Ahora sí que, como lo marcó la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, “a lo cholo” se aventó el tiro el coordinador del Parque Central, Rafa Butchart, para evitar que frente a “su parque” se mostraran los anuncios de centros nocturnos, más conocidos como table dance o clubes para hombres.

¡Ave María Purísima!, se persignó el funcionario, quien de guardián de parque pasó a guardián de las buenas conciencias y con sus propias manos destrozó las lonas que se desplegaban en un vehículo ubicado en el estacionamiento del lado oriente.

Hablamos de las unidades de publicidad móvil, esas que desde que aparecieron en las calles han generado debate público. Hay quienes, con bastante razón, cuestionan que autoridades municipales permitan ese esquema de negocio que tanto distrae la atención de los conductores, obstruye o estorba la circulación vial y, además, genera contaminación visual.

Varias empresas publicitarias, que no se conforman con el manejo de anuncios espectaculares fijos, cobran a sus anunciantes por utilizar ese otro medio móvil, generalmente con publicidad luminosa.

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Y si le agregamos el tipo de negocio que se anunciaba en la unidad dañada por Butchart, claro que la polémica crece, ya que hablamos de los teibols, los antros donde se consumen bebidas alcohólicas mientras mujeres desnudas o semidesnudas bailan o practican sus rutinas en tubo. En algunos sitios se ofrecen bailes privados a los clientes y no es para nada extraño que negocios de este tipo deriven en prostitución y trata de personas.

Las lonas que destrozó el también identificado como “El hombre del sombrero” mostraban imágenes de bailarinas con muy poca ropa. Promocionaban “la seducción de 20 chicas en la pista” o la “gran variedad de chicas” para El Eclipse, así como el eslogan “El palacio del placer” para el club César’s Palace. Sexualización, cosificación o explotación de la mujer en su máxima expresión, como parte de un negocio millonario de muy larga data, ampliamente normalizado y tolerado.

Parece que una persona vinculada con la unidad estaba en el interior del parque mientras otra la esperaba en el estacionamiento. O sea, que no era tanto que estuvieran ahí haciendo el trabajo de promoción, pero el coordinador del parque no aceptó explicación alguna y, como no se iban con sus anuncios a otra parte, decidió destrozarlos. Hasta una llanta les ponchó.

Así que por eso fue detenido por la Policía Municipal, luego de ser denunciado por quienes traían a su cargo la unidad. Son daños a propiedad ajena y ya se verá qué estatus legal enfrenta el funcionario, porque se supone que el asunto llegó hasta el Ministerio Público.

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“No me interesan las implicaciones legales que esto pueda representar. La tranquilidad del parque es nuestra prioridad”, escribió el propio Rafa Butchart en sus redes sociales, donde él mismo compartió un video del antes, durante y después del retiro de las lonas.

No sabe Mirone si así lo planeó el funcionario, pero ahora resulta que ya se está haciendo famoso por la causa y la forma en que decidió actuar. Tanto así que, en el PAN, donde es reconocido su activismo, su operación política y su convicción en torno a los principios y valores azules, ya lo andan candidateando para el proceso electoral de 2027.

Si no es la persona que buscan para jalar 200 mil votos por la alcaldía de Ciudad Juárez, a lo mejor aparece en alguna diputación. Claro, después de que libre el problema legal por los presuntos hechos constitutivos de delito.

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Molestia, por decir lo menos, es lo que ha causado entre la población del sur del estado la “mudanza” de la magistratura del Distrito Hidalgo a la cabecera del Distrito Morelos.

El que hayan preferido a la ciudad de Chihuahua por encima de la “Capital del Mundo” no solo tocó las fibras más sensibles del orgullo regionalista parralense, sino que alteró una normalidad procesal que llevaba años funcionando y de la que nadie se había quejado… hasta que llegó la Reforma Judicial del Bienestar.

Lo peor del caso es que el mentado reacomodo no solo afectó a la gente de Hidalgo del Parral y de sus municipios vecinos, sino prácticamente a toda la región sur y sureste de la entidad, porque todos esos distritos entraron a la dichosa Red Estatal de Magistraturas y Justicia Digital.

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¿En qué consiste esa concentración de magistraturas y demás instancias en la ciudad de Chihuahua? Digamos que en centralizarlo todo en la torre del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ubicada en el congestionado centro de la capital.

Con lenguaje elegante, el TSJ describió la operación como una evolución mediante la cual los distritos Hidalgo, Jiménez, Camargo, Mina, Andrés del Río y Arteaga serán atendidos en su totalidad por las salas competentes ubicadas en Chihuahua.

Aquí viene un párrafo curioso que ha lastimado —repetimos— el orgullo de la gente de aquellos municipios: con la concentración de funciones en la capital se fortalecerá “la calidad de las resoluciones y se ampliará la capacidad institucional disponible para las y los justiciables”.

¿O sea que antes, cuando despachaban en sus lugares de origen, las resoluciones estaban débiles, o cómo?

Se supone que el cambio busca beneficiar a los justiciables, pero lo cierto es que los obligará a realizar viajes de tres horas o más, con el consiguiente costo de casetas, gasolina y desgaste del vehículo. Y eso, solo de ida, para presentar promociones o demandas, atender una audiencia o, en ocasiones, entregar unas simples copias.

Lo de hacerlo de manera virtual no resuelve las necesidades de la zona, le cuentan a Mirone, pues la mayor parte de los municipios del distrito son rurales, según explican abogados y operadores del sistema judicial que aún no terminan de digerir eso de la “mudanza”.

Hasta ahora, cuando apenas han transcurrido unas semanas del traslado de las instancias judiciales a la capital, las dificultades ya afloraron y el enojo ha ido en aumento porque, dicen, se les dio un trato de segunda, como si no merecieran tener sus propias oficinas, su magistratura y la operación judicial cerca de su lugar de residencia.

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El TSJ justificó el movimiento porque, según su versión oficial, se trata de una modernización que incorpora “el uso de videoconferencias, gestión digital de expedientes y mecanismos remotos de atención, lo cual no significa traslados a la ciudad capital, tiempos de gestión ni costos para litigantes y ciudadanos”.

Suena bien, si se tratara de un sistema de ventas por catálogo o de esas sesiones tipo home office que, de un tiempo a la fecha, se avientan los diputados del Congreso del Estado. Pero esa explicación no ha convencido a la población del sur.

Para ellos, todo obedece —según le comentaron a Mirone— a cambiar el decorado del sistema judicial para dejarle el camino libre al magistrado Yamil Athié Gómez, quien pronto asumirá la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Nunca le gustó eso de estar asignado a una sala situada a dos horas de camino, en un municipio de poco más de cien mil habitantes, lejos de los palacios, los grandes edificios y la grilla de restaurante de postín.

Eso no va con un magistrado que dentro de poco será presidente. Así que la población parralense y la de sus municipios vecinos, por lo visto, bien pueden esperar.

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Ayer comentamos aquí cómo es que desde las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) se fueron en contra de jueces penales y presentaron una denuncia ante la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Las decisiones y resoluciones que magistradas y magistrados consideraron irregulares, fuera de toda lógica jurídica y hasta del sentido común, por parte de personas juzgadoras de primera instancia en el Distrito Judicial Morelos, hicieron sospechar actos de corrupción en torno al cambio frecuente de medidas cautelares que dejan en libertad a personas acusadas de distintos delitos graves.

Sin embargo, le comentaron a Mirone que esa no es la única situación crítica, ni es el único distrito con broncas, ni la única materia donde jueces y juezas se sienten tan empoderados como para mandar a volar criterios, peticiones y hasta resoluciones de los tribunales de alzada, es decir, de las salas que albergan a las magistraturas.

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Andan preocupados en el Tribunal Superior de Justicia porque consideran que una cosa es la independencia judicial y la libertad de criterio de cada juzgador, pero otra muy distinta que se sientan intocables y, de plano, ignoren hasta peticiones de información faltante que se les solicita por oficio durante las apelaciones o en cualquier etapa de los juicios.

Simplemente hay temas en los que, jurisdiccionalmente, las salas son órganos superiores de los juzgados, pero resulta que operan juezas y jueces que lo ignoran o se resisten a aceptarlo y, por eso, no atienden las solicitudes.

Como instancias revisoras que son las salas, existen señalamientos y observaciones que las personas juzgadoras de primera instancia deben tomar en cuenta. Sin embargo, hay algunas que sienten que la Virgen les habla.

Incluso se ponen sus moños en asuntos de cumplimiento de amparos y tampoco en esos casos le dan la importancia debida a las solicitudes que llegan desde los tribunales federales.

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Más allá de los temas de responsabilidad administrativa en que puedan incurrir, de plano están desacatando mandatos judiciales de alzada y de los tribunales de amparo, lo que consideran en el Tribunal Superior de Justicia bastante grave.

Quién sabe si también tenga que ver el hecho de que recientemente se armó, desde Ciudad Juárez, la primera asociación estatal de juezas y jueces. La unión hace la fuerza… y parece que a varios ya les gustó asumirse completamente libres, autónomos y, de paso, inmunes a cualquier llamada de atención.

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¿Cuánto son tres mil millones de dólares? Mucho, muchísimo dinero: unos 54 mil millones de pesos al tipo de cambio actual, casi el 50 por ciento del presupuesto anual del Gobierno del Estado.

A eso asciende la pérdida que sufrió la ganadería —y, con ella, la economía del país— por el cierre de la frontera a la exportación de ganado en pie, según cálculos del Consejo Mexicano de la Carne y otros organismos relacionados con la actividad de criar y exportar becerros a Estados Unidos.

De ese tamaño es el boquete que provocó el cierre de la frontera a la exportación de ganado desde noviembre de 2024, cuando se detectó el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en Chiapas. Y la cuenta todavía no termina.

El daño corresponde a toda la actividad pecuaria del país y a su balanza comercial, pero golpea de manera particular a Chihuahua, porque es el principal estado exportador, con entre un millón 200 mil y un millón 400 mil cabezas cada año, según coinciden organismos ganaderos y dependencias gubernamentales.

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Si el valor promedio de cada becerro exportado es de mil 200 dólares, la pérdida para Chihuahua ronda entre mil 400 y mil 500 millones de dólares. Todo por un gusano que entró por la frontera sur y se propagó hasta los estados fronterizos del norte en menos de dos años.

Y la pérdida no terminará ahí. Una vez que se reabran los puertos de Palomas-Columbus y San Jerónimo-Santa Teresa, la entidad enviaría apenas unos 250 mil ejemplares en los meses siguientes, según lo ha anunciado la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Es una cifra muy rabona, comparada con el volumen que normalmente exporta la ganadería chihuahuense.

¿Y el otro millón? Nada. Que el ganado no exportado se quedará aquí, a ver quién lo quiere —o quién lo puede— engordar.

Por lo pronto, el sector espera la reapertura de los dos puertos fronterizos para la exportación de ganado ubicados en Chihuahua, prevista para finales de agosto. Pero, para entonces, una buena parte de los animales ya estará “crecidita” y será más difícil colocarla en el mercado estadounidense.

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Lo que sigue es mantener el combate al famoso GBG para evitar que inunde los hatos, como ocurrió en otras entidades del país. Lo malo, le contaron a Mirone, es que a Chihuahua le enviaron pocas moscas estériles para contener su expansión en una entidad de dimensiones gigantescas.

Esperemos que sea porque la producción de moscas apenas está entrando en una fase de mayor escala, y no por las grillas politiqueras entre Gobiernos emanados de distintos partidos.

Nota: Hay un dato que conviene revisar antes de publicar. Si el cálculo es de 1.2 millones de becerros × 1,200 dólares, la pérdida para Chihuahua sería del orden de 1,440 millones de dólares, no de 1,400 a 1,500 millones de pesos. Hay una inconsistencia entre dólares y pesos que vale la pena corregir para evitar un error numérico.