Nunca en la historia de los organismos empresariales de Juárez se había presentado una crisis como la que fue detonada la semana pasada por Eduardo Ramos, líder de Coparmex Juárez, al pedir la extinción del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Las expresiones del titular de Coparmex sobre la falta de representatividad en el CCE y la pérdida de confianza de sus agremiados, llevó Eduardo Ramos a plantear la extinción del organismo, lo que junto a la intromisión del poder público estatal representan una tormenta perfecta que deja muy mal parados a los empresarios.
Dicha estrategia, hoy se sabe, no es otra cosa que una “caja china” para distraer el verdadero trasfondo de esta trama político-empresarial en torno a la exigencia para transparentar todos los señalamientos planteados por Manuel Sotelo, líder transportista, sobre el cúmulo de irregularidades del Fideicomiso de los Puentes Internacionales y que como consecuencia ha puesto en riesgo de que se pierda la concesión por la que Juárez recibe alrededor de 300 millones de pesos anualmente del peaje de los puentes internacionales. Ahí es donde está el foco rojo, no en el pleitazo por la extinción del CCE.
Como evidencia de la acción represora e ilegal está la inentendible maniobra en la que el Comité Técnico de los Puentes designa a Sotelo como representante de la sociedad civil, pero luego el Consejo Coordinador Empresarial, mañosamente y sin una justificación legal como soporte, lo remueve, con el claro propósito de imponer a su coordinador en turno, Rogelio González Alcocer (titular de Canaco y obediente de Javier Corral), como el nuevo “representante social”, según fue anunciado por Mario Dena, la voz del gobernador en Juárez.
La maniobra del Fideicomiso de los Puentes y del CCE solo refleja una cosa: el abuso de poder y la violación contra los derechos del representante de la sociedad civil desde cuya posición ha defendido los intereses de Juárez.
Es evidente que las prácticas empresariales represoras no funcionaron ante el escándalo al descubierto, pero aún queda pendiente de descifrar ¿quién dio la orden desde el CCE para pedir el voto a los organismos representados para remover a Sotelo? Hay aquí fundadas sospechas de que los representantes empresariales literalmente “fueron llevados al baile”.
Ante lo expuesto, no resultan extrañas las reacciones de algunos integrantes del CCE que ni por enterados se dieron de cómo es que fueron engañados, generando no una sino varias controversias sobre el tema, y que pone de manifiesto la descomposición interna.
Por un lado aparece Thor Salayandía, titular de Canacintra, quien calificó de traidor en conferencia de prensa al dirigente de Coparmex, Eduardo Ramos, por pedir la desaparición del consejo patronal.
Luego, en la CMIC, Luis Mario Baeza, primero le da la razón a Sotelo en la exigencia de transparencia de las obras del gobierno estatal, pero después vota en su contra removerlo del Comité Técnico. “Es mi amigo”, dice.
Después está la postura de Rogelio González Alcocer, líder de Canaco, quien se contradice al pedir la revisión de los proyectos de los “puentes enanos”, pero tras asumir el liderazgo del CCE, se desdice y ofrece su incondicional apoyo al gobernador Corral, en lo que es interpretado como un acto de servilismo, con el visto bueno de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico estatal, Alejandra de la Vega.
Ante tantas otras acciones de contradicción, prácticas antidemocráticas, y la defensa de intereses individuales y de grupo, debemos cuestionar: ¿Es esta la cultura empresarial que hoy caracteriza a los líderes en turno?
Desafortunadamente, dentro del mismo CCE hay quienes reconocen sentir temor de sumarse a las voces de contrapeso por obvio temor a las represalias, confirmando con ello que el organismo ha pasado a convertirse en un ente autoritario y represor, obediente a los caprichos del mandamás de Palacio.
Rogelio González debe ofrecer una explicación a los integrantes del consejo empresarial, y la forma como fueron utilizados o coaccionados para que emitieran el voto en contra de Sotelo, pues existen evidencias de que varios de los consejeros ni fueron consultados, ni les fue proporcionada la información necesaria del caso Sotelo. ¿Por qué fueron manipulados? ¿Por qué tanta prisa en desconocer al líder transportista del Comité Técnico? O hubo desconocimiento, o de plano fueron engañados.
Es evidente que Rogelio González Alcocer no actúa solo, si no es bajo los designios de Javier Corral, el gobernador que ha dado un sello característico de intromisión de su gobierno, tal como ha ocurrido en instituciones y organismos “autónomos” como el Ichitaip, el Poder Judicial y hasta el Congreso del Estado, y muchos más, donde hay indicios verificables de la astucia para la manipulación. Y los organismos empresariales no son la excepción.
Mucho es lo que deben reflexionar los liderazgos agrupados en el CCE. Hoy tienen en sus manos la decisión de corregir el rumbo, de abrirse como órgano democrático a ser incluyente, respetuoso de las voces que son contrapeso, así como aceptar una mayor representatividad para privilegiar los equilibrios, no los autoritarismos.
Ahí están algún par de ejemplos haciendo fila como la Asociación de Moteles, o el caso de la Asociación de Agentes Aduanales que inexplicablemente lleva tres años pagando cuotas en el CCE pero sin derecho a voto. Tres años.
Hoy lunes cuando vuelvan a reunirse los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, habrá mucho por aclarar.
Es momento de asumir los errores y corregir el batidero dejado por las decisiones de la cúpula empresarial en mención. Pero si no logran hacer de lado tanto ego, definitivamente mejor deberán optar por desaparecer al Consejo Coordinador Empresarial fifí y elitista.
El auto-daño que se han hecho es ya irreparable, vergonzoso.
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