A través de una queja ante el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Javier Acosta Molina, la madre de la niña que presentó signos de agresión sexual en el Colegio Americano plantel Misiones, pidió este miércoles la destitución de la jueza, Gabriela Lizeth Gómez García.
“En este caso venimos a interponer una queja en contra de una jueza que no vinculó a proceso a una violadora, habiendo muchas pruebas por parte de Fiscalía”, afirmó Graciela Legarda, abuela de la menor afectada.
Pidió que la autoridad revise los antecedentes de la funcionaria porque -dijo- dañó los derechos de una niña y lo peor es que no se puede descartar que haya muchas más maltratadas de las que aún no se sabe nada.
Y no solo en escuelas -apuntó- sino también en familias, de los que “muchos han pedido justicia y no se les ha brindado”.
La abogada, Olivia Aguirre Bonilla, quien tomó la representación legal de la familia, explicó que se trata de una queja de orden administrativo, basada en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Dicho ordenamiento -indicó- establece que se pueden seguir procedimientos jurídicos cuando los juzgadores cometan faltas.
Las exponentes estuvieron acompañadas de un grupo de maestras e incluso de los padres de la menor, quienes se mantuvieron fuera de la exposición mediática para evitar su revictimización, pero fue la madre la que firmó el recurso de queja.
Con gritos de “jueza corrupta”, “jueza insensible”, “Gómez García, fuera” y “con los niños no”, los manifestantes se plantaron unos minutos en la explanada exterior del edificio del Poder Judicial, ubicado en el eje vial Juan Gabriel.
De acuerdo con el artículo 312 de la ley orgánica de dicha instancia, la magistrada habría cometido tres faltas graves, refirió Aguirre Bonilla.
La primera fue tener una “notoria ineptitud técnica jurídica en el desempeño de sus funciones”, por no tener “la remota idea de lo que es juzgar con perspectiva de género y perspectiva de la infancia”, señaló.
Lo anterior porque, en el proceso, existió un señalamiento directo de la niña sobre su agresora, y también un estudio pericial de médico legisla en el que se determinaron las lesiones físicas que tenía la menor, precisó.
Sostuvo que otra falla técnica de la juzgadora fue invisibilizar la declaración de la víctima, aún cuando solo tenía 3 años y es sabido que el delito sexual, por su propia naturaleza, es de realización oculta.
Una falta más -agregó- consistió en impedir derechos de la afectada, no solo porque aceptó pruebas de la defensa por despacho, es decir, sin que se ventilaran en audiencia, sino que consintió que la pequeña fuera citada a declarar.
Aunque esto último no ocurrió, no debió aceptarse de inicio, por tratarse de una etapa demasiado temprana del proceso.
“Era una etapa muy prematura para que la niña acudiera a declarar y también implicaba una revictimización”, refirió.
De acuerdo con la legista, la tercera falta ocurrió porque, en la audiencia del 8 de abril pasado, cuando la jueza decidió no vincular a proceso, se vio una inclinación a favor de la imputada “sin conservar profesionalismo, imparcialidad y dignidad”.
Es por esas razones que están solicitando -dijo- no solo la destitución inmediata, sino que se le imponga una multa.
De acuerdo con Aguirre Bonilla el error más grave de la jueza fue que toda su decisión se basó en un solo día (el 5 de febrero) cuando que, en la formulación de imputación, la agente ministerial adscrita a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), fue clara al señalar que la temporalidad de los hechos correspondió a los últimos días de enero hasta la fecha referida, es decir, no solo un día.
El dato concreto que arrojaron peritajes fisiológicos fue que existían lesiones ya cicatrizadas y otras en proceso de cicatrización, que también implicaban una extensión de tiempo, detalló.
Es gravísimo que la juzgadora no haya tomado en cuenta todos esos elementos, y es por eso que tienen la sospecha -señaló- de que existan intereses extrajudiciales, detrás de la decisión de liberar a la imputada.
Aguirre Bonilla recordó el recurso de apelación en proceso, que busca revertir la no vinculación, aunque lamentó la posibilidad de que la persona señalada, ya se haya retirado de Juárez.
Finalmente, reprochó que el abogado de la enfermera, sea el mismo que defendió al colegio Americano un caso diverso de agresión sexual de 2022, en el que se vio implicada una maestra del plantel de avenida Del Charro de dicha escuela privada.
Es muy grave -concluyó- que el colegio esté apoyando la defensa de quien fue señalada de haber agredido sexualmente a una de sus alumnas, vulnerable por su edad, por estar cursando apenas preescolar y por el hecho de no ser protegida cuando estaba bajo su cuidado.
Desde que el caso se hizo mediático en marzo de este año, Norte Digital envió una solicitud de entrevista a la institución educativa, para obtener una postura oficial sobre los hechos; a la fecha no ha sido respondida.
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