En conferencia de prensa, la vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, Dora Elena Delgado Barraza, denunció que la propietaria de la funeraria Luz Divina, María Manuela S. M., acusada de fraude ligado al crematorio Plenitud, celebró contratos con Gobierno del Estado, lo que genera un riesgo de impunidad.
Delgado Barraza aseveró que en la página de adquisiciones del Gobierno estatal se encontraron dos convenios que la empresa funeraria habría celebrado bajo adjudicación directa.
En uno de los contratos, hecho con la Fiscalía General del Estado (FGE), se indica que recibiría 560 mil pesos para realizar el servicio de inhumación de 200 cadáveres sin identidad que permanecían en el Servicio Médico Forense (Semefo).
La diligencia con la institución estatal, dijo, sirve como base para que las familias que acusan de fraude a Luz Divina reciban pagos de aproximadamente 3 mil pesos.
“Esas tarifas, corresponden a un contrato que María Manuela S. M. realizó con la Fiscalía… fue una adjudicación directa de más de 400 mil pesos, a eso corresponde. Me pregunto, ¿acaso no sabían ellos lo que María Manuela estaba haciendo?”, comentó.
Enfatizó que dentro de su colectivo tienen conocimiento de personas que utilizaron el “apoyo a los servicios funerarios”, que ofertó la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (Sdhybc), pero los restos de sus seres queridos se encontraron en el crematorio Plenitud y aunque los velaron en Luz Divina.
Debido a esta situación la FGE, presuntamente, solo habría formulado imputación por el delito de fraude en contra la propietaria de ese negocio.
Cuestionó el hecho de que las autoridades no procedan más allá del fraude. También consideró que tal vez se deba a que, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado Ceave y Sdhybc otorgaron apoyos.
“Nos fuimos a revisar porque no nos cabía en la cabeza que existieran servicios funerarios de estas cantidades, y no hay aquí en Juárez un servicio funerario de esa cantidad”, puntualizó.
Mencionó que ante esta situación presentaron una denuncia ante la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) y están en espera de recibir una respuesta.
Es lamentable, aseguró, que durante este tiempo las autoridades hayan permitido que la propietaria de la funeraria realizará “tanto fraude” sin que haya una reacción por parte de la FGE.
Acusó que estas acciones de protección a María Manuela, así como el hecho de que el coordinador de Servicios Periciales en la Zona Norte, Héctor Jácome Hernández, haya cerrado el acceso a la galería de prendas a una familia que pretendía buscar a su familiar, son actos de revictimización.
“Están actuando con un nepotismo, con una soberbia y con un desprecio a todas las víctimas, pero esas familias no están solas, la justicia las abraza, que ellos la tengan secuestrada y que escuchen más a los victimarios, es pasajero, pero la justicia las acoge”, afirmó.
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