Ficosec y Desarrollo Económico: El gran fraude

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Una serie de anomalías –como actos de corrupción, excesos, dispendios, manejo irresponsable de recursos públicos, tráfico de influencias, pero sobre todo una transparencia en entredicho– han caracterizado desde sus orígenes al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad (Ficosec) sin que se hayan realizado investigaciones de fondo para conocer el destino de al menos 553 millones de pesos entregados por el Gobierno del Estado a empresarios para programas que contribuyan a mejorar las condiciones de la desbordante inseguridad.

Pese a lo anterior, tampoco se conoce de indagatoria alguna para fincar responsabilidades por posibles anomalías, ante lo cual la nueva Fiscalía Anticorrupción podría tener en sus manos uno de los primeros casos por mal uso de recursos públicos.

Bajo ese contexto, el fideicomiso que más recursos públicos recibe del Gobierno estatal pasó a convertirse en un organismo operado sin reglas de transparencia que apoye en las tareas de la recuperación de la seguridad, en una pandilla integrada por empresarios que crearon sus propias asociaciones civiles y fueron utilizadas como “empresas”, las cuales habrían recibido alrededor de 200 millones de pesos, según cifras conservadoras, desde la creación del Ficosec en 2012, en plena coyuntura crítica de criminalidad.

La meta original del fondo público fue conseguir, para el 2018, que los indicadores de seguridad estuviesen a los mismos niveles de las ciudades más pacíficas de América, a través de proyectos como del fortalecimiento de las policías, lo cual evidentemente no solamente no ocurrió, sino que la numeralia de la violencia indica que los índices son de alarma.

De acuerdo con las dos únicas revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado al fideicomiso empresarial, se tienen ubicadas nueve asociaciones civiles que han incurrido en cuando menos 20 irregularidades reseñadas por el principal órgano fiscalizador del Congreso del Estado. Dichas organizaciones fueron creadas por los integrantes del Consejo después de que naciera el Fideicomiso para la Competitividad, e incluso hubo otras que recibieron 14.7 millones de pesos antes de que fueran constituidas como asociaciones civiles.

Como consecuencia de la opacidad, la discrecionalidad y el desapego a las normas de informes de transparencia que por ley están obligados a presentar, el Ficosec estaría condenado a desaparecer, primero por no cumplir con sus principios por los cuales fue creado, y segundo, por dilapidar millones y millones de pesos de recursos públicos que recauda el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda, gracias a la sobretasa del 5 por ciento que pagan 38 mil empresarios chihuahuenses vía Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

Además, la opacidad con la que se maneja el organismo ha impedido establecer cuáles son los alcances de los apoyos brindados por organismos internacionales y mexicanos que han realizado aportaciones para programas, como el caso de USAID que ha contribuido, a través de Ficosec, en planes de certificación a policías, sin que se conozca a detalle sobre la contribución de la organización norteamericana.

El anterior escenario se da en un momento en que los niveles de la inseguridad en el estado, y particularmente en Ciudad Juárez, han alcanzado cifras de alarma por el alto índice de homicidios dolosos con casi 950 crímenes reportados hasta mediados del mes de septiembre, sin que los resultados de la mayoría de los programas apoyados por Ficosec sean tangibles, pese al gran uso de recursos que son aportados.

Es tal la discrecionalidad en el manejo de recursos que en 2016, siendo candidato y luego gobernador, Javier Corral emitió un fuerte pronunciamiento de desconfianza contra el Ficosec y la transparencia en el uso de recursos públicos.

“En caso de comprobarse un manejo irregular habrá sanciones porque estamos hablando de recursos públicos. Les insisto mucho en que deben rendir cuentas, manejarse con mucha escrupulosidad”, dijo Corral a integrantes del Ficosec en aquella ocasión.

Corral Jurado reveló que como parte del periodo de corrupción y opacidad en el que había incurrido el Ficosec, existían “importantes actores” del sector empresarial involucrados.

En realidad el gobernador se refería a que el Ficosec, fue conformado por un grupo de empresarios que crearon sus propias asociaciones civiles después de que el estado instauró este instrumento financiero en 2012, para fomentar la participación social ciudadana para coadyuvar a mejorar la seguridad pública y la competitividad.

De acuerdo a lo investigado por NORTE, de las nueve agrupaciones que fueron señaladas por la Auditoría Superior del Estado, solo tres de ellas trabajaban antes de la creación de Ficosec: Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Desarrollo Económico de Juárez, y el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua.

Las demás asociaciones civiles beneficiadas con recursos públicos, fueron: Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, Instituto de Formación Integral de Chihuahua, Fundación Ficosec (Ficosec Chihuahua), Observatorio Ciudadano de Seguridad Centro Sur, Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez (Ficosec Juárez) y Observatorio Ciudadano de Seguridad para Nuevo Casas Grandes, prácticamente todas fueron creadas después de que nació Ficosec estatal.

A dos años de distancia, persisten las mismas prácticas y omisiones en el tema de transparencia y no se han fincado responsabilidades.

Desvían 30 mdp para gasto del Gobierno; Dan gasolina y patrullas a policías

El Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana solo tiene permitido hacer lo que está en sus estatutos legales, como si fuera un organismo público; sin embargo, la omisión y la violación a sus reglas son sistemáticas.

Por ejemplo, no debe aportar recursos del fondo para el gasto operativo del Gobierno del Estado, como ocurrió el año pasado cuando el director de la Policía Estatal Única, Alberto Aparicio Avendaño, solicitó por escrito 4.5 millones de pesos en gasolina para patrullas, como un donativo “especial”.

La petición, de la que NORTE obtuvo una copia, documentada el 15 de marzo de 2017, se basa en el argumento de que la administración estatal pasaba por una crisis financiera.

La solicitud de desvío de recursos confrontó en aquel entonces a los consejeros del fideicomiso que en una reunión discutieron el tema de manera acalorada.

Quienes estuvieron a favor de la solicitud del gobierno de Javier Corral Jurado plantearon que, si los estatutos no lo permitían, había que cambiarlos.

La solicitud del jefe policiaco fue dirigida a Jorge Contreras Fornelli, en su calidad de presidente de la asociación civil Seguridad y Justicia, en términos de “contar con un apoyo extraordinario por la cantidad de 4.5 millones de pesos”.

Asimismo, hubo también serias discrepancias entre integrantes del organismo luego de que también fue presentada una petición para la compra de patrullas para Seguridad Pública, aún cuando ayudar al gobierno en su gasto no forma parte de los objetivos de Ficosec.

Lo anterior sin dejar de mencionar que también aportaron un donativo “especial” para apoyar a los organizadores de la visita del Papa Francisco en febrero de 2016.

Un call center que cuesta millones

El call center de Seguridad y Justicia de Juárez, *2232 línea blindada, presta asesoría telefónica en esta ciudad a personas que requieren información respecto a una denuncia civil o penal, asistencia sicológica, denuncias de corrupción y hasta eventos de extorsión telefónica.

Reportaron que en 2016 invirtieron 7 millones 954 mil 958 pesos, con un registro de 500 llamadas en promedio mensuales.

Un poco menos de la mitad del presupuesto de este programa –exactamente 3 millones 335 mil pesos– lo emplearon en una campaña publicitaria para promover el call center. El total fue de 10 millones 672 mil 832 pesos.

El Centro de Emergencias 911 de Juárez recibe 45 mil llamadas en promedio al mes, que son atendidos por nueve radio operadores, mientras que el Ficosec cuenta con 4 telefonistas que reciben cada una menos de cuatro llamadas al día.

Con la misma cantidad de recursos, el fideicomiso impactó la vida de cerca de 9 mil jóvenes de 81 colonias de Ciudad Juárez durante 2016 a través de seis organizaciones civiles.

Los casi ocho millones del call center los distribuyeron de la siguiente manera: 4 millones 619 mil 917 pesos para su operación y 3 millones 335 mil 021 pesos en la campaña para la difusión del número telefónico de denuncia.

Una cascarita de fut que costó $16 millones

Ficosec invirtió más de 16 millones 200 mil pesos en una “cascarita” de futbol entre 2014 y 2016, luego de que sus consejeros autorizaron esa partida presupuestal en un programa fallido, denominado Cura de Violencia.

El proyecto fue importado de Chicago por los consejeros de Ficosec desde 2014, pero desvirtuó entre más de seis organizaciones de la sociedad civil que lo han tratado de aterrizar localmente, acepta Raúl Soto, actual director del fideicomiso empresarial.

El 15 de julio del 2014, después de un viaje de los consejeros Jorge Contreras Fornelli y Mario Dena Torres a la ciudad de Chicago, se anunció este programa que atacaba a la violencia como si fuera una enfermedad epidemiológica.

El plan era contener el contagio de violencia identificando las causas y modificando el comportamiento de la gente de barrio.

Según lo anunció entonces Contreras Fornelli, se buscaría en todas las colonias con alta incidencia delictiva a expresidiarios que tuvieran arraigo en los barrios, pero que ya por sí mismos hubieran enderezado sus vidas.

Estas personas deberían recibir apoyos económicos a cambio de ser pacificadores en sus colonias, compartiendo sus experiencias con los más jóvenes.

De esta forma se dejaría de atacar la violencia a partir de la óptica de justicia penal, pero el reto era buscar a 30 exconvictos que se acoplaran al esquema y que fueran entrenados por los diseñadores del proyecto de la Universidad de Chicago, donde el programa se había aplicado con buenos resultados.

Ficosec destinó en 2015 más de 7 millones 700 mil pesos para ese proyecto en particular, y le sumó otros 8 millones 590 mil pesos en el año 2016 del dinero aportado como impuesto del cinco por ciento por cada empleado que tienen los empresarios de la entidad.

Seguridad y Justicia de Juárez A.C., Sembradores de Paz, Organización Popular Independiente, Telón de Arena, Extiende Tus Alas A.C., Centro Comunitario Soles, Barrios Unidos con Cristo, Sumando Esfuerzos por Juárez y Colectivo Fundamental recibieron recursos para poner en práctica dicho programa, finalmente llamado Del Barrio a la Comunidad (Cura de Violencia), pero no lo concretaron.

Ninguna de las OSC logró aplicar el programa tal cual se copió de Chicago e intentaron hacerle modificaciones, reconoce Soto.

“Ese (programa) fue una calamidad. Evolucionó de seis organizaciones a cuatro, a una, y luego a que lo operáramos nosotros el año pasado (Ficosec); y finalmente la Tenda di Cristo, que es quien lo tiene ahora, gracias a Dios”, explica.

Fue (Cura de la Violencia) un proyecto de mucho interés de los consejeros, pero que las organizaciones locales no conocen o no les interesa. Entonces la forma de incentivar que alguien se lo quede es ofreciéndoles el cien por ciento (del recurso), agrega.

“Es un proyecto muy complejo, de la forma de trabajar y organizar; en el origen de mí dependía el coordinador, más los supervisores, y se subcontrataba a organizaciones con chavos de la comunidad, de pandilla; entonces los vínculos eran complejos, porque las organizaciones decían: ‘es que ustedes me quieren dar una cosa, pero mis chavos necesitan otra’, por eso fuimos buscando la fórmula, hasta ahora con la Tenda. Lo que hicimos fue que les pasamos todo”, señala Soto.

Dijo que el proyecto actualmente va en su tercer año, ahora en manos de la Tenda di Cristo, que acaba de empezar en enero pasado.

Indica que hubo dificultades para conseguirle trabajo a estos jóvenes porque no aceptaban lo que había: “‘Pagan una miseria’, decían algunos”, comentó el entrevistado.

Las mismas organizaciones desistieron de continuar el proyecto y otras quisieron “hacer lo que ellos querían”, pero es el modelo tal cual traído de Chicago, señaló.

El desfalco que nadie quiso ver ni denunciar

Uno de los casos sobre posibles presuntos delitos de corrupción y fraude que muy pocos recuerdan hoy en día fue el caso en 2013 del entonces director Martín González de la O, quien desapareció sin dejar rastro.

Eran los tiempos en que recién había sido equipada la oficina de Ficosec Juárez en un edificio de lujo ubicado sobre la avenida Tomás Fernández, donde laboraba una decena de personas cuyos salarios oscilaban entre los 10 mil y 50 mil pesos mensuales.

El director Martín González de la O devengaba un sueldo de 50 mil pesos mensuales, pero fue destituido por un supuesto desfalco, y en su lugar fue contratado como director José Enrique Tamez, quien a su vez fue secretario técnico del Ficosec en la capital del estado.

De González de la O solo se sabe que abandonó Ciudad Juárez y jamás se supo más de él. Nadie en Ficosec Juárez ni organización alguna presentaron denuncia sobre el supuesto fraude.

Al no llevar una administración correcta sobre el manejo de los recursos, no hubo forma de comprobar el escándalo del desfalco.

Su lugar fue ocupado por José Antonio Tamez, quien fungía como secretario técnico de Ficosec en Chihuahua, de donde fue destituido por el entonces coordinador general del fideicomiso a nivel estatal, Luis Lara. Sus funciones, argumentos para su contratación y salario, permanecieron en el anonimato.

Mediática y oficialmente se mencionó que González de la O dejó el cargo luego de trabajar en la industria maquiladora, y que su perfil no encajaba en el esquema de participación ciudadana con Ficosec, según reportes periodísticos.

¿Por qué renunció el último director de Ficosec?

A lo largo de su historia Ficosec Juárez ha sido protagonista de escándalos de corrupción. Desde su primer director, Martín González de la O, quien dejó el cargo en 2013, hasta el más reciente, Ricardo Netzahualcóyotl Rodríguez, quien este año fue separado del organismo por presuntas irregularidades.

Según se sabe, dentro del padrón de proveedores de Ficosec Juárez (Seguridad y Justicia de Juárez), aparece la empresa Human Cloud, que pertenece a Ricardo Netzahualcóyotl Rodríguez, y quien habría prestado servicios a Ficosec en un claro caso de corrupción por conflicto de interés. Asimismo, y a título personal aparece además como proveedor de “asesoría”.

Transparencia El talón de Aquiles del Ficosec

El problema de la opacidad y transparencia en el Ficosec se originó desde los primeros años en que fue creado.

La discrecionalidad y la poca claridad en el manejo de los recursos han sido parte en el estilo de trabajar de Ficosec desde su fundación, pese a ser considerado una entidad paraestatal y estar regido por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua que fija reglas muy claras sobre este tipo de organismo.

De acuerdo con reportes periodísticos del año 2015, organismos de la sociedad civil exigieron que el Ficosec Juárez diera a conocer su estado financiero pormenorizado sobre los 130 millones de pesos recibidos entre los periodos 2014 y 2015.

En aquel entonces el organismo reveló que tuvo un gasto de 68.8 millones de pesos, de los cuales se invirtieron 52.8 millones, pero no pudo especificar cuáles proyectos o programas fueron financiados.

¿Turismo o Filantropía?

El consejo de Seguridad y Justicia de Juárez (Ficosec Juárez) desde el año 2013 destinó una partida anual para viajes aproximada a los 2 millones de pesos.

En la página de Transparencia de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez solo se informa sobre el importe de los viajes, y el recurso ejercido trimestralmente, pero no especifica, ni justifica el propósito ni publica los resultados de estas salidas.

Tampoco transparentan los detalles de los viáticos ni identifican a las personas que los ejercen.

Según versiones de personas que solicitaron el anonimato los consejeros, Jorge Contreras Fornelli y Mario Dena así como el exdirector del fideicomiso en Juárez, Ricardo Netzhualcóyotl Rodríguez habrían invitado al extranjero a funcionarios públicos, políticos, empresarios y amigos que no están dentro de su consejo, a quienes les pagaron hospedaje en hoteles de lujo y alimentación en restaurantes de primera clase, con cargo al Ficosec.

El “tour” de tan selecto séquito se ha extendido por ciudades de Brasil, Colombia, Argentina, Perú, y Estados Unidos para “estudiar” modelos de seguridad para aplicarlos en esta ciudad.

Asimismo, asociaciones civiles entregaron una petición formal al Ficosec para que explicara su estructura orgánica, nómina, viáticos, desglose de viajes, montos, personas a quienes les pagaron, recorridos, lugares que visitaron los representantes del Ficosec, como Jorge Contreras Fornelli, quien llevó a cabo distintos viajes a Chicago, Washington, Bogotá y Cali.

Según el propio Fornelli, el propósito fue conocer otras experiencias para la seguridad y regeneración del tejido social. El problema fue que en su momento no fueron rendidos informes sobre los resultados de los viajes.

Según se recuerda, el documento lo firmaron activistas como Hernán Ortiz Quintana, Clara Torres, Abel Ayala Pitalúa, Leticia Lozano, Jorge Muñoz, Astrid González, Sigfredo Heras, Perla Márquez, Marlon Pérez, Viviana Márquez, Abraham Monárez y América Alvillar.

Los operadores del fideicomiso, amparados como asociación civil, no rinden cuentas del manejo de los recursos.

Difunden un padrón de proveedores pero no informan qué servicios o bienes contratan, cómo justifican el gasto y a qué procedimiento de compras se acogen, como lo hacen las entidades gubernamentales con los recursos públicos.

Dos auditorías del Congreso confirman irregularidades

El 30 de octubre de 2015 la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y su presidenta María Elvira González Anchondo recibieron el resultado de la revisión correspondiente a los estados financieros del Ficosec, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

El documento de 21 hojas entregado por el entonces auditor superior Jesús Manuel Esparza Flores detalla que el Ficosec incurrió en una serie de irregularidades.

En su análisis, la Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo una serie de observaciones que en su mayoría no fueron solventadas.

Por ejemplo, la auditoría reveló que el Ficosec incumplió con la elaboración su Programa Institucional que rija su actividad.

De acuerdo con la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, en sus artículos 8 fracción I, inciso G, numerales 2 y 15 señalan que a las entidades de la administración pública paraestatal les compete elaborar su respectivo programa institucional, por lo cual se incurre en una inobservancia de la citada ley.

Asimismo, detalla que el fideicomiso tiene como finalidad fungir como un instrumento financiero para la realización de programas y acciones encaminadas a apoyar la seguridad publica en el estado, además de fomentar la participación social ciudadana en la competitividad y la seguridad ciudadana.

Además de no contar con un programa institucional, el Ficosec tampoco elaboró su programa operativo anual (POA).

Al respecto, en respuesta y como justificación, el Ficosec afirmó que “(el organismo) no se constituye con la finalidad de auxiliar al Ejecutivo, pues no cuenta con una estructura operativa, sino que es un mero instrumento financiero de inversión y administración”.

La observación no fue solventada, por lo que la ASE insiste que el Ficosec, al ser un fideicomiso público, tiene la obligación de acatar lo establecido en la Ley de Planeación.

Asimismo, como resultado de la auditoría, precisa que los estados financieros deben ser integrados a la cuenta pública del Gobierno del Estado, lo cual ocurre solamente para efectos de informar el monto de lo asignado como contribución por la sobretasa del impuesto sobre nómina que pagan 38 mil empresarios, pero no da detalle en qué se utilizó el recurso.

En 2015, por las mismas

Un año después, esta vez el diputado Jorge Soto, en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, recibió un documento de 51 páginas sobre la revisión efectuada al ejercicio 2015 del Ficosec.

Además de repetir los mismos errores que el año pasado, el fideicomiso incurrió en más irregularidades, siendo las más graves la de conflicto de interés y tráfico de influencias.

Por segundo año consecutivo la Auditoría Superior del Estado insistió hace una serie de observaciones al Ficosec, organismo que evidentemente vuelve a incumplir con lo dispuesto en materia de fiscalización.

El fideicomiso argumenta que es un organismo que tiene por objeto fungir como instrumento financiero para la realización de programas y acciones encaminados a apoyar la seguridad pública en el estado, fomentar la participación ciudadana en la competitividad y la seguridad.

Pero la respuesta reiterada de la Auditoría Superior siguió siendo la misma: el fideicomiso en mención es llanamente una entidad de la administración pública estatal, es un fideicomiso público con estructura básica integrada por subdirectores y coordinadores de zona; es una entidad paraestatal en auxilio al ejecutivo, en una actividad prioritaria estatal como lo es la seguridad pública.

Ficosec no solo comete los mismos errores que el año anterior, sino que aumenta el número de observaciones.

Ese 2015 el Ficosec otorgó a la zona norte 83.4 millones de pesos, de los cuales 26.8 millones (el 32.1 por ciento) fueron destinados para gastos de operación, pese a que reiteradamente los funcionarios de Ficosec insisten en que no cuentan con estructura administrativa.

En materia de adquisiciones, arrendamientos y contratos, el comité técnico destinó 9.8 millones de pesos para este rubro, sin anexar la documentación que acreditara el pago de 3 millones de pesos para una campaña publicitaria (no especifica para qué), 1.7 millones para el pago de una encuesta de victimización y percepción, un millón de pesos para equipo de transporte, 925 en arrendamientos, 867 mil pesos en publicaciones, 721 en servicios, 542 mil en equipo de cómputo, etc.

El Ficosec negó haber hecho adquisiciones, arrendamientos o servicios, a lo cual la Auditoría Superior dice lo contrario, basados en evidencias de pagos con fondos públicos.

Seguridad y Justicia presentó un listado de equipo de cómputo, mobiliario y equipo, pero no se presentaron las adquisiciones con sus respectivos montos de activos fijos, gastos de instalación, recursos técnicos, etc.; también omitieron cotizaciones o evidencias de licitación pública.

Por otro lado, la ASE detalla que el comité técnico, como máxima autoridad del Ficosec y responsable en la asignación de los recursos que entregados por la Secretaría de Hacienda del Estado, no cuenta con un órgano interno de control y evaluación al cual están sometidos por ley las entidades paraestatales, de acuerdo con el artículo 65, fracción III de la Ley de Entidades Paraestatales, y justifica tal acción con la presentación de una auditoría del despacho externo Crowe Horwath Gossler, ubicado un piso arriba en el mismo edificio de la Tomás Fernández donde tiene sus oficinas Ficosec Juárez.

Y como remate, la misma auditoría insiste en que el comité técnico debe poner particular énfasis en respetar los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas, equidad de género y transparencia, según lo reseña el documento en poder de NORTE.

¿Qué esconden? Entregaron auditorías y Congreso omitió dictámenes

El estatus de ambas auditorías, de acuerdo con el portal de transparencia sobre informes de Resultados de la Auditoría Superior, no fueron dictaminadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso, por lo que se encuentran “congeladas”.

Los diputados responsables de dictaminar ambas revisiones fueron los diputados María Elvira González Anchondo presidenta de la Comisión de Fiscalización de la LXIV Legislatura (PRI), y Jorge Carlos Soto Prieto (PAN), titular de la Comisión de Fiscalización en la LXV Legislatura.

A la fecha, ninguna de las dos revisiones prácticas y entregadas al Congreso por parte de la Auditoría Superior quedaron pendientes de dictaminar; es decir, quedaron archivadas.

Orígenes del 

1 • El 20 de diciembre de 2011, el Congreso del Estado, por iniciativa del entonces gobernador César Duarte Jáquez, aprobaron como parte de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2012 una sobretasa del 5 por ciento al Impuesto Sobre Nómina con cargo a los empresarios de todo el estado, recursos que serían aplicados para la competitividad y seguridad ciudadana.

2 • Para tal efecto fue necesario crear un fideicomiso, el cual fue aprobado por el mismo Congreso el 22 de septiembre de 2012, y la misma Legislatura autorizó al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, constituir el fideicomiso como instrumento para las aportaciones de la contribución extraordinaria, con el propósito de apoyar la seguridad pública en la entidad, fomentar la participación ciudadana en la competitividad y seguridad.

3 • Ficosec operó inicialmente con las mismas reglas, lineamientos y estatutos de Fechac.

4 • El fideicomiso inicialmente fue integrado por el titular de la Secretaría de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, así como Desarrollo Económico del Estado, junto con Desarrollo Económico de Juárez y el fiduciario Banco Mercantil del Norte. Posteriormente, a través de una reforma, fueron incluidas también Fundación Ficosec así como Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez.

5 • El Ficosec tiene como objetivo fungir como instrumento financiero para la realización de programas y acciones para apoyar al estado en programas con un enfoque en el combate a la inseguridad, y fomentar la participación ciudadana en dicho ámbito.

6 • Dicho fideicomiso, a través de su Comité Técnico, debe analizar y asignar recursos a programas propuestos por asociaciones civiles, con planeación, programación y presupuestación previas, ejercicio, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos públicos otorgados. Debe también apegarse a lineamientos, directrices, estrategias y metas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.

7 • Anualmente el fideicomiso ha recibido desde su creación, distintas cifras que van desde los 50 hasta los 120 millones de pesos anualmente por parte de la Secretaría de Hacienda.

La estructura del Ficosec Juárez

El grupo empresarial de Juárez que mantiene cooptado el Ficosec es integrado por personajes del mundo de los negocios como Alejandra de la Vega, actual funcionaria del gobierno estatal de Javier Corral como titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, excoordinadora de la Mesa de Seguridad y exvocal del comité técnico del Ficosec.

Junto a De la Vega, también figuran los empresarios juarenses como el duartista Jorge Contreras Fornelli y Luis Mario Dena Torres, este último de las filas de la industria maquiladora.

Como integrantes del consejo directivo de Ficosec Juárez (Seguridad y Justicia de Juárez A.C.), se encuentran: Jorge Contreras Fornelli como presidente y como secretaria María Isabel Sánchez Quirarte, esta última también secretaria técnica del comité técnico de Ficosec a nivel estatal y actual coordinadora de la Mesa de Seguridad en Juárez.

Otros nombres que aparecen dentro del consejo directivo, como consejeros, son: José Alejandro Calderón Ulloa; Gabriel Cantú Murguía, Irma Cristina Cunningham Hidalgo, Octavio Muñoz Corral, Marco Antonio Parson, Francisco Solís Payán, Manuel Sotelo Suúarez, Gustavo González Navarro, Laura Ochoa Bermúdez, Rogelio González Alcocer, Luis Mario Dena Torres, Isidro Payán Jurado, Mario Cepeda Lucero, David Santiago Alamillo Castro, Rogelio Ramos Guevara y Omar Reyes Peralta.

Sin embargo, se sabe que Francisco Solís Payán y Gabriel Cantú, se habrían separado recientemente así como también Mario Dena quien pasó a ocupar el cargo de representante del gobernador Corral en Juárez.

Entre la frivolidad y los excesos

Oficinas de lujo similares a las de corporativos privados, viajes, altos sueldos, asignación de fondos de manera discrecional y sin claridad en sus resultados y objetivos, creación de asociaciones civiles fundadas por quienes administran y votan en la distribución los recursos, convocatorias dirigidas a organizaciones afines a Ficosec Juárez (Seguridad y Justicia de Juárez A.C.), son prioridad en el organismo empresarial en lugar de privilegiar participación ciudadana en los temas de competitividad y problemáticas de seguridad.

La Auditoría Superior del Estado en 2016 detectó que el 57 por ciento del presupuesto ejercido por Ficosec (equivalente a 77.5 millones de pesos) fue utilizado para campañas publicitarias, una encuesta, administración, fortalecimiento institucional, estado de derecho, cultura de la legalidad así como gastos de la fiduciaria asociación civil Desarrollo Económico de Juárez.

El 43 por ciento restante (58.5 millones de pesos) fue destinado para programas de prevención desarrollados por asociaciones y organizaciones sociales, algunas de las cuales fueron creadas por los mismos integrantes del organismo, sin que se conociera de los resultados y cumplimiento de objetivos.

Según la Auditoría Superior, Ficosec debe contar con reglas claras de su operación, lo cual pone en evidencia que gran parte de lo que ocurre internamente en el organismo se lleva a cabo en medio de la secrecía en el tema del manejo de las dos convocatorias que por año se deben realizar para llevar a cabo la asignación de los recursos.

Al respecto, sólo se sabe de fichas informativas, pero se desconoce si hubo evaluación previa, justificación, duración, calendarización de actividades, presupuesto, seguimiento y monitoreo, alcance e impacto social de los proyectos.

Asimismo, se identificó como parte de las investigaciones de la Auditoría Superior que Seguridad y Justicia (Ficosec Juárez) favoreció a organizaciones de la sociedad civil con la asignación de recursos excesivos e injustificables.

Como una muestra resalta, la aprobación de un proyecto a favor de la asociación civil Educación en Valores (cuyo fundador es Jorge Contreras Fornelli, actual presidente de Ficosec Juárez), por una cantidad de 5 millones 227 mil pesos, en la cual la única actividad que había que desarrollar en este proyecto implicó dar pláticas a policías para tener una mejor relación con sus familias.

Otro de los señalamientos puntuales llevados por el ente fiscalizador, fue que el director del Ficosec en turno tuvo asignado un sueldo de 90 mil pesos mensuales más 30 mil pesos como bono trimestral por productividad, lo que equivale al doble del sueldo del alcalde Armando Cabada, quien gana 67 mil pesos mensuales.

Desde el primer presidente que tuvo Ficosec Juárez, Martín González de la O, hasta el más reciente Ricardo Netzahualcóyotl Rodríguez que igualmente renunció por causas, han transcurrido los años entre escándalos y la ausencia de rendición de cuentas, como el hecho de que los directivos del organismo han recibido onerosas compensaciones como parte de su sueldo que alcanza los 120 mil pesos mensuales.

Anteriormente los principales cargos del Ficosec eran honorarios, pero fueron modificados los estatutos desde que asumió Luis Valles la dirigencia estatal habrían hecho modificaciones para otorgar sueldos a directivos y personal del organismo, lo cual hasta el día de hoy permanece en el anonimato pese a que el origen de los recursos son públicos.

Resultó fallida la ‘visión para el 2018’

El consejo ciudadano de Seguridad y Justicia anunció en 2012 su “Visión al Año 2018”: “Disminuir los índices delictivos por medio de la reinserción del cien por ciento de las personas excarceladas junto con su entorno familiar, social y económico”.

Una de las razones por las cuales fue creado el Ficosec fue para implementar proyectos que contribuyeran a restaurar el tejido social.

Desde un principio fue planteado que esta y otras metas tenían que ser acompañadas a través de organizaciones no gubernamentales con miras al mejoramiento de la calidad de vida desde el ámbito de la  seguridad y justicia.

El proyecto fue denominado “Visión al año 2018”.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública evaluaría los proyectos que serían beneficiados con recursos del Fideicomiso.

También determinaron que los observatorios ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil fueran las instancias auxiliares del Sistema Estatal de Seguridad.

Este fondo fue denominado como Ficosec y quedó constituido de la siguiente manera: fideicomitente, Gobierno de Chihuahua a través de Secretaría de Hacienda. Fiduciaria, el banco. Fideicomisarios, Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Desarrollo Económico de Juárez y los que el comité técnico designe como beneficiarios.

Establecieron que el objeto de este apoyo financiero que ascendió en sus orígenes a unos 8 millones de dólares anuales fue para la realización de programas y acciones encaminadas para apoyo a la seguridad pública en el Estado de Chihuahua.

También fue diseñado para fomento de la participación social con miras a mejorar la competitividad y seguridad ciudadanas.

El que parte y reparte…

Luego de las revisiones que llevó a cabo la Auditoría Superior del Estado a los estados financieros del Ficosec en los periodos 2015 y 2016, surgieron evidencias de que una tercera parte de los recursos otorgados por más de 38 mil empresarios del estado vía impuesto sobre nómina (ISN) fueron destinados a financiar a sus propias organizaciones, y otra parte importante fue desviada para llevar a cabo acciones que nada tienen que ver con el apoyo al mejoramiento de la seguridad pública.

Lo anterior son parte de las conclusiones a las que llegó la Auditoría Superior, quien señala directamente a los empresarios beneficiados.

Tan solo en 2015, el Ficosec Juárez recibió 83.4 millones de pesos, de los cuales 26.8 millones (el 32.1 por ciento) fueron para gastos de operación de su estructura administrativa, en contradicción a la afirmación hecha por el mismo organismo a la Auditoría Superior en el sentido de que no cuenta con base operativa.

Una buena parte de los proyectos aprobados por el comité técnico fueron para beneficio de diversos integrantes del Ficosec y de sus asociaciones civiles en un claro conflicto de interés.

En su defensa, el fideicomiso respondió por escrito a la AES que “todos los proyectos y actividades desarrolladas por los ejecutores de los recursos observados, son afines y contribuyen al logro de los objetivos del fideicomiso”.

Sin embargo, no reconoce el conflicto de interés y el evidente tráfico de influencias, por lo que la Auditoría Superior declaró no solventada la observación. Y no solo eso, el principal órgano auditor del estado respondió: “El comité técnico del Ficosec incumplió con el proceso de asignación de recursos, con el fomento a la participación ciudadana al que se encuentra obligado, y vulneró el principio de transparencia que rige el ejercicio de los recursos públicos, por lo que queda en entredicho las condiciones de certeza y legalidad”.

En la página número 43 del documento de 51 hojas el entonces auditor Juan Manuel Esparza Flores da a conocer los nombres de 10 integrantes del comité técnico de Ficosec que cayeron en conflicto de interés, al afirmar textualmente:

“Se observa que… Luis Octavio Muñoz Corral, Gabriel Cantú Murguía, Jorge Contreras Fornelli, Alejandra Catarina de la Vega Arizpe, Luis Mario Dena Torres y Marco Antonio Parson Parra (empresarios de la región norte de Ficosec), integrantes del Comité Técnico (que decide la aprobación de los recursos y otorga su aval), durante el ejercicio auditado, intervinieron en la aprobación de proyectos y asignación de recursos en favor de distintas asociaciones civiles que formaron o de las que forman parte”.

Las asociaciones civiles a las que se refiere el documento, y en las que se implica a empresarios juarenses, son: Seguridad y Justicia de Juárez, así como Desarrollo Económico. Sin embargo, no menciona el caso de la asociación Educación en Valores, cuyo fundador es Jorge Contreras y que también ha recibido millonarios recursos.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y la Ley de Entidades Paraestatales, los asociados y fundadores de las asociaciones civiles, estaban impedidos en intervenir, en cualquier forma, en asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios.

Más evidencias de corrupción

La auditoria practicada por el principal órgano auditor del Congreso del Estado detectó que uno de los proveedores de Ficosec, Human Cloud, pertenecía al exdirector de Ficosec Ricardo Netzahualcóyotl Rodríguez.

Según fuentes consultadas, antes de la instalación del Ficosec, Ricardo Netzahualcóyotl Rodríguez fue subalterno y colaborador de Mario Dena Torres en las maquiladoras ADC y Tyco Electronics, por lo que su inclusión en el fideicomiso no se realizó por medio de convocatoria ni a través de un proceso de selección o reclutamiento convencional, como lo hacen en la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

Mientras que en Fechac su director cobra alrededor de 50 mil pesos al mes, el director de Ficosec percibe 90 mil pesos mensuales, más un bono trimestral de 30 mil pesos, situación que igualmente fue mantenida en la opacidad.

En los dos años que estuvo Ricardo Rodríguez al frente del Ficosec (2015 a 2017), contrató los servicios de asesoría de la asociación civil Fortalessa sin que mediara un proceso de licitación pública.

Rechaza Ficosec fraude o conflicto de interés

La secretaria de Ficosec Juárez (Seguridad y Justicia de Juárez), Isabel Sánchez Quirarte, rechazó que el organismo que representa haya caído en posibles conflictos de interés o fraude en la asignación de recursos reciben por parte del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda, como parte de las aportaciones que realizan 38 mil contribuyentes empresariales de la entidad para apoyar programas con un enfoque de seguridad.

Sánchez Quirarte, quien además es coordinadora de la Mesa de Seguridad, dijo en entrevista con NORTE de Juárez que en su caso particular tampoco hay un conflicto de interés al representar a dos organismos cuyos objetos sociales son distintos, aunque algunos actores opinan que los intereses de uno y otro organismos debieran estar completamente separados.

“Para empezar en la Mesa no manejamos ningún tipo de recursos aportados por Ficosec. En la mesa somos un grupo de voluntarios donde no estamos ni siquiera constituidos como asociación civil, por lo que no recibimos apoyo de ningún tipo, aunque en el caso de Ficosec ellos solo nos prestan ocasionalmente sus instalaciones para sesionar y recibimos algún tipo de apoyo técnico”, mencionó.

“Ficosec es un organismo en el que hemos ido perfeccionando a través del tiempo. Hemos hecho énfasis en los procesos de presentación de proyectos, que deben cumplir ciertos requisitos antes de fondearlos, en la medición de sus resultados, etc.”.

Sánchez Quirarte justificó el actuar de algunos consejeros que aparecen en asociaciones civiles señaladas por la Auditoría Superior en las revisiones de 2014 y 2015, lo que representaría un conflicto de interés. Casos concretos el de Mario Dena, Alejandra de la Vega o incluso el actual presidente de Ficosec, Jorge Contreras, de acuerdo con los señalamientos realizados en las revisiones de la Auditoría Superior del Estado.

“En México la participación de la sociedad civil en asuntos de mejoramiento de la ciudad y de la participación de la sociedad civil es muy baja, entre el 1 y 3 por ciento. Podrá haber coincidencias de gente que aparezca en varios comités, pero más bien como consejeros de diferentes organismos, pero no participan en las asignaciones de los recursos. Desde luego que es posible que pueda haber personas que participen en un consejo u otro, y quienes así lo hacen, se abstienen de participar en la asignación de recursos”, aseguró.

Los procedimientos para la asignación de recursos, “son largos. Los presenta el área técnica de Ficosec, luego pasan al consejo local que lo discute, y finalmente llega al comité técnico del estado. Una sola persona no puede decidir o asignar recursos a favor de determinada asociación”.

“Aparte hay mediciones de su trabajo. Un proyecto que tiene una duración de un año, recibe ministraciones cada mes. Hemos parado ministraciones donde no se cumplen los indicadores”, añadió.

No obstante, reconoció que Ficosec, como toda organización naciente, en un principio tuvo tal vez algunos errores que se han ido corrigiendo.

‘No se dan cheques en blanco’

Isabel Sánchez fue cuestionada también sobre el seguimiento o la eficacia de los proyectos que reciben recursos públicos, a través de diversas asociaciones civiles.

“Tenemos indicadores de cumplimiento y se van midiendo cada mes. Los programas tienen deben tener calendarios de cumplimiento, y si no cumplen, no se les entrega las ministraciones al siguiente mes. No se entregan cheques en blanco al aprobar los programas. Se les otorga un seguimiento constante por parte del personal de Ficosec”, mencionó.

Finalmente, expresó que “se nos ha mantenido el estatus de ser completamente aprobados en las auditorías. Las observaciones que tuviéramos, son corregidas, se trata de señalamientos más de forma, no de fondo”.

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El Club de los pudientes

Desarrollo económico es corresponsable

Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, una asociación sin fines de lucro y formada por empresarios de la frontera, podría ser corresponsable de actos irregulares en la asignación de presupuesto, opacidad, tráfico de influencias, mal uso de recursos públicos y posible corrupción en los que habría incurrido el Ficosec.

El organismo, creado con el propósito de influir en la retención de empresas e inversiones, así como en el desarrollo de negocios en la región, antes que naciera el Ficosec ya tomaba parte en la toma de decisiones en 2012–2013, para incidir en proyectos financiados con recursos públicos, para el mejoramiento de la seguridad pública.

Sin embargo, la asociación empresarial habría incurrido también en algunas irregularidades, al no transparentar los montos que recibe por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado, en particular aquel relacionado al uno por ciento de fondos públicos recibidos como parte del impuesto sobre nómina.

Dicho grupo figura asimismo como uno de los beneficiarios de los recursos aportados por 38 mil empresarios a nivel estatal, quienes hacen una contribución especial del 5 por ciento del impuesto sobre nómina y que es destinado a Ficosec.

El Ficosec fue creado mediante el mecanismo de decreto No. 842/2012 VI P.E., publicado en el Periódico Oficialo del Estado el 22 de septiembre de 2012, hace seis años.

Según lo dispuesto mediante el decreto, figura como fideicomitente el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de su Secretaría de Hacienda. En segundo término, como fideicomitente, el Banco Mercantil del Norte, y por último, como fideicomisarios o beneficiarios, Desarrollo Económico del Estado, Desarrollo Económico de Juárez, así como Fundación Ficosec (Ficosec Chihuahua) y Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez (Ficosec Juárez).

Tampoco se conoce el destino que ha tenido un fondo revolvente que fue operado con reglas de operación establecidas por Desarrollo Económico.

De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, en mayo de 2014 Desarrollo Económico de Juárez se autoasignó 16.5 millones de pesos para la campaña denominada Adelante Juárez, para una campaña sobre la aplicación de una encuesta para conocer la percepción de inseguridad en la ciudad. Muy poco se supo sobre el cumplimiento de los objetivos y los alcances de dicho proyecto.

Ese año (2014), el comité técnico de Ficosec aprobó asignación de recursos para 19 proyectos, de los cuales en seis aparece como beneficiario Desarrollo Económico de Juárez, y en los restantes 13 el fidecomisario fue Desarrollo Económico del Estado.

Comparsa del PAN y Corral

La Caravana por la Dignidad que emprendió el gobernador Javier Corral a principios de año para exigir a la Federación dar celeridad a la solicitud de extradición de César Duarte, así como la entrega de 900 millones de pesos retenidos de aportaciones federales, sirvió de escaparate para Desarrollo Económico de Juárez.

El empresario Juan Carlos Sapién, presidente del organismo, fue uno de los oradores invitados por el gobernador Javier Corral a tomar parte en la segunda asamblea informativa llevada a cabo en la capital del estado el 15 de abril, para exigir a la Federación el respeto a la dignidad del pueblo chihuahuense y se entregaran los 900 millones de pesos de aportaciones federales, así como acelerar la extradición del prófugo exgobernador César Duarte.

En aquel evento llevado a cabo en la Plaza del Ángel, Juan Carlos Sapién, ante una multitud, refrendó “la lucha valiente” emprendida por Corral contra la Federación.

Sapién enfatizó que el Gobierno del Estado debe de convocar a más asambleas masivas como esta, para que la sociedad sea consciente cada vez más, de su obligación a participar para reclamar justicia y honestidad en las administraciones públicas.

“Es difícil estar aquí en domingo, porque es el día que dedicamos a estar con nuestras familias, pero por eso, los que estamos asistimos, venimos porque estamos cuidando a nuestras familias. Gobernador, no estás solo”, dijo.

La fallida campaña de imagen

¿Y los 400 mil, dólares?

En una decisión que se mantuvo en el más absoluto sigilo, a principios del año 2015 el Ficosec autorizó un presupuesto de un millón de dólares para contratar una campaña publicitaria para Ciudad Juárez con la compañía R&R Partners. La campaña inicialmente fue concebida para erogar 3 millones de dólares.

Quienes formaron parte del consejo que administra dicho fideicomiso estaban convencidos de que esa era la mejor manera de cambiar la mala imagen que tenía la ciudad.

El objetivo de la campaña fue «mejorar la marca de la zona geográfica de Ciudad Juárez, México, y por lo tanto afectar positivamente la imagen de la región».

Los empresarios del organismo no querían que se dijera que en Juárez las bandas del crimen organizado cometen crímenes en plena vía pública, extorsionan y amedrentan, aunque esto fue y sigue siendo una gran verdad.

También les preocupaba la insistencia de que en esta misma ciudad las condiciones salariales eran miserables para miles de obreros de maquiladoras.

La estrategia para cambiar la percepción que el mundo tiene sobre esta ciudad fue cuidadosamente planeada y ejecutada con la participación de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Fue una complicidad perfecta.

La empresa R&R Partners recibió un primer pago de 400 mil dólares por su trabajo de marketing, al que los expertos llaman “branding de ciudades”.

Los mismos empresarios que promovieron la propuesta dijeron que ese millón de dólares no sería suficiente, que la campaña costaría un total entre 3 y 4 millones de dólares.

En su momento Benito Fernández, expresidente de Desarrollo Económico, consideró que el gasto cumplía con los objetivos por los cuales fue creado el Ficosec, “porque se fomentaba la competitividad”.

Las críticas de la sociedad civil no se hicieron esperar ante el innecesario gasto, en una ciudad agobiada por la pobreza extrema, los bajos salarios, la presencia de delincuencia organizada y desorden urbano que merecían y siguen mereciendo más atención.

De la campaña de imagen y de los recursos para ella jamás fue informado sobre sus resultados.

Jorge Contreras Fornelli

¿El Hombre fraude?

Además de ser socio fundador de al menos ocho asociaciones civiles, algunas de ellas beneficiadas con recursos públicos a través del Ficosec Juárez del cual es presidente, Jorge Contreras Fornelli ha sido implicado reiteradamente en casos que ponen en duda la credibilidad de los organismos que representa e incluso ha sido protagonista en capítulos de posible corrupción.

Contreras Fornelli forma parte de distintas organizaciones cuyo objetivo es apoyar en tareas en beneficio de la seguridad pública en este municipio, así como para promover acciones entre sociedad y gobierno en materia de legalidad y seguridad.

De acuerdo con documentos consultados por NORTE en el Registro Público de la Propiedad, el empresario aparece como socio fundador en las siguientes asociaciones civiles: Fundación Pro Educación, Instituto Promotor para la Educación del Estado de Chihuahua, Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Social, Deutera, Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez (Ficosec Juárez), esta última protocolizada ante notario público en octubre de 2013 junto a los socios fundadores Alejandra Catarina de la Vega Arizpe, Mario Dena Torres, Marco Antonio Parson, Francisco Solís Payán y Gabriel Cantú Murguía.

También aparece como socio fundador de Educación en Valores, la Sinfónica de Juárez y Alianza Fronteriza de Filantropía.

Entre la corrupción y el escándalo

Lo mismo se le observa en la toma de decisiones del Ficosec o en la Mesa de Seguridad, esta última donde operó el 21 de junio junto con su aliado y cómplice Mario Dena Torres (exsubsecretario de Gobierno del Estado en la frontera y actual representante del gobernador Javier Corral), la destitución de la entonces coordinadora Astrid González, quien contra viento y marea intentó separar los intereses del Ficosec con la Mesa de Seguridad, exhibió ante las autoridades la forma limitada en que operan los cuerpos de seguridad estatal en Juárez.

Finalmente fue impuesta como nueva coordinadora de la Mesa de Seguridad, Isabel Sánchez Quirarte, en otro claro y abierto conflicto de interés pues además es la secretaria técnica de Ficosec.

El periodista Rafael Navarro definió a Jorge Contreras Fornelli en su columna Sombra de Letras del pasado 25 de junio como “uno de los gángsters castrados del gobierno de Duarte, que hacían gala de lo que saben hacer muy bien: arrebatar, agandallar, asaltar… robar en el más absoluto de los descaros. Es el hombre fraude”.

En noviembre de 2014, el presidente de Ficosec y a la vez coordinador de la Mesa de Seguridad, quedó expuesto en nuevo conflicto de interés al vender una camioneta Suburban 2007 blindada a la Fiscalía General del Estado por un monto de 954 mil pesos.

Además, a principios de octubre de 2016, los consejeros de la Mesa de Seguridad le exigieron una disculpa pública, luego de que Contreras Fornelli apoyó a nombre del organismo, el nombramiento del nuevo jefe de la Policía en Juárez, Jorge González Nicolás.

Más recientemente, en octubre de 2017, Contreras Fornelli, autonombrado defensor de la legalidad y la justicia, fue implicado en un nuevo caso de tráfico de influencias en el pleito de júniors en el que se vio involucrado su hijo José Andrés Contreras, por quien intercedió para ser liberado de la cárcel luego de ser arrestado por la golpiza propinada a Sebastián Díaz Ponce, nieto del coordinador de regidores independientes en el Cabildo, Carlos Ponce.

Finalmente, hace algunas semanas, sorpresivamente Contreras fue integrado al Panel de Especialistas para definir al fiscal responsable de combatir la corrupción en el estado, esto a propuesta del jefe del Ejecutivo.

Luis Mario Dena Torres

Capataz y sirviente

Con un perfil más empresarial y gerencial en la industria maquiladora, Mario Dena Torres es pieza clave en la toma de decisiones lo mismo en la Mesa de Seguridad, en el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec Juárez) y más recientemente desde su posición como funcionario de gobierno estatal.

Dena Torres tuvo influencia en la contratación de Ricardo Netzahualcóyotl Rodríguez, el último de los directores de Ficosec quien abandonó su cargo por causas desconocidas y bajo la sospechas de posibles actos de mal manejo de recursos, que no fueron divulgados públicamente.

Según se sabe por versiones de algunos de los integrantes del consejo de Ficosec, el cargo de Ricardo Netzahualcóyotl no fue llevado a cabo mediante un proceso de selección ni reclutamiento convencional. Tampoco hubo una convocatoria pública ni entrevistas de candidatos, sino que fue impuesto gracias al tráfico de influencias (fue subalterno y colaborador de Mario Dena en la empresa ADC y Tyco Electronics).

En resumen, no tuvo el perfil en conocimiento, experiencia, ni capacidades en materia de seguridad pública y aún así fue contratado con un sueldo mensual de 90 mil pesos más un bono trimestral de 30 mil pesos.

En lugar de su lugar, fue contratada como nueva directora Diana Chávarri, quien se sabe también es directora de la asociación civil Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, la cual tan solo el año pasado recibió 11 millones de pesos para el proyecto Desafío, cuyo fin es promover la disminución de la violencia y la delincuencia entre jóvenes de zonas vulnerables.

Aliados de la opacidad

El hoy representante en Juárez del gobernador Javier Corral, Mario Dena Torres, es un aliado incondicional de Jorge Contreras Fornelli, presidente del Ficosec en esta frontera.

Ambos son socios fundadores de la asociación civil Seguridad y Justicia de Juárez (Ficosec Juárez), creada para lograr tener acceso a los recursos destinados por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Hacienda, siendo sus otros aliados la organización empresarial de Desarrollo Económico de Juárez.

Junto con Dena Torres, también han sido importantes actores en el control discrecional de los recursos públicos del Ficosec: José Antonio Enríquez Tamez, Ricardo Netzahualcóyotl y Jorge Contreras Fornelli.

La actividad de Dena en los organismos del sector privado no es nueva ni gratuita. Es uno de los hombres de negocios de la ciudad de todas las confianzas de la familia De la Vega porque ha defendido sus intereses empresariales durante años.

El mismo Dena fue invitado por la actual secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, para participar como uno de sus principales asesores pro bono.

Su nombramiento al frente de la Mesa Interinstitucional para la Renovación de Juárez –la cual dio pie al millonario Fidecomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua–, estaba a su vez impulsado por la también líder empresarial Guadalupe de la Vega, entonces presidenta de Coparmex.

Hoy en día, Dena se desempeña como subsecretario de Gobierno del Estado en la Zona Norte.

NO DISPONIBLES

NORTE de Juárez buscó reiteradamente y por distintos conductos a Jorge Contreras Fornelli,  a través de llamadas telefónicas, mensajes vía WhatsApp, así como a través de la directora Diana Chávarri y de la secretaria Isabel Sánchez; así como también a Mario Dena, a través de su vocera Claudia Sánchez, para conocer su opinión sobre la investigación realizada por este medio, y no fue posible su comunicación ni entrevista pese a las insistencias.

Corral se contradice:

Amaga y luego premia

Desde sus tiempos como candidato a gobernador y luego como jefe del Ejecutivo en 2016, Javier Corral puso en la mira al polémico Ficosec, organismo subsidiado por el Gobierno estatal a través de una sobretasa del 5 por ciento al impuesto sobre nómina que pagan alrededor de 38 mil contribuyentes empresariales.

Los argumentos de corrupción y opacidad empleados por Corral bastaron para que, un mes después de asumir el cargo como gobernador, enviara las primeras señales sobre lo que estaba ocurriendo con los recursos entregados al fideicomiso, basado en las revisiones de la Auditoría Superior del Estado.

Las dos auditorías fueron realizadas en momentos en que Alejandra de la Vega era pieza fundamental en Ficosec Juárez y en la Mesa de Seguridad.

En noviembre de 2016 el gobernador exigió a los directivos del Ficosec que rindieran claras y corrigieran el uso de los recursos públicos que reciben ante los reiterados señalamientos de falta de transparencia.

Y fue aún más allá, al advertir que serían sancionadas las irregularidades. La Auditoría Superior del Estado hizo dos auditorías plagadas de observaciones en las que sobresalieron el conflicto de interés de los integrantes del Ficosec que utilizaron recursos públicos a favor las asociaciones civiles creadas por ellos mismos. Los días del entonces presidente de Ficosec, Luis Lara, estaban contados. Aunque no hubo ninguna sanción para nadie.

El gobernador Corral había sentenciado que “en caso de comprobarse un manejo irregular será sancionado porque son recursos públicos. Les insisto mucho en que deben rendir cuentas, manejarse con mucha escrupulosidad”.

Los señalamientos al Ficosec alcanzaron también a Alejandra de la Vega, exintegrante del comité técnico de Ficosec, quien decide el destino final de millones de pesos para programas con enfoque de seguridad que llevan a cabo asociaciones civiles.

Asimismo, la empresaria juarense también fue titular de Desarrollo Económico de Juárez, en momentos en que la Auditoría Superior realizaba las revisiones al fideicomiso.

Sin embargo, el gobernador Corral deslindó rápidamente a su colaboradora de cualquier irregularidad.

Ante medios de comunicación, a finales de noviembre de 2016, Corral afirmó que “no hay ningún señalamiento o acusación en específico a Alejandra de la Vega de algún manejo de recursos, al contrario, si alguien ha aportado de su peculio es Alejandra”.

No obstante, Corral no ofreció pruebas de cómo su secretaria de Economía ha aportado “de su peculio” para apoyar directamente a Ficosec.

“Debo decir que no se han duplicado los papeles porque antes de incorporarse al Gobierno ella renunció a su cargo directivo en Ficosec, por lo tanto no hay conflicto de interés”, agregó.

De acuerdo con las dos únicas auditorías practicadas por al Auditoría Superior del Estado al Ficosec, tan solo entre 2014 y 2015 fueron realizadas 20 observaciones sobre irregularidades en temas de planeación, programación, presupuesto, seguimiento, evaluación y transparencia.

Ambas revisiones arrojaron que los integrantes del comité técnico intervinieron en la asignación de recursos para proyectos a favor de asociaciones civiles creadas por ellos mismos y de las que forman parte, según las actas constitutivas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad.

Disolución del Comité Técnico

Casi un año después de aquella declaración del jefe del Ejecutivo, el gobernador anunció en agosto de 2017 que el consejo técnico del Ficosec sería disuelto, al no existir condiciones de transparencia y por resistirse a cumplir las observaciones de la Auditoría Superior.

Desde la perspectiva del jefe del Ejecutivo, resultó inadmisible que desde los orígenes del Ficosec –en 2012– el organismo fuera manejado con opacidad, siendo una de las más delicadas irregularidades que los mismos empresarios crearan asociaciones civiles para recibir recursos públicos.

Concretamente son señaladas nueve asociaciones civiles beneficiadas en las que hubo conflicto de interés según la Auditoría Superior. Incluidos organismos empresariales como Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Desarrollo Económico de Juárez, Observatorio Ciudadano de Prevención, así como Seguridad y Justicia de Chihuahua (Ficosec Juárez).

El gobernador Corral no solamente no dio seguimiento a las observaciones de opacidad y falta de transparencia, sino que terminó premiando a los actores involucrados: En primer lugar a Alejandra de la Vega, quien fue nombrada secretaria de Innovación y Economía; Mario Dena, fue designado subsecretario de Gobierno del estado en Juárez y luego representante del gobernador, y Jorge Contreras Fornelli, identificado por Javier Corral como “duartista”, fue ubicado por el jefe del Ejecutivo, sorpresivamente, como integrante del Panel de Expertos que designó la terna para nombrar fiscal anticorrupción.

CONCLUSIÓN

• Por ser este un tema de interés público, se debe también solicitar a la Auditoría Superior del Estado y al Congreso local, que las dos auditorías practicadas sean dictaminaras, después de que éstas permanecen congeladas desde 2015.
• Tras lo expuesto en el trabajo de investigación, NORTE considera que se debe abrir no una sino varias investigaciones para conocer los alcances del posible fraude y la falta de resultados, conflicto de interés, mal uso de recursos públicos, administración fraudulenta, tráfico de influencias y lo que resulte.
• En caso de que sea comprobada la traición a la confianza de miles de contribuyentes empresariales y de la ciudadanía, deberían fincarse posibles responsabilidades, esto aún cuando el gobernador Javier Corral ya había advertido del posible mal manejo de los recursos públicos, y pese a ello no ordenó presentar posibles denuncias ante quien o quienes resulten responsables, caiga quien caiga.