Hay palabras que, con el paso del tiempo, dejan de ser únicamente conceptos jurídicos para convertirse en consignas políticas o mediáticas. Una de ellas es feminicidio.
En México, escuchar esa palabra provoca inmediatamente una reacción emocional. Es natural. Durante años miles de mujeres fueron asesinadas en un contexto de violencia que el Estado ignoró o minimizó. El problema existía y debía atenderse. Nadie sensato puede negar esa realidad.
Sin embargo, precisamente porque se trata de un delito tan grave, conviene hacer una pregunta incómoda: ¿qué convierte jurídicamente una muerte en feminicidio? La respuesta no es que la víctima sea mujer. Tampoco que el presunto responsable sea hombre. La legislación exige acreditar razones de género. Es decir, demostrar que la privación de la vida ocurrió en un contexto en el que la condición de mujer de la víctima fue determinante.
El caso de Dafne vuelve a colocar esa pregunta sobre la mesa. La Fiscalía decidió investigarlo como feminicidio. Será un juez, tal vez una jueza, quien determine si esa clasificación jurídica permanece o si los elementos probatorios conducen a otra conclusión.
Pero conforme avanzó la investigación apareció un dato que sorprendió a muchos: entre las personas sujetas a proceso no solo figura el director de la academia militarizada. También aparecen mujeres presuntamente involucradas en los hechos.
Y entonces surge una pregunta que pocos parecen querer formular. Si una mujer puede participar en un feminicidio —y jurídicamente sí puede hacerlo—, ¿por qué buena parte de la opinión pública sigue asociando automáticamente ese delito con un hombre?
Tal vez porque durante años el debate se simplificó hasta reducirlo a una confrontación entre hombres agresores y mujeres víctimas. La realidad, sin embargo, suele ser más compleja que los eslóganes.
La ley no dice que únicamente los hombres puedan cometer feminicidio. La ley tampoco afirma que toda mujer asesinada sea necesariamente víctima de feminicidio. La ley exige pruebas.
Aquí aparece otra reflexión: ¿es necesario que una mujer sea asesinada por otra mujer para que la opinión pública descubra que también existen mujeres capaces de cometer feminicidio? Si la respuesta fuera afirmativa, estaríamos frente a una visión profundamente incompleta de la naturaleza humana.
Porque el mal no pertenece a un sexo. Pertenece al ser humano. Pensar que únicamente los hombres son capaces de ejercer violencia extrema contra una mujer no solo contradice la legislación vigente, sino también la experiencia histórica y los propios expedientes judiciales.
Eso no disminuye la gravedad de la violencia contra las mujeres. Lo que hace es recordar que la justicia no puede construirse sobre estereotipos. La verdadera igualdad exige medir a todos con la misma vara.
Por eso la pregunta correcta no es si el presunto responsable es hombre o mujer. La pregunta correcta es otra: ¿qué pruebas tiene la Fiscalía para sostener que Dafne fue privada de la vida por razones de género y no como consecuencia de un sistema de disciplina violenta?
Ese es el debate que merece la sociedad. Porque si convertimos el tipo penal en una etiqueta automática, se dejan de investigar las causas reales de los hechos. Eso nunca fortalece la justicia. La debilita.
Y si para reconocer que también existen mujeres feminicidas era necesario que otra mujer muriera a manos, presuntamente, de una de ellas, entonces el problema no está únicamente en la violencia. También está en la manera selectiva en que decidimos mirarla. Ahí, el meollo del asunto.
Fuera del meollo
Hablar de que hay igualdad ante la ley o en las prácticas de gobierno es difícil no solo de creer, sino de confiar en las autoridades. Cuando en una competencia por becas a cargo de la SEP, al haber empate entre niños y niñas, el criterio de desempate es que sea niña a la que le regalen el gane. Así el meollo de ese asunto.
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