Familiares de la niña de 3 años, víctima de posible violación agravada en el Colegio Americano de Ciudad Juárez, tramitarán una queja en el Tribunal de Disciplina Judicial contra la jueza, Gabriela Lizeth Gómez García.
Lo anterior, luego de que la juzgadora determinó no vincular a proceso a la persona señalada como quien agredió sexualmente a la menor dentro del plantel Misiones del citado colegio, informó la abogada Olivia Aguirre Bonilla, representante legal de la víctima.
Para la jueza de Control del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género, Gabriela Lizeth Gómez García, dentro de la causa penal 938/2026, no fueron suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público, a pesar de la contundencia de las mismas, indicó la entrevistada.
Recordó que, en la audiencia de vinculación, se establecieron datos de prueba firmes, como la testimonial de la niña en la que identificó a la agresora por su nombre y con un retrato que le fue mostrado.
Además, se presentaron periciales de dos médicas legistas que confirmaron la agresión sexual, además de otros datos que eran suficientes para la vinculación, explicó.
Criticó que todo el argumento de la jueza se centró en enfocar el hecho en un solo día, el 5 de febrero, a pesar de que la temporalidad que expuso el Ministerio Público, abarcaba más días.
“No se puede exigir a niños que sean exactos en cuanto a temporalidad y menos en delitos de realización oculta; no tengo duda que la jueza no juzgó con perspectiva de género, ni con perspectiva de infancia”, reprochó.
Aguirre Bonilla señaló que hubo muchas inconsistencias en la decisión de la juzgadora y por ese motivo, no solo buscarán que sea revertida en segunda instancia, sino que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
“Consideramos que sí puede haber una sanción contra esta jueza, a través del Tribunal de Disciplina Judicial, que esperemos que prospere, porque no es justo que a los niños, niñas y adolescentes, no se les crea cuando han ocurrido este tipo de agresiones sexuales y que todavía se les revictimice”, expresó.
El problema –en cualquier escenario– es el tiempo, porque, dijo, la apelación podría durar de cuatro a seis meses y eso daría oportunidad de que la persona señalada se dé a la fuga.
Sostuvo que fue un despropósito que la juez optara por dejar libre a la enfermera, porque se trata de un delito grave, cometido contra una menor de edad y al cual le corresponde prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo al testimonio directo que la madre de la niña compartió con Norte Digital hace dos semanas, desde mediados de enero de este año, la pequeña fue víctima de violación agravada, en el interior de las instalaciones del plantel.
Ella notó cambios en el comportamiento de la menor y decidió denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).
Peritos especializados de dicha institución, confirmaron mediante estudios clínicos, las lesiones que sufrió la pequeña.
Una juez de Control emitió una orden de aprehensión contra la presunta responsable Leslie Aracely R.C. de 25 años, quien se desempeñaba como enfermera en el plantel educativo.
Todo iba de acuerdo con la ley, pero la señalada no pudo ser aprehendida debido a que tramitó un amparo apenas horas antes de que la orden fuera asignada a agentes ministeriales.
De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, desde que se filtró que había una orden de aprehensión, hasta la no vinculación determinada por la jueza Gómez García, existe la sospecha de que pudieron cometerse actos de corrupción para que el colegio evadiera su responsabilidad.
Al respecto, la abogada Aguirre Bonilla señaló que ella no podía afirmarlo porque no tenía pruebas, pero coincidió en que la resolución de la jueza careció totalmente de fundamento legal y en su actuación fue muy evidente cómo favoreció a la acusada y por ende, al colegio privado.
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