El Condado de El Paso presentó una demanda contra el Gobierno federal para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a revelar información sobre la construcción de un megacentro de detención para migrantes en Socorro, Texas, un proyecto que podría albergar hasta 8 mil 500 personas, de acuerdo con un comunicado oficial de las autoridades del condado.
La acción legal la interpuso la procuradora del condado, Christina Sanchez, luego de que la Corte de Comisionados autorizara el litigio durante su sesión del 6 de abril, en respuesta a la falta de información oficial sobre el desarrollo de esta instalación.
De acuerdo con el comunicado, en la demanda, el Gobierno federal habría adquirido desde enero un terreno en Socorro por más de 122 millones de dólares y presuntamente otorgado un contrato sin licitación por 30 millones de dólares para el diseño del centro de detención.
Pese a la magnitud del proyecto, ICE todavía no informa de manera oficial sobre su ubicación precisa, características ni impacto en la infraestructura local, lo que autoridades del condado calificaron como un “patrón persistente de hermetismo”.
“Debido a su gran magnitud, esta instalación podría generar una enorme demanda de recursos naturales, servicios de emergencia, sistemas de salud pública e infraestructura local”, advirtió Sanchez. Señaló que la transparencia es fundamental para que tanto autoridades como ciudadanos puedan anticipar los efectos del proyecto y planear en consecuencia.
La demanda se sustenta en la Ley de Libertad de Información (FOIA), que obliga a las agencias federales a responder solicitudes en un plazo máximo de 20 días. El condado presentó su solicitud desde febrero sin obtener respuesta, por lo que ahora busca que una corte federal declare ilegal la omisión de ICE y ordene la entrega inmediata de documentos relacionados con la planeación, financiamiento e impacto ambiental del centro.
El litigio también se da en medio de una creciente oposición comunitaria. En enero, más de 200 residentes pidieron a la Corte de Comisionados investigar el proyecto, ante preocupaciones por el impacto en recursos como el agua potable, la presión sobre servicios urbanos y antecedentes de presuntos abusos en centros de detención existentes en la región.
Con esta acción, el Condado de El Paso busca no solo acceder a la información, sino frenar lo que considera un manejo opaco de un proyecto con implicaciones directas para la región fronteriza.
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Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria
