A un día de que venza el plazo de recolección de firmas para revocación de mandato, el INE reporta el 6 por ciento de avance.
Con corte al 23 de diciembre, el organismo electoral verificó 5 mil 786 firmas de las 85 mil 519 necesarias en Chihuahua.
El plazo para la entrega de firmas que respalden la consulta de revocación de mandato concluye el 25 de diciembre.
Solamente siete estados tienen menos firmas avaladas que Chihuahua, de acuerdo al reporte oficial; Tabasco y la Ciudad de México ya completaron el apoyo ciudadano requerido, mientras que Campeche reporta el 97 por ciento de avance.
A nivel nacional se ha completado el 39 por ciento del total de apoyos requeridos, de acuerdo con el corte estadístico oficial.
Los promoventes sumaron un millón 79 mil 600 firmas de las 2 millones 758 mil 227 requeridas para que se emita la convocatoria.
En caso de que se alcance el apoyo del 3 por ciento de la Lista Nominal, el INE emitirá la convocatoria el 4 de febrero. Esto para que pueda realizarse el ejercicio en abril.
El INE estableció que la consulta será válida si se recaba el 3 por ciento de firmas del padrón electoral en al menos 17 estados.
Al momento, en 16 estados país, la verificación de las firmas supera el 10 por ciento de avance.
El pasado 1 de noviembre inició el proceso de recolección de firmas para la validez de la consulta; en Chihuahua deben alcanzarse, al menos, 85 mil 519 antes del sábado.
El resultado se procederá por mayoría absoluta; es decir, cuando más de la mitad de los votos decidan si se revoca o no al mandatario federal.
En caso de que las solicitudes sean aprobadas, la consulta de revocación de mandato se realizaría en abril del 2022.
Apenas esta semana el INE inicio con la recepción, verificación y cuantificación inicial de alrededor de 6.1 millones de firmas en formato impreso.
Los partidos políticos nacionales y locales no podrán participar en cualquier etapa del proceso.
Tampoco lo pueden hacer los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto de la Federación como de las entidades federativas y de los ayuntamientos.
Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, también tienen prohibida su participación.
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