El Congreso del Estado de Chihuahua es uno de los 17 de todo el país que en lugar de ser contrapeso en el manejo del gasto público es permisivo con el gobernador, con quien ha caído en complicidad legislativa durante el ejercicio 2018.
La anterior es una de las conclusiones a las que llegó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), quien dio a conocer que el Congreso de Chihuahua ha sido omiso con la administración de Javier Corral que habría incurrido en un mal ejercicio del gasto público.
A través de su página de internet, el Imco pone en evidencia la falta de contrapesos de los poderes legislativos en 17 estados, incluido Chihuahua, que ha permitido al gobernador gastar más de lo presupuestado en determinados rubros, sin rendir cuentas.
“Hay un abuso sistemático entre los recursos presupuestados y ejercidos por las entidades. Los congresos locales no hacen nada por detener el abuso en el ejercicio de los recursos públicos, a pesar de que cada trimestre conocen las variaciones injustificadas”, dice el análisis del Imco.
De acuerdo con el reporte, fueron detectadas grandes variaciones entre lo presupuestado y lo gastado en 2018. A pesar de que los congresos cuentan con la información, no frenaron esa mala práctica de los diputados locales.
En el caso particular de Chihuahua, el Imco evidenció que -por ejemplo- fue adquirida maquinaria y equipo agropecuario, industria, de construcción, entre otros, invirtiendo 72 veces más del monto aprobado para todo el año.
“En lugar de apegarse lo más posible a su presupuesto inicial, para diciembre ya había gastado 582 veces más de lo aprobado por los legisladores”, dice el reporte.
“Lo anterior es atribuido a una mala planeación de la Secretaría de Finanzas, y sin contrapesos legislativos”, agrega.
Al hacer una crítica del Congreso, añade que “los diputados locales no hicieron nada. Hubo nula intervención. Hacen poco uso de su facultad de emitir opiniones sobre los informes trimestrales de gasto que las secretarías de Finanzas les remiten”.
Finalmente, propuso reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. “Si un Gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida, en más del 15 por ciento, necesariamente los congresos deben cumplir su función de contrapeso”.
El mal ejercicio del gasto y complicidad legislativa en 2018, fueron ubicados también entidades como Guerrero, Sinaloa, Puebla y Tlaxcala.
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