Hablar de prejuicios y conservadurismo como causas del incremento de las infecciones de transmisión sexual es tan inexacto como seguir diciendo que a los bebés los trae la cigüeña. Esa época ya pasó. Hoy existe información abundante sobre sexualidad, métodos de protección, pruebas diagnósticas y tratamientos. Lo que parece escasear no es información, sino voluntad para reconocer que las decisiones personales también producen consecuencias.
Un artículo reciente de Diana Oliva, publicado por Excélsior el 5 de agosto de 2026, advierte sobre un “repunte invisible” de infecciones de transmisión sexual en México.
Menciona sífilis, VIH, gonorrea, tricomoniasis, virus del papiloma humano y otras afecciones. Según el texto, la población de entre 20 y 39 años concentra el mayor número de casos. Hasta ahí, el asunto merece atención. Sin embargo, pronto aparece el lenguaje habitual: prejuicios sociales, estigmas, falsa confianza y la necesidad de adoptar una visión positiva de la sexualidad “impulsada por el placer responsable”.
Las palabras suenan modernas, tolerantes y hasta perfumadas. El problema es que no explican gran cosa.
El artículo no menciona expresamente a las personas conservadoras, pero su enfoque deja flotando la vieja insinuación de que los criterios morales dificultan la prevención. Pareciera que hablar de fidelidad, dominio propio, abstinencia o reducción del número de parejas constituye una intromisión religiosa dentro de la salud pública. En cambio, “placer responsable” se presenta como fórmula científica, aunque nadie se tome la molestia de explicar qué significa exactamente.
El placer no es un método sanitario. “Responsable” tampoco es una vacuna.
Es verdad que existen prejuicios contra quienes viven con VIH o alguna otra ITS. No debe suponerse que toda persona infectada fue promiscua, ni tratarla como una amenaza social. Algunas infecciones pueden adquirirse dentro de una relación formal por el engaño de la pareja; otras se transmiten durante el embarazo, el parto, por sangre contaminada o mediante agujas compartidas. El enfermo necesita diagnóstico, tratamiento, confidencialidad y respeto, no una piedra en la mano de algún fariseo improvisado.
Pero combatir la discriminación no exige borrar las conductas de riesgo. Una cosa es no condenar a la persona y otra muy distinta fingir que todas las prácticas ofrecen el mismo nivel de seguridad. Tener múltiples parejas, sostener relaciones simultáneas y mantener encuentros sexuales sin protección aumenta la probabilidad de infección. Los microorganismos no preguntan por la orientación política, la religión o el nivel de tolerancia del huésped. Aprovechan la oportunidad. Son muy inclusivos.
Por eso resulta injusto levantar el dedo flamígero contra quienes deciden vivir conforme a una moral exigente. La fidelidad mutua, el dominio propio y la abstinencia no constituyen prejuicios sanitarios; son decisiones personales que reducen o eliminan determinadas exposiciones.
La propia Organización Mundial de la Salud incluye entre las medidas preventivas la reducción del número de parejas, la abstinencia, las pruebas diagnósticas y el tratamiento.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también reconocen la monogamia mutua con una pareja examinada, junto con el uso correcto del preservativo, la vacunación y las pruebas periódicas. Ergo, los conservadores serían un grupo no de alto riesgo. Aunque nunca se sabe.
Así que presentar la moral conservadora como enemiga de la salud no solamente es ideológico: contradice parte de la evidencia utilizada por los propios organismos sanitarios.
También debemos evitar la trampa contraria. No toda persona que contrae una ITS carece de valores, ni basta predicar continencia para construir una política pública. Las autoridades tienen responsabilidades concretas: presentar estadísticas comparables, identificar grupos y conductas de mayor riesgo, facilitar pruebas confidenciales, asegurar tratamientos, rastrear contactos cuando sea procedente, ampliar la vacunación contra el VPH y la hepatitis B, y explicar con claridad los alcances y limitaciones del preservativo.
Sobre todo, deben decir la verdad completa.
Una campaña sin sesgos debe ofrecer todas las alternativas preventivas: abstinencia, fidelidad mutua entre personas sin infección, reducción del número de parejas, uso correcto y constante del preservativo, vacunación, pruebas oportunas, comunicación honesta con la pareja y tratamiento simultáneo cuando exista una infección. Cada opción tiene distintos grados de eficacia. Ocultarlo para no incomodar sensibilidades sería tan irresponsable como ocultar los riesgos del tabaquismo para no estigmatizar al fumador.
La prevención tampoco puede descansar solamente en repartir preservativos y acuñar expresiones seductoras. Debe medirse. La autoridad tendría que publicar metas anuales, tasas por cada cien mil habitantes, número de pruebas practicadas, diagnósticos tardíos, disponibilidad de medicamentos y resultados por estado y grupo de edad. Si las infecciones aumentan, deberá corregir la estrategia en vez de culpar a una sociedad supuestamente prejuiciosa.
Respeto al enfermo, información para todos y responsabilidad para cada persona. Esas pueden ser las bases de una campaña verdaderamente incluyente. Sin sermones ideológicos desde el progresismo, pero también sin condenas personales desde el conservadurismo.
La dignidad humana obliga a atender a quien se infectó. La honestidad obliga a reconocer cómo se transmite la infección y qué decisiones reducen el riesgo.
Guardar silencio sobre cualquiera de las dos cosas no es tolerancia ni moralidad: es incapacidad disfrazada de discurso. Ahí, el meollo del asunto.
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