¿Y dónde está el piloto o, mejor dicho, la piloto? Esa era la pregunta que se hacían la militancia morenista y la prensa local el pasado fin de semana, al notar la ausencia de la presidenta estatal del partido guinda, Brighite Granados de la Rosa.
Nomás nadie sabía decir dónde andaba, a qué horas llegaba o si todavía seguía a cargo del mostrador de la presidencia estatal. Ni los militantes inconformes ni los operadores de las precampañas que ya están en marcha daban pie con bola cuando intentaban dar con el paradero de su dirigente.
El colmo de los colmos llegó el sábado pasado, cuando Brighite ni siquiera se apareció en Juárez para acompañar a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, en los actos donde se anunciaron acciones para afinar la estructura electoral del partido de cara a las elecciones de 2027.
Después de mucho buscar, preguntar, tocar puertas y escuchar el clásico grito de “¡No hay nadie!”, este Mirone por fin dio con el paradero de la líder morenista.
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Fuentes muy cercanas a la vida interna de ese partido le confirmaron a esta columna que Brighite estuvo en Mazatlán, Sinaloa, el pasado fin de semana, donde festejó su cumpleaños número 32.
Así como se lee: mientras las estructuras morenistas alistaban los arreos para organizar la elección de 2027, en la que pretenden arrebatarle al PRIAN el duopolio del poder en Chihuahua, la dirigente estatal andaba en el puerto donde, según José Alfredo Jiménez, “hasta el más pobre se siente millonario”.
¡Vaya coincidencias! Resulta que ese es justamente el mismo puerto turístico preferido del exgobernador y actual senador morenista (¿morenista?) Javier Corral Jurado, quien hasta tiene un “chalet” en aquel paradisíaco lugar, donde “la vida es más sabrosa”.
Pero Brighite reapareció ayer lunes, al menos por escrito, con un comunicado en el que pidió diálogo, inclusión y respeto. Entre los llamados a la unidad dejó una frase que merece lectura política: “No basta con llamar a la unidad; también debemos procurar que nuestras decisiones y acciones sean congruentes con ese llamado”.
Sin señalar destinatarios, pidió condiciones para que todas las expresiones y representaciones institucionales puedan participar. El mensaje puede leerse como un reclamo de inclusión hacia la conducción del partido, aunque también expresó su respeto a la dirigencia nacional.
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Según las fuentes consultadas por Mirone, la permanencia de Brighite en el centro de operaciones ya es, francamente, nominal. Aseguran que las funciones de conducción del partido están ahora en manos de Hugo González Muñiz, presidente del Consejo Estatal, y Omar Holguín Franco, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal.
El comunicado no anuncia una salida ni confirma ese relevo. Por el contrario, Brighite se presenta como presidenta estatal, asegura que seguirá trabajando en territorio y recuerda que las puertas del Comité Ejecutivo Estatal permanecen abiertas. Por lo visto, todavía tiene algo que decir sobre quién lleva el mando.

Para muchos dentro del partido, su permanencia era insostenible por su falta de respaldo a la candidatura del coordinador estatal, Cruz Pérez Cuéllar. En cambio, abiertamente se decantó por la senadora con licencia Andrea Chávez, quien ahora busca la candidatura a la Presidencia Municipal de Juárez.
La lectura de las fuentes de esta columna es que Ariadna Montiel ha tomado directamente las riendas de la reorganización de Morena en Chihuahua, justo cuando comienza a organizarse la estructura electoral para 2027.
De confirmarse ese desplazamiento en la conducción, la carambola tendría dos bandas: para Andrea Chávez significaría perder a una figura identificada con su entorno al frente de las decisiones del partido; para Cruz Pérez Cuéllar representaría llevar “mano” en la reorganización.
Cambio de candidato, cambio de mandos. Así se hacía en los viejos tiempos del partido de Estado. Falta ver cómo se acomoda ahora una presidenta que, por escrito, sigue reivindicando su lugar y reclamando inclusión. Hay cosas que, de plano, nunca cambian.
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¿Acaso aprobó la bancada de Morena la “ley del hielo”? Así parece, todo indica que ya se la están aplicando a uno de sus integrantes: el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, de mayoría —nada de “pluri”— por el Distrito III, con cabecera en Juárez.
El sábado pasado, cuando la dirigente nacional del partido guinda, Ariadna Montiel, convocó a una reunión de la estructura morenista, acudieron casi todos los integrantes de la bancada que representa a ese partido en el Congreso del Estado. “Casi”, porque no estuvo Avitia Arellanes, pese a que representa a todo un distrito del municipio donde Morena tiene sentados sus reales.
Lo que le vinieron a contar a Mirone es que el grueso de la bancada, “ariadnista” hasta la médula, le aplica una especie de cláusula de exclusión a Avitia, luego de que este se decantara abiertamente por Andrea Chávez durante la disputa por la Coordinación para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional —precandidatura, acá entre cuates— en Chihuahua.
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Lo que vimos el sábado fue un intento fallido de mostrar “unidad partidista”, justo cuando están prácticamente en la línea de salida de la carrera por la gubernatura del estado.
Quienes simpatizan y operan en el radio de influencia de Ariadna Montiel tuvieron manga ancha para participar, opinar y proponer, además de tomarse la consabida fotografía. Pero a quienes anduvieron apoyando a la senadora con licencia ni siquiera los voltearon a ver, pese a que también andan en la talacha para conseguir votos para el partido fundado por AMLO.
Entre los relegados queda la impresión de que el interés de la dirigencia nacional se concentra únicamente en ganar la gubernatura y que se les olvida otra lucha casi tan importante, a la que tampoco están poniendo la atención necesaria: retener Ciudad Juárez, después de dos trienios de gobiernos de la 4T.
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Cercanos a Avitia le cuentan a Mirone que nadie lo invitó. Y eso, además de que “calienta”, preocupa, porque la segregación ocurre justo cuando el partido que gobierna el país tiene ante sí la oportunidad de conquistar Chihuahua, uno de los cuatro estados que todavía están en manos del PAN.
Ojo: la oportunidad y nada más, porque no hay nada ganado, advierten los relegados. Cuidado, pues, porque dar por sentado que ya tienen la gubernatura puede llevarlos a darse un buen tope contra la pared si no cuidan las formas e integran a todos los que pueden aportar a la causa.
Y es que en Morena parecen confundir la disciplina partidista con la obediencia a un grupo. Si para ganar Chihuahua necesitan a todos, no tiene mucho sentido comenzar la carrera dejando gente en la banca.
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Un vaso de captación desbordado y un muro caído en Enchanted Hills; un dique desbordado y una barda caída en Gardeno. Las inundaciones de octubre dejaron daños y reclamos a ambos lados de la frontera. Ayer lunes, autoridades de El Paso se reunieron con los vecinos para discutir soluciones; en Juárez, el Ayuntamiento anunció desde el 28 de octubre una mesa de diálogo.
En el desarrollo paseño fueron evacuadas 16 viviendas y al menos una quedó inhabitable por daños estructurales. En el juarense, más de 200 vecinos reportaron casas dañadas y desembolsos de 12 mil pesos por cada ocho horas de servicio de pipas para sacar el agua de sus calles.

Los daños tuvieron alcances distintos, pero las familias compartieron la urgencia de salvar lo que costó años conseguir. En ambos lugares, después de la emergencia vino otra preocupación: quién ayudaría a reparar las pérdidas y qué protección tendrían ante la siguiente lluvia.
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El parecido entre ambas zonas residenciales es mayúsculo. Las primeras diez etapas de Gardeno fueron autorizadas el 26 de abril de 2007, durante la administración de Héctor Murguía Lardizábal. Enchanted Hills ya aparecía en documentos de planeación de 2008. Son antecedentes administrativos distintos, pero cercanos en el tiempo.
Casi dos décadas después, las lluvias encontraron límites en la infraestructura de ambos desarrollos. El Paso Water explicó que el agua superó la capacidad de diseño del drenaje de Enchanted Hills. En Gardeno, Protección Civil informó que los tres sitios de absorción se llenaron. Dos explicaciones técnicas para una realidad que los vecinos conocieron con el agua encima.
¿Fallaron los cálculos originales? ¿La urbanización cambió los escurrimientos? ¿Faltó mantenimiento? ¿Las tormentas fueron extraordinarias para la capacidad instalada?
Las preguntas sirven para ambos expedientes, sin embargo, las respuestas deben salir de cada uno: el parecido no acredita responsabilidades idénticas, pero obliga a revisar permisos, obras, modificaciones y mantenimiento.
Y tampoco basta con buscar al o los alcaldes que autorizaron. Hay que revisar qué hicieron quienes administraron después.
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También se parecen los reclamos posteriores. En Enchanted Hills, residentes denunciaron ayuda insuficiente y largas jornadas de limpieza. La ciudad aseguró que ha proporcionado apoyo y que revisa la infraestructura, los antecedentes del desarrollo y la respuesta a la emergencia.
En Gardeno, vecinos informaron a Norte Digital que contrataron pipas ante una presencia municipal que consideraban insuficiente. El Ayuntamiento informó de trabajos de desagüe y anunció la mesa de diálogo con participación de la JMAS.
Por eso, el contraste no alcanza para presumir que allá todo funciona y acá nada. A ambos lados hubo familias reclamando más ayuda y autoridades explicando sus acciones; lo que debe compararse ahora son los resultados.

Sin duda, la variable climática también merece revisión: determinar si las lluvias exigen actualizar los criterios de diseño y cuánto influyeron los cambios urbanos.
La reunión de Enchanted Hills vuelve oportuno preguntar por los compromisos de Gardeno y otros fraccionamientos en condición similar: qué obras se necesitan, quién debe pagarlas y cuándo estarán listas.
Indudablemente, los vecinos de las dos ciudades necesitan algo más que una buena explicación de la inundación anterior. Necesitan saber qué habrá cambiado cuando llegue la siguiente tempestad.
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Hace no mucho tiempo, el refranero popular chihuahuense se refería a Aldama como un lugar donde “no pasaba nada”, por lo que, si ocurría alguna desgracia, un fenómeno meteorológico desastroso o una guerra nuclear, habría que “ganarle” para ese poblado porque, de seguro, ahí no pasaría ninguna desgracia.
El dicho quedó en eso: en una cita para el álbum de refranes, porque, de un tiempo a esta parte, Aldama se ha convertido en el epicentro de una lucha sin cuartel entre organizaciones delictivas que buscan controlar el corredor que va desde el suroeste del estado hasta la frontera de Ojinaga con Texas.
En estos momentos prevalece una especie de “tira-tira” mediático en torno a los desplazados del municipio de Aldama. La autoridad se niega a reconocer que tiene una nueva emergencia humanitaria a poco más de 30 kilómetros de la capital.
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Organizaciones de la sociedad civil hablan de hasta 20 ranchos arrasados por organizaciones delictivas, de propiedades abandonadas, instalaciones destruidas, trabajadores agredidos y familias que han tenido que salir para ponerse a salvo.
La parte oficial se resiste a reconocer esa situación y niega que haya desplazados en una zona donde tiene una presencia policial importante. En cambio, habla de “acompañamientos” para sacar ganado de ranchos incendiados.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal precisó que el acompañamiento brindado el 9 de noviembre a un ganadero para trasladar animales correspondía a un rancho incendiado durante octubre y que no debía confundirse con una quema generalizada de propiedades.
La aclaración no responde las preguntas de fondo: ¿qué está pasando en los ranchos de Aldama y Coyame?, ¿quién está amenazando a sus habitantes?, ¿cuántas personas han tenido que abandonar sus hogares y qué está haciendo el Gobierno para protegerlas?
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Aldama, además, tiene otro antecedente que no debería pasar desapercibido. En la colonia Los Leones, en el mismo municipio, viven familias indígenas ódami que tuvieron que abandonar La Plomosa, en Guadalupe y Calvo, debido a la violencia del crimen.
Son siete familias, con mujeres, adolescentes y niños, que llegaron en busca de un lugar donde vivir sin amenazas. Sus condiciones de vida son precarias: viviendas improvisadas, dificultades para acceder a servicios y problemas para mantener la continuidad escolar de los menores.
Huyeron del temporal que destruyó sus casas y de los grupos criminales. Ahora tienen que salir corriendo ante la amenaza de otra lucha entre bandas, completamente ajena a ellos.
Guadalupe y Calvo es el caso más visible, pero no debería convertirse en el modelo de lo que viene para otros municipios.
Porque una cosa es que los delincuentes disputen un territorio y otra, mucho más grave, que terminen quedándose con él porque sus habitantes ya no pueden vivir ahí.
Don Mirone