a solicitar o compartir las copias de las carpetas de investigación que ellos deseen, sin que ello represente un delito.
Consideró que es grave que, el propio Ministerio Público, que en teoría debería actuar en favor de las víctimas, se preste para actuar en contra de ellas.
“Es una odisea la que enfrentan las víctimas, en Fiscalía, aquí en los juzgados y se vuelve más difícil cuando se topan personas como estas, que solo les importa el dinero, las destrozan. Si así nos tratan a nosotros, que somos sus colegas, imagine como tratan a las víctimas”, afirmó.
Aseguró que, tras esta audiencia, presentó recursos de queja ante el área de Asuntos Internos de la FGE, así como la solicitud del cambio en la agente del Ministerio Público.
De la misma forma, dijo que acudirá ante autoridades judiciales para denunciar la actuación de la jueza de Control y llamarán a comparecer a los médicos que atendieron a la imputada con la intención de que certifiquen si verdaderamente no podía comparecer ante el juez.
Remarcó que pelearán hasta las últimas consecuencias para que las víctimas de este caso tengan acceso a la justicia.
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