Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños y adolescentes migrantes elevarán su preocupación acerca del peligro que enfrenta esta población en su trayecto a Estados Unidos en su paso por México, donde son acechados por el crimen organizado para su reclutamiento.
El próximo 3 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo una audiencia para abordar el tema de los impactos del crimen organizado en los derechos de menores de edad que se encuentran en movilidad.
La CIDH ha invitado a participar a dependencias gubernamentales de México, pero también a integrantes de organismos tanto de Estados Unidos como de este país, tales como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) que tienen su sede en Ciudad Juárez.
Este día se realizó una conversación rumbo a la audiencia de oficio, donde Fernando Loera, uno de los encargados de programas en la asociación juarense, expuso las preocupaciones que existen en torno a los menores de edad que son reclutados por los grupos criminales principalmente en las fronteras.
Mencionó que la problemática se ha agravado por las cambiantes políticas migratorias que hace Estados Unidos, donde las personas en movilidad se ven obligadas a permanecer mucho tiempo estancadas en las fronteras, en lado mexicano.
Aunque señaló que el acumulamiento tiene décadas, se ha agravado en los últimos años. Subrayó que en los últimos cinco años, el acumulamiento de estos menores en movilidad han triplicado las cifras en las fronteras.
Indicó que cada entidad federativa tiene sus particularidades, enlistando a Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.
Dijo que “el crimen organizado encontró una área de oportunidad al integrar a sus filas a estos adolescentes que particularmente también tienen características que hacen que sean mayormente vulnerables y que facilitan que se puedan integrar a estas dinámicas”.
Comentó que en su mayoría estas personas que se convierten en víctimas, pertenecen a estratos socioeconómicos precarios, son residentes de espacios en comunidades urbano-marginales, presentan deserción escolar, se encuentran en omisión de cuidados y tienen problemas de adicciones.
Loera señaló que el crimen organizado utiliza las coyunturas para poder sumarlos a sus filas y aunque “de pronto el reclutamiento que se da tiene que ver con un intercambio económico” o un beneficio económico que les ayuda a cubrir algunas de las necesidades que estos muchachos de manera natural no han podido cubrir, también es cierto que estos menores tienen dificultades de acceso a servicios públicos y a derechos como la educación y la salud.
Sostuvo que ese reclutamiento no solamente se da de manera natural, sino que también “existen casos de adolescentes que pueden ser reclutados a través de las amenazas, la intimidación o el sembrarles un temor que ya es una forma forzada de poder participar en esas actividades”.
Resaltó que también hay una vigencia, porque el crimen organizado los usa como un activo desechable, ya que les sirven de entre los 11 y los 17 años.
Hizo énfasis en que el crimen organizado los recluta y los adolescentes cruzan de manera irregular a los Estados Unidos, son detenidos por las autoridades y luego son retornados o repatriados a México y son puestos a disposición de la autoridad responsable de la protección, que en este caso son los sistemas DIF y los DIF hacen la reintegración a los núcleos familiares y ahí es donde empieza esa circularidad de participación y lo que hace que se le denomine “de circuito”.
Señaló que una vez que son reintegrados al núcleo familiar, vuelven a cruzar y vuelven a estar participando de manera reintegrada en estas actividades, de tal manera que “la permanencia en este círculo de explotación, de trabajo en el que se encuentran, hace que también puedan ir adquiriendo algún posicionamiento dentro de la escala del crimen organizado”.
Loera detalló que en algún momento esos menores se pueden convertir a su vez en reclutadores y escalan en las estructuras del crimen, lo que se vuelve muy complejo.
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