Si la ciudad está infartada no es por culpa de la infraestructura construida para el BRT sino por la falta de operatividad del mismo.
Esto en opinión de José Mario Sánchez Soledad, presidente de Coparmex Juárez, quien considera que el proyecto sí es necesario, pero ha terminado por politizarse.
“Si no opera ahorita el BRT es porque el Gobierno del Estado no ha llegado a hacer lo que tiene que hacer para esto suceda; en lo que urge trabajar es en la operación y lo que tiene nerviosos a todos es el nuevo esquema que no se conoce”, indicó.
Lo que se teme -asegura-, es que esto vengan a cambiar las reglas del juego, cuando ya se tienen 5 años trabajando en un esquema; y que con el cambio de administración este esquema puede quedar en otra cosa por cuestiones políticas antes que de verdadero interés público.
Para el representante patronal son evidentes las razones de molestia que tiene la ciudadanía respecto a un proyecto que no termina de concretarse; el problema -asegura- no es la infraestructura, sino las indecisiones que impiden echar a andar un servicio que es necesario para la ciudad.
“No es suficiente haber construido la infraestructura, es la operación lo que es difícil, ahí está construida desde hace tiempo y ya las están vandalizando; mientras no haya la operación, el sistema de transporte ya funcionando ahí se van a quedar, esperando años, simplemente ahí va a quedar”, dijo.
Según Sánchez Soledad, lo evidente es que se trata de una situación que le corresponde resolver al Gobierno del Estado; algo que por ahora no puede hacer porque está todo detenido, incluyendo cambios importantes en la Ley de Transporte que por ahora nadie conoce.
“Eso de cancelar concesiones, de hacer un instituto, de que se vaya a la Secretaría de Gobierno, depende de si se aprueba la nueva ley; pero la ley no está aprobada, se nos fue un quinquenio y ahora vienen estos cambios ¿qué va a resultar de eso?”, cuestionó.
De acuerdo al representante de Coparmex, un gran dilema lo representan los acuerdos y los convenios que se firmaron bajo la ley anterior.
Con las modificaciones cuyas propuestas por ahora nadie conoce muchos de esos acuerdos podrían quedar sin efecto, dando pie a demandas y amparos.
“Sólo esperamos que no sea una ley que quieran aprobar en lo obscurito”, acotó, afirmando que la responsabilidad termina por aventársele al ciudadano.
“Los concesionarios al final de cuentas son ciudadanos, y les quieren aventar la bronca cuando en realidad la responsabilidad es del Gobierno del Estado. Sí, el sistema está colapsado, pero no por las estaciones, está colapsado por la no operatividad de Gobierno del Estado”, aseveró.
“¿El problema es el BRT? no; el problema es la falta de operatividad, que no le ha dado el Gobierno del Estado porque es su función, porque de ellos depende”, concluyó.
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