Última parte de tres
“Cuando levantaron al esposo de mi ma, 19 de mayo, ahí ya no supimos qué pasó, si dejó vivo o muerto; buscamos, ya no encontramos y después todavía estaba diciendo que van a acabar todo de familia y también de nosotros, todos mi hermanos. Pues con eso tenemos miedo”.
Esas fueron las palabras de una mujer indígena del pueblo ódami o tepehuano.
Hace más de cuatro años, ella y su familia fueron obligadas a dejar sus casas en la comunidad Mesa Colorada.
Caciques dedicados a la renta de tierras para la producción de goma de opio cercaron la zona con alambre de púas.
A pesar de que la situación de desplazamiento forzado fue denunciada por organizaciones defensoras del territorio, ninguna autoridad llevó a cabo acciones que permitieran el retorno de los afectados.
La Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara y la Alianza Sierra Madre (Asmac) emitieron un comunicado en julio de 2020.
En el despacho de prensa reiteraban la denuncia contra «chabochis» (hombres mestizos) que estaban despojando a los pobladores originarios.
Revelaron que la Fiscalía estatal tenía al menos 18 carpetas de investigación abiertas contra ellos; los hermanos Cornelio y Aurelio Alderete.
“Exigimos actuación inmediata y responsabilizamos a las autoridades de la integridad física de cada uno de los integrantes de las comunidades y del personal de Asmac”, advertían.
Incluso pedían acciones coordinadas entre Fiscalía y cuerpos de seguridad del Estado “para que garanticen la vida e integridad de los habitantes de las comunidades ódami”.
Pero la realidad no cambió.
Resguardadas en una casa de madera en una comunidad cercana a Baborigame, hasta el cierre de este trabajo, las mujeres ódami siguen viviendo bajo el acoso de los perpetradores.
Visitando una casa-refugio de familias desplazadas
La hermana Maribel Ramírez, que apoya a las familias desplazadas con acompañamiento y gestiones sociales; la mayoría de las veces relacionadas con atención médica, afirma que la situación sigue siendo delicada.
Mientras conduce una camioneta rumbo al sitio donde estaban resguardas una docena de mujeres y varios niños y niñas, Ramírez narra parte de lo que se vive en esa parte de la sierra de Chihuahua.
“Hay veces que parece que esta tranquilo pero no, sigue habiendo muertes y no sabemos por qué; no se da seguimiento a los casos, las familias de los desaparecidos, de los muertos. Algunos sí ponen denuncias, otros no, por miedo”, relata.
Sus manos firmes en el volante. La mirada en el camino. El vehículo brinca por lo irregular del terreno serrano.
La hermana termina el planteamiento:
“Junto con la violencia o la delincuencia organizada, también ha habido desplazados, (ahora) vamos a visitar una familia de desplazados de la Mesa Colorada”.
Al frente se empieza a distinguir entre los árboles una casa de adobe con su techo de lámina a dos aguas.
Una mujer mayor la recibe sonriendo; trae la cabeza cubierta con un pañuelo blanco de flores rosadas.
Adentro una joven amamanta a un pequeño, mientras otro niño más grande mira a los visitantes.
— ¿Como cuántos días tienen aquí, una semana, un mes?— se le pregunta a una de las mujeres.
— Tenemos ya dos años— responde—.
— Y ¿cómo le han hecho para vivir, para comer?— se le plantea—.
— Sí, siempre batallando, aquí no hay trabajo— es la respuesta, corta y elocuente.
Ella recuerda que cuando salieron de su comunidad eran 134 personas, incluyendo 21 niños.
No se sabe si esa cantidad de personas desplazadas fueron incluidas en algún registro oficial.
Lo único cierto es que ninguna ha podido volver a su comunidad y dedicarse a sembrar maíz y frijol, pastorear su ganado y caminar con libertad entre los cerros y veredas de la imponente Sierra Tarahumara.
Documenta Ceave desplazamiento forzado en Chihuahua
La única información disponible sobre desplazamiento forzado interno es un reporte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave), publicado en diciembre de 2019.
El documento refiere que, de 2017 a julio de 2019, el organismo atendió a 373 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua.
De ese número, 130 eran menores de 15 años.
Entre todas las personas afectadas, 92 sufrieron por el homicidio de alguien cercano, 75 fueron amenazadas, 46 fueron víctimas de despojo, 21 de lesiones, 21 de robo y siete fueron privadas de la libertad.
Cinco personas fueron víctimas de fraude, cinco más de tentativa de homicidio, cuatro de desaparición, nueve de daños y dos por el feminicidio de alguien de su familia.
De todos los casos, indica el reporte de Ceave, solo 177 presentaron denuncia.
La mayoría de los que no lo hicieron refirieron no tener confianza en las autoridades o tener miedo de represalias.
El estudio puntualiza que el 61 por ciento de los casos atendidos, equivalente a 229 personas, corresponden al municipio de Guadalupe y Calvo, en donde se localiza el seccional de Baborigame.
