La síndica, Leticia Ortega Máynez, dio a conocer que tiene información sobre el presunto desvío de 13.7 millones de pesos de los programas sociales del DIF municipal a fiestas del alcalde Armando Cabada, que será integrada en una carpeta de investigación para ser turnada a la Fiscalía Anticorrupción en este mismo mes.
“Tenemos todo el material que hemos acumulado, incluso de las actas circunstanciadas en las que se señala que la administración no nos ha dejado hacer nuestro trabajo, que será enviado para que la autoridad determine”, expresó.
Luego de indicar que no pudo hacerlo a finales del año 2019, por no contar todavía los elementos de información completos, Ortega Máynez se puso el plazo de “los primeros días de enero de 2020” para substanciar legalmente el caso.
La administración municipal ha gastado alrededor de 50 millones de pesos en celebraciones, de los cuales 34 millones de pesos son en aportaciones a fiestas de los tres últimos tres Gritos de Independencia, de los que 13.7 pertenecían al presupuesto del DIF municipal.
El despojo del presupuesto del organismo de atención a grupos vulnerables de la ciudad, se hizo en un procedimiento “fast-track” del Comité de Adquisiciones, el 26 de agosto, para ser aprobado por el Ayuntamiento de Juárez en sesión extraordinaria, unas horas después.
Ortega Máynez dijo que “cuando un funcionario cierra deliberadamente la información está cometiendo una falta administrativa grave, por lo que corresponde a la sindicatura integrar la investigación para ser enviada a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción o al Tribunal de Justicia Administrativa.
Óscar Altamirano, asesor jurídico Ciudadanos por el Interés Público A.C. (Cipac), dijo que la sindicatura tiene la naturaleza de órgano interno de control, que le da la facultad de revisar el gasto público.
Señaló que en el caso de que el gasto público no reúne los requisitos legales y es disconforme con el presupuesto respectivo, es facultad de investigar el asunto para integrar un informe de presunta responsabilidad administrativa.
En caso de no hacerlo, Ortega Máynez podría incurrir en obstrucción de la justicia y ser sancionada por los supuestos del artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, agregó el asesor de Cipac.
