Un tribunal federal declaró inconstitucional el mecanismo mediante el cual algunas empresas inmobiliarias en Ciudad Juárez sustituían la donación de suelo para equipamiento urbano por la ejecución de obra pública (conocido como «pago en especie»), una práctica que durante años se autorizó desde el Ayuntamiento.
La resolución judicial establece que este tipo de decisiones no pueden tomarse de manera discrecional ni por comisiones, sino que corresponden exclusivamente al Cabildo en pleno.
Claudia Arreola Pérez, del área de Incidencia Ciudadana del Plan Estratégico de Juárez A.C., presentó el fallo ante regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano, donde expuso que el esquema permitió desviar obligaciones legales de los desarrolladores.
“El problema es que mientras la Comisión autorizaba las solicitudes, la Dirección de Desarrollo Urbano evaluaba de manera discrecional si se cumplían o no las obligaciones”, explicó.
De acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos, las empresas inmobiliarias están obligadas a donar parte del suelo donde construyen, con el fin de que el Municipio cuente con reservas para equipamiento urbano, como escuelas, centros de salud o estaciones de seguridad.
Sin embargo, mediante la figura de la transferencia de potencial urbano (TPU), los desarrolladores podían sustituir esa obligación por la ejecución de obra pública equivalente al valor del terreno.
Este mecanismo, considerado por la propia ley como excepcional, se volvió recurrente en Juárez.
Las solicitudes eran propuestas por la Dirección de Desarrollo Urbano y autorizadas por regidores de la Comisión de Fraccionamientos, sin pasar necesariamente por el Cabildo.
“Con este fallo, las TPU y las cesiones gratuitas en especie ya no podrán ser autorizadas de manera discrecional por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano”, advirtió Arreola.
Sin suelo para escuelas ni servicios
La activista señaló que este modelo tuvo consecuencias directas en el desarrollo urbano de la ciudad, particularmente en zonas de crecimiento acelerado.
“Nos estamos quedando sin reservas territoriales. En el suroriente no hay espacios para una escuela. Se está batallando para tener un espacio, principalmente para escuelas; no hay un centro de salud, no hay una estación de Bomberos, no hay una estación de policía”, alertó.
Explicó que, en lugar de destinarse a infraestructura que equilibrara el crecimiento urbano, los recursos derivados de la TPU se utilizaron en otros fines, como la compra de vehículos para asociaciones civiles o la rehabilitación de edificios municipales.
El fallo judicial, derivado de un amparo promovido desde 2020, ordena la derogación de seis artículos del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible, relacionados con subdivisiones especiales (artículos 100 Bis al 100) y Transferencia de Potencial Urbano (artículos 145 Bis al 145 Sexies), al considerarse inconstitucionales.
El regidor Alejandro Acosta Ávila (Morena), coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, señaló que la implementación de la resolución corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento.
Un informe de la Dirección de Desarrollo Urbano, presentado el 5 de noviembre de 2025, documentó al menos 45 proyectos realizados bajo este esquema, de los cuales 18 ya estaban concluidos entre enero de 2024 y noviembre de 2025.
Entre las obras reportadas se encuentran equipamiento de parques, acceso al estacionamiento del Bachilleres plantel 16, entrega de pintura para desarrollo social, alumbrado público en la calle Ramón Rayón, nomenclatura de calles, así como infraestructura para planteles educativos.
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