Mañana, jueves 13 de agosto, la presidenta de la República se reunirá con la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización que, durante décadas, se ha distinguido por ser la expresión más organizada, combativa y representativa de la disidencia sindical magisterial en México. En términos declarativos, el encuentro se presenta como un espacio de diálogo para revisar y dar seguimiento a los acuerdos previamente establecidos, incluidos aquellos alcanzados antes de la crisis provocada por la propuesta gubernamental de modificar, una vez más, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), planteada en febrero del presente año y cuyo rechazo persiste.
La reunión se desarrolla, por tanto, en un escenario que dista de ser exclusivamente administrativo, está en juego una parte importante de la relación que el actual Gobierno federal pretende construir y mejorar con el magisterio, particularmente con una organización sindical que históricamente ha mantenido una posición crítica frente a las políticas educativas y laborales impulsadas desde el Estado independientemente del partido en turno.
En la agenda de negociación se identifican, al menos, tres grandes áreas. La primera corresponde a la revisión de los mecanismos y criterios para la asignación de nuevas plazas docentes, particularmente en el ámbito de influencia de la Sección 22, aunque sus implicaciones pueden extenderse al conjunto del sistema educativo nacional. La segunda se refiere al seguimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por la Secretaría de Gobernación con la dirigencia de la CNTE. Finalmente, se contempla la revisión de los acuerdos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa y la atención de las necesidades de la educación básica en la entidad.
No resulta evidente que la agenda llegue a buen puerto. Es previsible que, en el curso de las negociaciones, vuelva a colocarse sobre la mesa una de las demandas que se ha convertido en un punto central de la relación entre el Gobierno federal y el magisterio: la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).
La eliminación de la Usicamm constituye, además, una de las promesas que la actual presidenta formuló al magisterio nacional y que, hasta ahora, no se ha concretado. Tampoco parece vislumbrarse con claridad un nuevo esquema que sustituya al actual. Y aquí aparece una paradoja que no debería pasar inadvertida: tanto la CNTE como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han cuestionado la viabilidad del modelo vigente, pero ambas corrientes sindicales mantienen, al mismo tiempo, un evidente interés en incidir en la definición del mecanismo que habrá de sustituirlo.
El problema, entonces, no consiste únicamente en desaparecer la Usicamm. La verdadera discusión debería centrarse en qué tipo de mecanismo habrá de sustituirla, bajo qué criterios funcionará y, sobre todo, quién tendrá capacidad para intervenir en su diseño, operación y control.
El Gobierno federal ha anunciado que la consulta para definir las características del nuevo esquema se llevará a cabo del 18 al 31 de agosto, con la intención de conocer, “escuela por escuela”, la opinión de los docentes. La estrategia parece responder a una preocupación legítima: evitar que la definición del nuevo modelo quede circunscrita a las dirigencias sindicales y procurar que sea el propio magisterio quien exprese su posición.
En principio, la intención parece clara: construir un mecanismo que elimine las prácticas discrecionales en la asignación de plazas docentes y que garantice procesos más transparentes, equitativos y democráticos. No obstante, el desafío más importante podría encontrarse precisamente en las condiciones políticas que rodean la construcción de ese nuevo mecanismo.
Ahí aparece una figura que resulta imposible ignorar: Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE y, simultáneamente, senador de la República. Su doble condición le permite ocupar una posición particularmente ventajosa frente al Gobierno federal. Por un lado, reivindica, en su calidad de dirigente sindical, las demandas y necesidades del magisterio; por otro, participa directamente en el espacio institucional desde el cual se discuten y procesan las decisiones legislativas y políticas que afectan a ese mismo magisterio. Juega, literalmente, de local en dos canchas.
Esta situación obliga a mirar con cautela el proceso de transformación de la Usicamm. El problema no es que las organizaciones sindicales participen en la discusión, su intervención resulta legítima y necesaria, sino que dicha participación pueda convertirse nuevamente en un mecanismo de intermediación corporativa capaz de condicionar el acceso, la promoción y la movilidad laboral de los docentes.
La historia del sindicalismo magisterial mexicano ofrece suficientes elementos para advertir los riesgos. Durante décadas, el acceso a las plazas, los ascensos y otros mecanismos de movilidad profesional estuvieron atravesados por relaciones de carácter corporativo en las que la representación sindical adquirió una capacidad de intermediación que excedía sus funciones estrictamente laborales. El desafío contemporáneo consiste precisamente en evitar que, bajo el argumento de desmontar un mecanismo cuestionado como la Usicamm, terminemos reconstruyendo aquellas prácticas bajo nuevas formas institucionales.
Por ello, la consulta anunciada para agosto no debería limitarse a ser un procedimiento de legitimación de una decisión previamente tomada. Si realmente se pretende que “escuela por escuela” sea el magisterio quien decida, será necesario garantizar que la participación sea libre, informada y plural, y que sus resultados puedan ser conocidos y auditados. De lo contrario, la consulta corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de intermediación en la que las voces de los docentes vuelvan a quedar subordinadas a las estructuras de representación sindical.
El futuro de la Usicamm, en consecuencia, no debería reducirse a la disyuntiva entre conservarla o desaparecerla. La discusión de fondo es mucho más relevante: ¿cómo construir un sistema de carrera docente que reconozca los derechos laborales del magisterio, garantice condiciones transparentes de acceso y promoción y, al mismo tiempo, impida que cualquier actor, gubernamental o sindical, concentre un poder discrecional sobre la trayectoria profesional de las y los docentes?
La respuesta a esta pregunta será, en buena medida, una prueba de la capacidad del actual Gobierno para superar las viejas formas de relación corporativa entre Estado y magisterio. De poco serviría desmontar una estructura institucional cuestionada si, en su lugar, se reconstruyen los mecanismos informales de control que históricamente han acompañado al sistema educativo mexicano.
Esperemos, por ello, que los resultados de la consulta sobre la modificación de la Usicamm no sean nuevamente capturados por las estructuras corporativas del SNTE ni por cualquier otra instancia de intermediación. El magisterio mexicano merece algo más que el reemplazo de un mecanismo por otro, merece participar realmente en la construcción de las reglas que definirán su carrera profesional.
La pregunta de fondo no es solamente cuándo desaparecerá la Usicamm, sino quién tendrá el poder de decidir qué viene después. Y en esa respuesta se juega buena parte del futuro de la relación entre el Estado, las corrientes sindicales y la educación básica en México.
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