La sindicatura integrará una carpeta de investigación sobre el posible desvío de recursos públicos por 13.7 millones de pesos de los programas sociales de atención a niños vulnerables del DIF municipal, para ser entregado a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa, en los primeros días de enero, para que determine si existen delitos que perseguir.
“Tenemos todo el material que hemos acumulado durante un año, incluso las actas circunstancias en las que se señala que nos han impedido hacer nuestro trabajo ¿qué vamos hacer con toda esta información? La vamos a llevar a una autoridad para que determine”, expresó la síndica Leticia Ortega Máynez.
“Cuando un funcionario público se cierra deliberadamente está cometiendo una falta administrativa grave, entonces vamos a turnar toda la información a una autoridad. No lo podíamos hacer sin elementos, pero ahora con una gestión de un año, ahora sí se puede”, agregó la síndica.
Este año, 2019, el Gobierno municipal tomó 6 millones de pesos para gastos en fiestas del Grito de Independencia, con la autorización de la presidenta del DIF, Alejandra Carrillo de Cabada, y con la complacencia de Cabildo.
Pero la administración municipal repitió la misma operación en 2018, año en que despojó al organismo de atención a grupos vulnerables en la ciudad de 3.2 millones de pesos, mientras que en 2017 le quitó 4.1 millones de pesos.
“Ya tengo los distintos elementos para generar una carpeta que me va a servir para turnar toda la información, que habla de todas las irregularidades cometidas por la administración”, enfatizó Ortega Máynez.
Óscar Altamirano, asesor jurídico de la asociación civil Ciudadanos por el Interés Público, en un análisis del caso, encuentra presuntas responsabilidades legales del Ayuntamiento de Juárez, con irregularidades consideradas graves.
En el caso de la síndica Ortega Máynez, Altamirano concluye que la institución que dirige tiene naturaleza de órgano interno de control, lo que la faculta por ley revisar el gasto público realizada por la autoridad municipal en el caso de los tres últimos Gritos de Independencia.
Indicó que Ortega Máynez tiene la obligación de integrar una carpeta de investigación con todas las irregularidades encontradas para ser turnada a una autoridad competente, de no hacerlo podría incurrir en las responsabilidades que establece el artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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